En México, hay 292 periodistas y 498 defensores de derechos humanos en el mecanismo de protección del Estado; no obstante, la seguridad es provista por una empresa privada y se han denunciado deficiencias, el gobierno federal busca asumir el control.
Así lo dio a conocer este lunes Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación federal, quien señaló que, de las 790 personas inscritas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la mayor parte proviene de la Ciudad de México (17 por ciento), Veracruz (9.6 por ciento), Guerrero (9 por ciento) y otras seis entidades:
Refirió que el gobierno tiene reportes respecto a los botones de asistencia y la cobertura que provee la empresa encargada, cuyo nombre no especificó, además de que los beneficiarios del mecanismo no quieren que las autoridades sepan su ubicación porque desconfían de ellas.
En este sentido, ejemplificó que, de 792 botones disponibles, 209 usuarios lo tienen apagado durante más de 150 días al año, cien lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año y sólo 230 lo tienen activo de forma permanente.
Por otra parte comentó que, cuando la Junta de Gobierno del Mecanismo, revisó los planes de protección en Chihuahua detectó que existen medidas fundamentalmente reactiva, pero “no se atiende la parte preventiva no sólo de quienes están sujetos al mecanismo, sino de los periodistas o los defensores en general”.
ASF revisará fideicomiso
Ante esta situación, indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará el fideicomiso que maneja los fondos del mecanismo y que el gobierno federal buscará eliminar el “contrato ominoso” para asumir plenamente la responsabilidad, lo cual generaría un ahorro de más de 30 millones de pesos que de canalizan a la empresa.
No obstante, remarcó que los servicios privados se mantendrán en tanto se resuelva la asunción de la protección por parte del Estado, los servicios privados se mantendrán “bajo un mecanismo de control y fiscalización mucho más directo”, por lo delicado e importante de estos servicios de protección a la vida e integridad de los usuarios.
Detalló que personal capacitado por Policía Federal y la Sedena reemplazará a los escoltas privados que protegen a los beneficiarios del mecanismo.
Además, se están reforzando los mecanismos de cooperación entre los órganos locales y el federal y vamos a dar un paso importante.
En cuanto a la prevención de riesgos, el funcionario aseguró que se están “analizando distintos instrumentos que nos permitan, a partir del análisis de redes abiertas, de fuentes abiertas de información, identificar cuando se vaya a generar una situación de riesgo a cualquier periodista o defensor de derechos humanos”.
