Un juez de Estados Unidos prohibió a la administración del presidente Donald Trump obligar a los migrantes centroamericanos que buscan refugio por persecución a esperar en México durante meses o incluso años mientras se procesan sus solicitudes.
El fallo de este lunes es el último revés para el magnate en su cruzada para frenar la inmigración y entraría en vigencia este viernes, según lo dispuesto por el juez federal de distrito Richard Seeborg en San Francisco; las políticas del mandatario han sido repetidamente bloqueadas desde que asumió el cargo en enero de 2017.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 1 de abril, mientras Trump amenazaba con cerrar la frontera sur, que estaba ampliando su impulso para enviar a los migrantes de regreso a México, dado que los agentes de la patrulla fronteriza enfrentaban un aumento en los cruces ilegales.
El desafío legal fue liderado por American Civil Liberties Union (ACLU), que argumentó que someter a los inmigrantes a largas esperas en México los pondría en riesgo de ser secuestrados, asaltados sexualmente o asesinados.
El gobierno argumentó que su política estaba permitida por la ley federal de inmigración y que los tribunales no podían ponerla en duda, ante lo cual el Departamento de Justicia sostuvo que el Congreso le otorgó al presidente una amplia autoridad para limitar la inmigración, como la prohibición de viajes a personas de varios países, en su mayoría musulmanes.
Seeborg estableció que esta política carece de “protecciones contra los extranjeros que son devueltos a lugares donde enfrentan riesgos indebidos para sus vidas o su libertad”, y confirmó que los individuos representados por la ACLU mostraron evidencia suficiente de la violencia extrema que sufren en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, y “el temor a violencia futura en México”.
En diciembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que México no se convertirá en un “tercer país seguro” para migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos mientras este país tramita sus solicitudes de asilo.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
