En los debates sobre la aprobación de las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional hubo un tema que al final quedó como el principal: una nueva organización de seguridad que estuviera subordinada a las doctrinas y principios de los derechos humanos, como si los delincuentes fueran monjes franciscanos.
Ninguno de los legisladores se tomó la molestia de estar presente en un operativo real contra bandas criminales o cuando menos de entrevistar a tropa y jefes de esos operativos para entender la dinámica del choque en campos de batalla sin reglas. Y si no se trataba de darles a los nuevos policías la licencia 007 –“permiso para matar”–, cuando menos sí entender que los derechos humanos se deben atender sin disminuir la capacidad policíaca para enfrentar delincuentes.
Entre muchos, un caso pareció pasar desapercibido. El pasado 5 de marzo el comandante de la policía municipal de Ciudad Juárez, Adrián Matsumoto, fue atacado por delincuentes cuando iba con su familia en una camioneta, se bajó del vehículo desarmado y permitió que los delincuentes lo acribillaran a él y no lastimaran a su familia.
Nadie alzó un rezo por los derechos humanos del policía y sí se profundizaron las exigencias de que las fuerzas de seguridad dieran prioridad a los derechos humanos en operativos.
En los debates de la Guardia en las dos Cámaras los legisladores no hicieron su tarea. E inclusive el canciller Marcelo Ebrard Casaubón anunció acuerdos especiales con la ONU para subordinar el uso de la fuerza contra delincuentes a los derechos humanos.
Sólo que esos protocolos y límites ya existen en México y en la realidad han evitado matanzas masivas de delincuentes, a diferencia de las matanzas de bandas del crimen organizado contra civiles y de sus fosas clandestinas.
Sólo para las fuerzas armadas existen cuando menos once protocolos precisos que regulan el uso de la fuerza en operativos:
1. Manuel del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas de 2014.
2. Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del DF, de 2008.
3. Manuel para el uso de la fuerza de Gobernación y el Consejo Nacional de Seguridad.
4. Reglamento general de deberes militares de 1936.
5. Ley de disciplina del ejército y la fuerza aérea.
6. Nuevo protocolo del uso legítimo de la fuerza de 2012.
7. Seis directivas para regular uso de la fuerza de 2012 publicadas en el Diario Oficial del 23 de abril.
8. Reglamento de deberes navales del 2012.
9. Aceptación oficial de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y de la Policía Federal de las recomendaciones de la CNDH para mejorar las prácticas de seguridad en labores de seguridad pública.
10. Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
11. Y Cartilla de derechos humanos para el ejercicio y la fuerza aérea del 2015, avalada por la CNDH y distribuida en las decenas de efectivos militares y marinos en labores de apoyo a la seguridad pública.
Ningún legislador alzó la voz para decir que no se podía regular lo que y estaba regulado y que era una falta de confianza y de respeto al ejercito someterlo a regulaciones ya asumidas. Y como para equiparar fuerzas, los legisladores que debatieron y aprobaron la Guardia Nacional no emitieron nuevas leyes para elevar la penalización para particulares –los delincuentes– que usen armas no registradas, ilegales y con calibres superiores a los permitidos.
En este sentido, los efectivos de la Guardia Nacional tendrán que enfrentar a los delincuentes con la amenaza para ellos de aplicarles con severidad los protocolos de uso de la fuerza y los principios de derechos humanos, con la circunstancia agravante de que los delincuentes ya van provistos de tarjetas que contienen argumentos de respeto a sus derechos humanos, solicitud de abogado y machotes de denuncia ante las diferentes comisiones de derechos humanos.
En los hechos, las comisiones de derechos humanos han servido más a los delincuentes para impunidad que a los ciudadanos. La principal queja de ciudadanos en materia de DH es contra el Seguro Social, el ISSSTE y oficinas de trámites. En cambio, los delincuentes son los más demandantes de la protección de esas comisiones por acciones de combate y buena parte de ellos ha logrado la libertad o la reducción de penas justamente por la protección oficial.
La Guardia no debe tener licencia para matar, pero los derechos humanos no deben pueden seguir protegiendo a los delincuentes.
Zona Zero
· La apertura de los archivos del Centro de Información y Seguridad Nacional y con Fox los de la Federal de Seguridad han sido una fiesta de chismes y hasta ahora no han servido para analizar las políticas de seguridad nacional del Estado. Y hasta los académicos han caído en la tentación de expurgar tarjetas para encontrar datos aislados. Lo que hace falta es un examen de las oficinas de seguridad nacional del Estado para no cometer los mismos errores.
· En Ciudad de México parecen querer inventar el hilo negro. Mientras suben las cifras y sobre todo el impacto mediático de la violencia criminal –un rafagueado en Paseo de la Reforma, como en los tiempos de Al Capone, en el Chicago de los veintes–, el área de seguridad infla el caso de la banda Unión Tepito, detiene en forma espectacular a uno de sus jefes y luego, no sin rubor, lo libera porque no tenían un expediente criminal bien armado.
· El caso de la banda de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, sorprendió hasta las propias autoridades porque recién descubren que José Antonio Yépez Ortiz El Marro es un peligroso delincuente y criminal que se forjó al calor del huachicoleo o robo de combustible. Y ahora le toca al PAN que gobierna el estado desde 1992- Y si partimos de la tesis de que ninguna banda criminal puede existir sin el apoyo gubernamental, entonces ahí hay una pista que seguir.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
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