El gobierno de Estados Unidos espió a reporteros, activistas y abogados ligados a la caravana de migrantes centroamericanos que llegó su frontera a través de México en 2018; la Secretaría de Relaciones Exteriores reprobó esta acción y exigió una explicación.
El operativo de inelegancia, realizado en el marco de la “Operación Línea Segura”, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, fue exhibido este jueves por medios de ese país, con base en documentos filtrado que contienen información de pasaportes, cuentas en redes sociales, fecha de nacimiento y otros detalles de los vigilados.
Estos datos fueron compartidos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza e incluso al Buró Federal de Investigación (FBI), lo cual habría causado que a reporteros estadounidenses se les sometiera a revisiones en la aduanas y les impidieran el paso a México para cubrir la caravana, sin que les informaran por qué razón estaban en la mira del gobierno.
Los espiados fueron al menos 10 reporteros –siete estadounidenses–, un abogado estadounidense y 47 personas de diversas nacionalidades clasificadas como “organizadores o instigadores”.
Entre ellos está Nicole Ramos, abogada de Al Otro Lado, centro legal para migrantes y refugiados en Tijuana. Su ficha incluía detalles como el tipo de auto que maneja y el nombre de su madre.
México no hace vigilancia ilegal
Ante la difusión de este operativo, el Gobierno de México, a través de la SRE, se pronunció en contra de “todo tipo de actos de espionaje ilegal hacia cualquier persona, nacional o extranjera”.
Sostuvo que el país “da la bienvenida a todos los visitantes extranjeros” y “no lleva a cabo tareas de vigilancia ilegal a personas, bajo ninguna categoría o tipo de actividad”.
Por ello, aseguró que licitará información al gobierno de los Estados Unidos por los canales oficiales para esclarecer cualquier posible caso de espionaje.
