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martes, septiembre 29, 2020
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Leyes al vapor no funcionan y el PES apela a lo anticonstitucional

Detrás de la Operación Berlín

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que se ha publicado y documentado que desde una casona en Coyoacán, tres empresarios que pertenecen al Consejo Mexicano de Negocios financiaron la elaboración de materiales para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la presidencia. Los empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo, que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la gubernatura del Estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez, compañero de páginas en El Financiero, y que durante largo tiempo fue editor de la revista Letras Libres, que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze. La semana pasada Eje Central –de donde quien esto escribe es socio–, publicó un reportaje titulado “Operación Berlín: conjura Anti AMLO”, que daba cuenta del trabajo realizado, que provocó reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición, citado en el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con el trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada ilegal en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender cómo opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.

El reportaje coincidió con una dinámica que traía su propia velocidad dentro de la Presidencia, y tomó rutas perniciosas. El día que apareció “Operación Berlín”, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional, que estaban investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, el financiamiento de ‘campañas negras’ contra el candidato López Obrador, y eventualmente lavado de dinero.

Nieto hizo pública una red de vínculos de empresas e individuos para anticipar que se procedería legalmente contra los responsables de esa campaña, citando a los empresarios que había identificado el reportaje como quienes financiaron el trabajo periodístico y de propaganda contra López Obrador. Nieto replicó lo que había hecho un mes antes contra el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, donde en respuesta a comentarios sobre las ternas presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano autónomo, lo acusó de conflictos de interés y, a sus familiares, de lavado de dinero.

En ambos casos se puede argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la presunción de inocencia, al revelar detalles de transacciones bancarias que transgredieron la secrecía financiera que exigen las instituciones internacionales. Darlas a conocer, junto con la identificación de las personas a las cuales está investigando, rompe con el debido proceso y, en un país de leyes, tendría no sólo que anularse cualquier juicio que se emprenda contra individuos y empresas por esa causa, sino que debería fincársele un proceso legal en la Fiscalía por infringir la ley. Nieto se escudó en la eventual violación de las leyes electorales para defenderse de que lo que está buscando el gobierno que representa es una censura o, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, una previa censura de la libertad de expresión.

Esta línea de pensamiento se liga con lo que sucedió con la secuela de “Operación Berlín”. El énfasis en la crítica y denuncia –en algunos casos– no fue contra quienes pagaron las campañas o quienes la desarrollaron, sino contra Krauze. Su principal acusador es Ricardo Sevilla, uno de los principales manufactureros de la propaganda contra López Obrador, la fuente principal del reportaje que se mantuvo anónimo hasta que él reveló su identidad en un texto que entregó al portal Aristegui Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de la conjura. El historiador, que ha sido el único objeto de crítica y denuesto, considera que es víctima de un linchamiento mediático, lo que, si se revisa el comportamiento de las consecuencias de las revelaciones, tienen sentido.

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¿Qué quiere AMLO con la revocación del mandato?

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que hay respuestas que son obvias a esta pregunta. La primera es hacer campaña en 2021 durante la elección intermedia. Es una cosa que le gusta mucho a Andrés Manuel López Obrador y que hace muy bien. Se trata de un político “todo terreno” que le encanta arengar desde la plaza pública. Ya logró su sueño de llegar a la Presidencia y, sin embargo, sigue haciendo campaña todo el tiempo. Así continuará hasta que pueda. Se rehúsa a aceptar que su última campaña electoral, de su larga carrera, fue la del año pasado. Quiere otra.

Más allá del gusto por hacer campaña, el Presidente pretende estar en la boleta para ser la figura central de la elección intermedia y, con el poder del Ejecutivo federal, influir para que su partido, Morena, gane todo lo que pueda ese año. En juego estarán 300 diputaciones federales por distritos, 200 de representación proporcional, 13 gubernaturas y cientos de presidencias municipales. La idea es que haya un efecto arrastre como hubo en 2018: que el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador se traduzca en votos favorables para Morena en las otras elecciones.

El Presidente requiere mantener el gran apoyo que ya tiene hoy en la Cámara de Diputados. Gracias a los resultados electorales de 2018 y la política de alianzas que ha establecido Morena con otros partidos, cuenta con dos tercios de los votos, es decir, la mayoría calificada para reformar la Constitución.

La operación electoral, además, estará dirigida a ganar todo el terreno posible en estados y municipios. Debido a su juventud como partido, Morena y sus aliados sólo gobiernan cinco de los 32 estados de la República en la actualidad. El objetivo sería controlar, para 2021, la mayoría de los gobiernos estatales.

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Todo esto es obvio. Ahora entro al terreno de lo especulativo. ¿Para qué quiere Andrés Manuel López Obrador amasar aún más poder del que actualmente tiene?

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El PES muere por el bolsillo

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que sin memoria no hay olvido. Florestán

A finales de 2017, el Partido Encuentro Social, PES, iría aliado con el PRI, Verde y Panal, llevando como candidato presidencial a José Antonio Meade. Pero una noche hubo un desencuentro en Los Pinos y se planteó que fuera solo, lo que encargaron a Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo que él podía operar la alianza, pero que si lo dejaban suelto no podría impedir que se fuera, como se fue, con Morena y el PT, y así, por el efecto López Obrador, logró lo inimaginable: 56 diputados federales y ocho senadores.

Pero en ninguna de las tres elecciones federales, presidencial, senadores ni diputados, logró el 3 por ciento de los votos emitidos que marca la Constitución como elemento esencial para que un partido mantenga su registro, que le revocó el INE.

El PES operó para salvarse hasta que se encontró con la buena voluntad interpretativa de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, quien elaboró un proyecto para darle la vuelta a la Constitución y mantenerles el registro.

El magistrado De la Mata basa su proyecto no en el requisito legal del 3 por ciento, lo que además de una aberración es un delito, sino en una personalísima interpretación de un nuevo elemento no contemplado en la Constitución: el número de diputados y senadores que logró el PES.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y el coordinador de los delegados federales, Gabriel García, están en falta con el Presidente porque nada más no pueden terminar con el censo para entregar los programas sociales y en algunos casos, como las pensiones a personas con discapacidad, no se ve el avance esperado.

Parece que los delegados federales no se tomaron tan en serio eso de que los programas sociales son la base del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ayer, en la reunión de gabinete, hubo jalón de orejas.

QUE en la Mesa Directiva del Senado acusan al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, de “hacer al vapor y a las prisas” las leyes que le pide el Presidente, toda vez que a la minuta de revocación de mandato le volaron los artículos 81, 83 y 116 de la Constitución, lo que hace improcedente su discusión y aprobación.

Por ello, una vez más dicen que será su par, Ricardo Monreal, y los senadores de otros partidos los que le corregirán la plana.

QUE la comisión especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en Puebla ya prepara un encuentro con el fiscal de esa entidad, Gilberto Higuera, para que comparta la información sobre el accidente en el que perdieron la vida la gobernadora, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, pues no ha entregado nada a la fecha.

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