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Chiles en nogada

Inseguridad: el problema no está en los militares sino en los delincuentes

El problema de la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno lopezobradorista ha radicado en la ausencia de un método y de un enfoque organizado e integral sobre la inseguridad.

Desde la victoria electoral de julio del año pasado hasta la designación del comandante operativo de la Guardia Nacional el tema central ha estado en la participación de los militares sin entender tres cosas: los militares han sido apoyo, la inseguridad está las organizaciones delincuenciales y el fondo de la crisis se ubica en el fracaso de los cuerpos policiacos y judiciales para combatir los delitos.

Paradójicamente el replanteamiento de la estrategia de seguridad se ha centrado en el acotamiento a la participación de los militares en labores de apoyo a la seguridad pública y nada –pero nada de nada– se ha hecho para reorganizar a fondo los cuerpos policiacos estatales y municipales y las estructuras porosas de impartición de justicia.

A la nueva estrategia le falta un diagnóstico del estado en que se encuentra la inseguridad pública en México. Dicen –sólo como dichos– que luego de la Guardia vendría un programa urgente para depurar los cuerpos policiacos estatales y municipales, pero los datos no cuadran: existen más o menos 450 mil efectivos en policías estatales y municipales, de los cuales el 80 por ciento no ha sido capacitado y siguen cobrando salarios menores a los sobornos que pagan las bandas de delincuentes. Poner orden ahí exigiría presupuestos de gasto que sencillamente no existen.

Luego tendría que venir un reordenamiento de ministerios públicos y jueces, pero tendría que ser decisión del poder judicial autónomo. Por si fuera poco, uno de los nidos de la criminalidad se localiza en los penales que hoy, en su mayoría, están controlados por delincuentes en formas aceptadas de autogobiernos; es decir, las cárceles son extensiones reconocidas, avaladas y aceptadas de las propias organizaciones criminales.

Por lo tanto, puede decirse que la participación reorganizada y con mayores controles de miembros de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en la estrategia nacional sería el menor de los problemas. Lo que se designa de manera despectiva como «militarización» no es sino el reconocimiento que la seguridad pública (la policiaca) ha pasado a ser un tema de seguridad interior que tiene que ver con la afectación del Estado, de la sociedad y de la soberanía territorial del Estado ante bandas criminales que están asumiendo formas de gobierno en comunidades de la república.

A partir del fracaso de las organizaciones policiacas desde la corrupción de la Dirección Federal de Seguridad en 1983-1985 hasta la Policía Federal y la Gendarmería, la seguridad dejó de ser un tema policiaco de policías y ladrones para asumir las circunstancias de bandas criminales desplazando al gobierno y al Estado en zonas territoriales y tomando el control.

En este sentido, la militarización no es sino el punto en el que la doctrina de defensa nacional –la soberanía del Estado– tiene que aplicarse en la formación de nuevos cuerpos policiacos. Cualquier diagnóstico de la criminalidad en México debiera partir del hecho de que los delincuentes no son carteristas de los años cincuenta, sino verdaderas estructuras organizadas con capacidad económica y acopio de armas letales superiores a las policiacas y en algunos casos similares a las que usan los militares.

El tema de los derechos humanos es importante. Y no porque lo hayan descubierto los funcionarios que ganaron las elecciones el julio pasado, sino porque forma parte de la nueva doctrina constitucional con las reformas del 2011 que redefinió la Constitución como una Constitución de derechos humanos. Pero los derechos humanos tienen que ver con la aplicación de la fuerza del Estado ante organizaciones delincuenciales, no con el acotamiento de la funcionalidad de los cuerpos de seguridad. En quejas presentadas, el principal violador de los derechos humanos es el Instituto Mexicano del Seguro Social y las recomendaciones contra abusos de fuerza en operativos de seguridad no pasa de un centenar.

Los mandos civiles en los cuerpos de seguridad hasta la Gendarmería han sido incapaces de abatir la inseguridad y de organizar una policía eficaz. Aunque quisiera, la Guardia Nacional no será un batallón militar porque su función será combatir a los delincuentes. El problema podría estar en ponerle candados a la nueva Guardia Nacional para evitar abusos, pero al mismo tiempo dejarla inmovilizada ante la escalada de violencia criminal.

Zona Zero

· El secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ha quedado atrapado en el fuego cruzado de las justificaciones oficiales contra las críticas al mantenimiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Y el acoso seguirá en tanto el gobierno federal lopezobradorista no reorganice el tema con la urgente Ley de Seguridad Interior.

· Acostumbrados a las suspicacias, altos mandos militares no dejan ocultar su extrañeza por la forma en que se refieren a la militarización en algunos sectores sociales como sinónimo de represión y en la insistencia en firmar convenios a diestra y siniestra para respetar los derechos humanos. El problema radica en que los convenios internacionales sobre derechos humanos disminuyan la eficacia de la Guardia en la persecución del delito.

· El aumento en la inseguridad en los primeros meses del gobierno actual puede explicarse por el repliegue de las fuerzas de seguridad a la espera de que los capos de las grandes organizaciones delincuenciales pacten una paz. Sin embargo, basta que una organización se niegue a hacerlo para que el modelo deje de funcionar. Y ese grupo en expansión es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

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Sobre Carlos Ramírez

Carlos Ramírez
Periodista desde 1972, Mtro. en Ciencias Políticas (BUAP), autor de la columna “Indicador Político” desde 1990. Director de la Revista Indicador Político. Ha sido profesor universitario y coordinador de diplomados. Cuenta con diversos reconocimientos por su labor y trayectoria periodística y su columna se publica en 24 entidades del país.
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