Socios de la empresa Articulados de Puebla, que operaban la línea 1 de RUTA, se manifestaron frente a Casa Aguayo para exigir el pago de 400 millones de pesos de su inversión luego de que un juez falló a su favor para recuperar el manejo del transporte.
“Llevamos 67 meses de litigio y siempre tomando un camino lógico dentro de las sentencias ganadas a favor y ya tenemos hambre. Hambre de justicia en donde la justicia debe ser pronta y expedita” decía una de las lonas con las que se apostaron frente a la sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Recordaron que en el fidecomiso de la Sociedad Promotora de Inversión (SAPI) suman 196 concesionarios con 500 unidades, de las que 40 por ciento está en buenas condiciones, mientras que el resto, en corralones por falta de mantenimiento, pues en 2014 fueron desplazados por el gobierno de entonces Rafael Moreno Valle.
Uno de los socios aseguró que el compromiso asumido por el gobierno estatal era pagarles 6 mil pesos el primer año, y después 10 mil pesos, por cada concesión al mes, pero no se ha cumplido y Carreteras de Cuota, en la que recayó el servicio y depende de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT), adeuda 400 millones de pesos.
Indicó que esperan que este gobierno, encabezado por Guillermo Pacheco Pulido, les resuelva pues no ven avances pese a que jueces federales les han dado la razón.
En agosto de 2018, Óscar Ruiz Clara, representante legal del nuevo consejo que encabeza Juan Cervantes Hernández, señaló que el juicio asentado en el expediente 443/2015, lleva 3 años y aunque su cliente ha ganado varios de los recursos, la parte contraria sigue frenando la ejecución de la sentencia.
Y es que los exconcesionarios están divididos en dos grupos: uno que preside Juan Cervantes Hernández, quien representa a 150 socios de los 192 en total, y otro dirigido por Miguel Ángel Aceves Mendoza, a quien la mayoría de los implicados acusan de fraude por no entregarles las ganancias prometidas inicialmente en el proyecto.