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lunes, septiembre 21, 2020
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¿De qué tamaño sería el sapo, y de qué tamaño la pedrada?

Cartas a Gracia

“No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague”, refrán heredado que, fácilmente, podría aplicarse a la publicación del dictamen de la iniciativa de ley que reformara tres artículos (3º, 31 y 73) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se discuten en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, que pronto se dilucidarán en una sesión plenaria para que aprobada en su totalidad o, en cada una de sus partes entre las que se encuentra la propuesta de acceso a la educación universal para los aspirantes a la educación superior, pase a la cámara revisora y continúe con el trámite legislativo. La iniciativa de modificación establece que la educación es “un derecho de toda persona para alcanzar el bienestar” y, palabras más adelante, señala que la educación “media superior y la superior serán obligatorias de conformidad con la fracción IV de este artículo”.

Sin duda, las palabras despiertan la esperanza de quienes “han sido excluidos” de un beneficio que se reflejaría en mejores condiciones de vida para quienes ostentaran un grado académico que les facilitaría el acceso a empleos mejor remunerados; aunque no fuese cierto indefectiblemente, valdría la pena hacer un ejercicio de lo que se requeriría para cumplir con una aspiración en la que el Estado se vislumbra -en la iniciativa que platicamos- solamente como promotor: “El Estado promoverá la inclusión de los jóvenes a la educación superior”, y más, cuando una decena de universidades públicas se declaran en quiebra.

¿De qué estaríamos hablando Gracia? ¿De qué tamaño sería el sapo y de qué tamaño la pedrada? Estudios y apreciaciones elaboradas por investigadores de la situación que guarda la educación superior y por burócratas universitarios coinciden: un o una estudiante de educación superior costaría alrededor de 125 mil pesos anuales en una institución autónoma, descentralizada o dependiente directa de la SEP, tales como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Nacional Autónoma de México; las que integran al sistema de la Universidad Tecnológica de México; las universidades autónomas de las entidades, en tanto que en algunas otras de financiamiento privado, el costo oscilan entre los 400 mil pesos anuales (Universidad del Valle de México, por ejemplo) y otras que cuestan 1 millón de pesos o lo superan (ITESO, IBERO, Universidad Panamericana, Tecnológico de Monterrey). El mercado de la educación superior cuenta también con un sector de instituciones de financiamiento privado cuyas colegiaturas mensuales se encuentran por debajo de los 50 mil pesos.

Las cantidades individuales deberían multiplicarse por el número de estudiantes que se pretendería, ingresaran al sistema de educación superior en cuales quiera de sus tres ofertas. De acuerdo a la publicación “Principales cifras, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos” de la SEP, cursaron educación superior incluidos los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado en 2017, un total de 3 864 995 jóvenes; 1 de cada 3 de quienes podrían asistir a una Institución de Educación Superior, en el mejor de los casos, o 1 de cada 6 de quienes se encuentran en un rango de edad de entre los 18 y 29 años, 23 711 87 jóvenesy que podrían hacerlo, según se deriva de la información proporcionada por el Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones elaborado por el tan cuestionado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La demanda potencial de educación se ampliaría a 42 730 394 personas tratándose de mayores a los 30 años y más, quienes se encuentren en condición de rezago escolar para el nivel del que te comparto información Gracia.

El sapo es muy grande y la pedrada deberá estar en consonancia y más, si se considera que México quiere alcanzar estándares de cobertura educativa de educación superior similares a los que muestran los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Anuies considera que para lograr la tasa de cobertura propuesta, se requeriría la apertura de “257 mil nuevos espacios cada año, cifra superior en alrededor de 55 mil al aumento logrado en los últimos 3 ciclos anteriores”, con un costo adicional estimado cercano a los 7 mil millones de pesos anuales, que incluirían los requeridos para ampliar la infraestructura educativa y contratar a una planta docente adicional.

La aspiración para lograr la educación universal en la educación superior propuesta en la iniciativa firmada por el titular del ejecutivo federal, requiere de estrategias innovadoras que dejen de lado ocurrencias esgrimidas por algunos actores del que-hacer educativo. Creer que sobreexplotando al personal docente de tiempo completo, adicionándoles una sobre carga de trabajo que implica impartir un mayor número de asignaturas diferentes y más horas clase semana-mes frente a grupo a un creciente número de estudiantes, sería ignorar que las autoridades universitarias del sistema descentralizado y autónomo, aplican una política de productividad desde hace algunos años que somete a las y los académicos al cumplimiento de parámetros que no incluyen la preparación de las clases a impartir y tampoco la corrección de trabajos y exámenes que deben realizarse en casa; robándole horas al descanso y a la recuperación de la fuerza de trabajo.

Pero el sapo puede crecer Gracia y la piedra que se requiera será mayor, si se toma en consideración que a más del déficit por casi 19 mmdp que padecen las universidades autónomas, más el boquete financiero que significaría el dejar de lado gran parte de los ingresos propios de muchas instituciones (calculado por Jaime Valls en 13 mmdp) debido al principio de gratuidad y los requeridos para aceptar a los rechazados calculados en 7 mmdp; cifras que sumarían un total 39 mmdp, sin contar la inversión requerida para el proyecto del sistema de educación superior Benito Juárez y, el que requeriría la absorción del 1.5 millónes de alumnas(os) que asisten a Instituciones de Educación Superior con financiamiento privado. Requieren realismo presupuestal si quieren realmente cumplir con las aspiraciones generadas por la iniciativa que discuten en la Cámara de Diputados.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

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