Tras dos semanas de protestas y retrasos, las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de dictamen de la nueva reforma educativa y le pasaron una copia a la CNTE para conocer su opinión.
En sesión de este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el documento quedó avalado con 48 votos a favor, nueve abstenciones y tres en contra; estos últimos, de diputados morenistas ligados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Lo anterior, pese a que maestros de la sección 22 de la CNTE mantienen bloqueados algunos de los accesos al recinto, pero suficientes legisladores logaron entrar para formar quórum y aprobar las reformas, por lo que estas pasarán al pleno este jueves.
De acuerdo con el dictamen, se agrega el artículo XVI Transitorio, que contiene la garantía de que los derechos laborales de los maestros quedarán garantizados en el Apartado B del artículo 123 constitucional.
A partir de la entrada en vigor del decreto, se abrogará la Ley General del Servicio Profesional Docente y las disposiciones contenidas en leyes secundarias, así como los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al decreto.
De esta manera, la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes, directivos y supervisores se regirán ahora por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Evaluación sin afectar plazas y formación
El documento enfatiza la demanda de que la evaluación no pondrá en riesgo las plazas de maestros, mientras que la selección de nuevos integrantes del sistema se realizará a través de procesos de selección “a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones”.
Establece que, hasta que el Congreso de la Unión expida la ley del sistema, queda suspendida cualquier evaluación.
Asimismo, contempla la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
