Cartas a Gracia

Acuso recibo de la respuesta a la carta que te enviara el lunes 19 de marzo. Resaltas la inconformidad que, en maestras y maestros, ha causado el proyecto de decreto atribuido a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Educación, y me compartes, el plan de acción, incluido calendario de actividades, mediante el que la CNTE externará su desconcierto en protesta por la permanencia (párrafo 7) de las evaluaciones de “admisión, promoción y reconocimiento” a las que sujetarán al personal docente y directivo; en tanto que en este contexto, el Diputado Federal Azaél Santiago Chepi miembro de la CNTE, llama a sus compañeros a la serenidad y a valorar el cumplimiento de la promesa que les hiciera el excandidato presidencial de Morena, quien con su iniciativa de reforma, propone la restitución de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la educación; entre ellos el de la definitivitad en la plaza de trabajo y la recontratación de las y los docentes cesados.

Hoy concluyo con la revisión del dictamen y de él, podría comentar algunas particularidades: en el inciso c) de la fracción II, las comisiones unidas adicionan la palabra naturaleza (respeto por la naturaleza, la diversidad cultural); mantienen la abrogación del inciso d) que propusiera la iniciativa del ejecutivo federal que elimina la referencia a la definición del término calidad de la reforma 2013, y modifica el inciso e) estableciendo como obligación adicional para el Estado que “en las escuelas de educación básica de alta marginación” se impulsen acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario y se respalde a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social, promoviendo el acceso de los adultos en condiciones de rezago, a la educación en todos sus niveles; los incisos del f) al h) refieren características de inclusividad, interculturalidad, integralidad, y en el i) definen el concepto Excelencia, “entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”, coincidiendo el Máximo logro con el 3º vigente, cambiando el término “académico” por “aprendizaje”.

Pervive la derogación de la fracción III del artículo 3º constitucional que contemplase la iniciativa del 12 de diciembre pasado Gracia, con el sambenito de ubicar la reserva de planes y programas aderezándole la rectoría de la educación (párrafo 1), a la redacción del párrafo octavo y del dictamen del artículo 3º, lo mismo que la persistencia de las evaluaciones de ingreso, promoción y reconocimiento (párrafo 5). La fracción IV conserva la máxima propuesta por Ávila Camacho: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”; lo mismo que replica el derecho a la educación vinculándolo con la responsabilidad para que los padres o tutores vigilen la asistencia de sus hijos a la escuela y la promoción de la inclusión de los jóvenes a la educación superior. La propuesta de diputadas y diputados plantea la modificación que de la fracción V se hiciese el 12 de diciembre del 2018, incorporando una aspiración más: el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y remite la reserva de planes y programas al texto introductorio del 3º planteado en la propuesta de dictamen.

Las restricciones impuestas a los particulares para obtener (o retirar) reconocimientos de validez oficial de estudios, esbozados en la reforma de 1934, subsisten en la propuesta de dictamen Gracia, condicionados al “apego a los mismos fines y criterios” que en adelante establecen “el párrafo cuarto y la fracción II”. Como te comenté la semana pasada, las y los Diputados de la comisiones unidas reinsertan la fracción VII respetando la autonomía de las universidades e Instituciones de Educación Superior a las que se les concede ese rango. En el proyecto de dictamen se contempla de manera adicional una nueva fracción, la X, mediante la que se reconoce que “la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado”, no obstante las oportunidades de acceso se restringen “al cumplimiento de los requisitos solicitados” por las instituciones que brinden ese servicio público; aunque en el artículo decimocuarto transitorio se prevé que para “dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, otorgarán los recursos presupuestarios que requieran entidades y federación y contemplan la posibilidad de otorgar de manera especial, recursos crecientes” y plurianuales.

La modificación propuesta al artículo 31 de la constitución cambia la frase “hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas” por ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas; reconociendo de ésta manera que padres y madres de familia carecen de autoridad formal para obligar a sus hijas e hijos mayores de edad, asistan a las universidades y la limita a la obligatoria, responsabilizándolos –también- de la revisión del progreso y desempeño de sus vástagos.

Ante el inventario de lo esbozado en el proyecto de dictamen, la CNTE protesta Gracia, y más, cuando percibe que los cambios anunciados no son los prometidos. Sin embargo, la respuesta a sus demandas podría encontrarse en los 14 artículos transitorios. El segundo transitorio deroga “todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias” y, de manera clara, deja sin efectos “los reglamentos, acuerdos, y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto”; suspende a partir del día siguiente de su publicación, “cualquier evaluación” y de manera clara y expresa, señala el respeto irrestricto (palabra no incluida en el texto) a los derechos adquiridos de las y los maestros, “los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación”. Provisionalmente, la sección 22 del SNTE-CNTE, tras una plática con funcionarios públicos y la Diputada presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, se retira para evaluar en las escuelas “letra por letra, palabra por palabra”, el contenido de un proyecto que definirá el curso de su vida laboral.

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