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domingo, septiembre 20, 2020
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Guanajuato es “zona de guerra” y Morena busca frenar a las calificadoras

Déjà vu en Santa Rosa

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que la rebelión de los criminales está en curso en Guanajuato. Esta semana, en respuesta a un operativo militar en Santa Rosa de Lima, movilizaron gente para bloquear carreteras y quemar vehículos en la zona de El Bajío que se conoce como ‘el triángulo rojo del huachicol’, igual a como se denominan los siete municipios poblanos donde se da el mayor robo de combustible del país. El operativo militar debió haber comenzado hace una semana, pero los soldados no pudieron entrar a esa comunidad que ha sido el epicentro de una lucha entre dos líderes de bandas delincuenciales.

Las unidades militares entraron finalmente a una zona de guerra entre el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, apodado El Marro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere arrebatarles el negocio del huachicol en la región. Decenas de muertes ha causado este enfrentamiento, que desestabiliza una zona que en los últimos años se había caracterizado por su creciente desarrollo en un corredor industrial detonado por inversiones extranjeras. El episodio es un déjà vu de lo que sucedía hace 15 años, cuando los criminales tenían control territorial en varias partes del país. Sin embargo, hoy se ha agravado.

En el gobierno del presidente Vicente Fox los cárteles de Sinaloa, Milenio y Del Golfo tenían control territorial en casi 100 municipios. Pocos, en el comparativo municipal con el país, pero demasiado. El control era absoluto. Tenían en sus nóminas o amenazados a los alcaldes, a sus secretarios de Finanzas y de Obras, el de Seguridad Pública y a los jefes de policía. Pagaban protección en los estados y a jefes militares, y daban igualas a periodistas –algunos corresponsales de importantes publicaciones en la Ciudad de México–. En esos años, ninguna fuerza federal entró durante mucho tiempo a los municipios en el norte de Tamaulipas, hasta que las presiones del gobierno de Estados Unidos que querían al jefe del cártel, Osiel Cárdenas, obligaron a ir por él a sus guaridas.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya muy criticada guerra contra las drogas elevó las tasas de homicidios dolosos, se logró arrebatar a los cárteles el control territorial en el país, que tuvo un retroceso en el de Enrique Peña Nieto, cuando dejaron de combatir a los cárteles, en su primer año de gobierno. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede en los campos de guerra del narco, es lo que pasaba en la frontera tamaulipeca: ninguna fuerza federal entra hasta que es insostenible su pasividad o evidente su complicidad.

Actualmente se ha agravado el estado de cosas porque López Obrador ofreció primero una amnistía a los narcotraficantes, lo que les permitió operar con mayor libertad, y luego proclamó el final de la guerra contra el narcotráfico porque, aseguró, no sirvió para nada, salvo para incrementar la violencia. Lo que desató aún no alcanzamos a medirlo en su total consecuencia. Santa Rosa de Lima no es un síntoma de lo que está pasando, sino una realidad. Una de las externalidades que ha provocado el robo de combustible en El Bajío es la cascada delincuencial provocada.

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Como me ves, te verás

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que una cosa les sale muy bien a los estadunidenses: el show. Son inigualables. No por nada es el país que inventó Hollywood. De todo hacen un espectáculo. Ahí está, por ejemplo, el reciente juicio en contra de Joaquín, El Chapo, Guzmán. La política, desde luego, no está exenta de las entretenidas exhibiciones. Así ocurrió, la semana pasada, cuando Michael Cohen compareció ante el Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes.

El personaje no tiene desperdicio. Se trata del abogado y fixer (difícil traducir este término al español, lo más cercano que encontré es “apañador”, como el que encubre, oculta o protege a alguien) de Donald Trump desde hace una década. Un individuo que pudo haber salido de la serie de Los Soprano. Además de arreglarle los problemas legales a su cliente, hacía todo tipo de trapacerías para encubrir los actos ilegales de éste. Mentía, sobornaba, amenazaba y destruía evidencias. En pocas palabras: le hacía el trabajo sucio a Trump.

El fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, lo arrestó el año pasado. Cohen, quien había dicho que se moriría en la raya defendiendo a su cliente, finalmente se declaró culpable e irá a la cárcel por tres años por haber cometido ocho delitos, incluyendo mentirle al Congreso en una comparecencia anterior.

La Cámara de Representantes, ahora controlada por los demócratas, volvió a convocar a Cohen, quien llegaba con el hándicap de ser un mentiroso. Compungido y derrotado, el fixer arribó a su cita y juró, frente a una Biblia, que ahora sí diría la verdad.

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Drama puro y duro en el discurso inicial de Cohen. Gran espectáculo. Se disculpó por haber mentido antes. “He comenzado mi sendero a la redención que restaurará la fe en mi persona y ayudará a este país a entender mejor a nuestro Presidente”. Luego se fue duro contra Trump: “Estoy avergonzado en haber encubierto los actos ilegales del señor Trump más que haber escuchado a mi propia conciencia. Estoy avergonzado porque sé quién es el señor Trump”. Caracterizó al actual Presidente como un “racista”. Recordó el coqueteo con los grupos supremacistas blancos. “Pero en privado es peor. Una vez me preguntó si podía nombrar un país gobernado por un negro que no fuera un hoyo de mierda. Esto fue cuando Barack Obama era Presidente de Estados Unidos”. Siguieron varias anécdotas sobre comentarios racistas de Trump.

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Ahora Morena va por las calificadoras

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que la ignorancia siempre sale cara. Florestán

El vocero de la bancada de Morena en el Senado, Salomón Jara, se sumó al rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a las calificadoras que han revisado a la baja la deuda y las perspectivas económicas de Pemex, CFE y una de ellas de México, y anunció que hoy presenta una iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revoque la autorización para operar en México de las agencias que atenten contra la estabilidad del país. A su decir, las que tomen decisiones que no vayan en línea con las del gobierno, como acaba de suceder con Fitch Ratings, Moody´s, Standar&Poor’s y HR Ratings.

En todos los casos, el Presidente las ha descalificado con una respuesta reiterada: Vamos bien, estamos creciendo, vamos a ser una potencia, que es lo que todos queremos, aunque no haya una sola proyección que hoy lo vea así.

Y esa tendencia la fijó por unanimidad de su Junta de Gobierno, el Banco de México, el FMI, ayer se sumó la OCDE, los analistas grupos y corporaciones financieras mexicanas y globales que, a diferencia de la respuesta oficial, no están mirando para atrás, sino hacia adelante, no les gusta lo que ven y lo dicen en aras de buscar una corrección.

Pero si se rechaza el diagnóstico, no se puede aplicar un buen tratamiento. En este escenario, el senador morenista Jara promueve que la CNBV esté obligada a decretar la revocación de la autorización de esas agencias para operar en México.

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La fiesta de Sánchez Cordero por la Guardia Nacional

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que tiene en la bolsa la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, con la aprobación de 18 congresos estatales. De hecho, nos dicen, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados adelanta que en la sesión de este jueves se realizará la declaratoria de constitucionalidad, para posteriormente notificar al Senado y que el Congreso de la Unión informe al jefe del Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, nos comentan que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene planeado esperar la votación y, por supuesto, la aprobación en los 32 congresos locales para echar las campanas al vuelo. ¿Cuál sería la fecha del festejo? El próximo martes, con el respectivo apapacho de AMLO al Poder Legislativo, nos anticipan.

La batalla por el aborto

Y acerca de las misiones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nos dicen que el gobierno federal aprovechará la celebración de mañana por el Día Internacional de la Mujer para invitar a legisladoras de todo el país para que apoyen la iniciativa de aprobar un Código Penal único que permita que el aborto sea legal en México. La tarea, nos explican, no será fácil, pues hay casos como el del Congreso de Nuevo León que ayer mismo aprobó la prohibición y criminalización del aborto. Nos explican que la legislación que protege la vida desde la concepción es altamente restrictiva. En efecto, la batalla no será sencilla.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el oaxaqueño Ulises Ruiz, aspirante a quedarse al frente del PRI, aprovechó su visita a las oficinas del CEN para poner de cabeza el cuadro de Enrique Ochoa Reza, que cuelga en el muro que reúne los retratos de la mayoría de quienes han conducido ese partido.

La lideresa Claudia Ruiz Massieu organizó la reunión para “privilegiar la unidad” en el relevo de dirigencia nacional, a la que asistieron los precandidatos Ivonne Ortega, José Narro Robles, Alejandro Moreno, José Ramón Martel y el propio ex gobernador, quienes aguardan la convocatoria a emitirse en los próximos días.

QUE en medio de la polémica por las evaluaciones de diversas calificadoras internacionales a empresas y economía mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Jes Staley, director ejecutivo de Barclays, firma de servicios financieros con sede en Londres.

La reunión a puerta cerrada fue en compañía del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en la que los anfitriones insistieron en que se alcanzará un crecimiento de 4 por ciento anual a final del sexenio.

QUE, por cierto, ya se afinan los detalles para el informe de los 100 días del Presidente, que por ahora se tiene previsto en Palacio Nacional, sin apoyos audiovisuales y con duración no mayor a 45 minutos, con tres líneas muy breves por cada tema.

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