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Suicidio por una injusticia

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que René era un niño el 19 de junio de 2016, cuando la Policía Federal, según la recomendación de la CNDH dada a conocer al año siguiente, utilizó excesiva y letalmente la fuerza en Nochixtlán, y cometió graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces responsable de ese cuerpo, Enrique Galindo, para disolver un bloqueo carretero en protesta por la reforma educativa.

Los policías federales entraron en Nochixtlán en domingo, día de plaza, y el repiqueteo de las campanas alertó de la incursión. El padre de René, como muchas otras personas que no participaban en la movilización de los maestros, vio amenazada su comunidad y salieron a defenderla. La policía arremetió sin discriminación y dispararon sus armas de alto calibre. Una bala impactó en la pierna del padre de René, que fue rescatado por su hijo y sus dos hermanos. Los federales los embistieron y jalaron por las calles a René, para coronar estrellándole sus escudos en la pierna, rompiéndosela.

El padre de René era cabeza de familia y se ganaba la vida realizando varios oficios en Nochixtlán. Pero tras el disparo nunca volvió a quedar bien. El trabajo, que requería de la fuerza de sus piernas y brazos, se vio mermado por sus incapacidades físicas y la familia entró en una crisis. La economía familiar se descompuso y la crisis económica se volvió profunda. René y sus hermanos sintieron esa presión, y contra el deseo de sus padres llegaron a la Ciudad de México hace no mucho tiempo, para trabajar y enviar el dinero de regreso a Oaxaca.

De los tres, René, el mayor, era quien más golpes recibió de los federales. Le aplicaron el Protocolo de Estambul y en prácticamente todas las pruebas salió positivo. Lo habían torturado. Fue uno de los sobrevivientes de Nochixtlán que fue incorporado al Registro Nacional de Víctimas, pero nunca recibió, como sus hermanos, ningún apoyo de contención, que es un apoyo emocional al cual tenían derecho. En ese contexto se mudó con sus hermanos a la Ciudad de México y encontraron un cuarto en donde vivir en la colonia Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El sábado pasado, al mediodía, encontraron a René colgado en su cuarto. El hijo mayor de la familia agredida en Nochixtlán se había suicidado. No dejó ninguna nota que explicara su muerte. El domingo fue trasladado a su tierra oaxaqueña, donde recibió sepelio. El suicidio de René no fue un caso aislado. Al menos tres intentos de suicidio se han registrado desde la masacre de Nochixtlán entre los sobrevivientes. No hay estudios aún sobre las razones por las que han llegado al extremo de quitarse la vida algunos de quienes fueron reprimidos hace ya casi tres años, pero ni ellos ni nadie de los agredidos por la Policía Federal, sin que la indagatoria de los hechos les hubiera hecho justicia legal, han visto resultados de la investigación.

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Cuando se abusa del poder y no pasa nada

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que a Peña Nieto le debemos que López Obrador sea hoy Presidente. Nadie trabajó con tanto ahínco para lograr este objetivo. No sólo por los graves errores y la corrupción que caracterizaron a su sexenio, sino también por haber sacado del camino, a la mala, abusando de su poder, al candidato que estaba creciendo en las encuestas, Ricardo Anaya, y que podía alcanzar al favorito, AMLO.

Desde el día uno en que tomó posesión como Presidente, López Obrador le agradeció a Peña por no haberse metido en las elecciones de 2018. Es cierto: no se metió en contra de él. Pero sí lo hizo, burda y groseramente, en contra del candidato del Frente del PAN, PRD y MC.

Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, AMLO iba arriba en las encuestas; el segundo lugar se lo estaban disputando Anaya y el candidato del PRI, José Antonio Meade. En enero, sin embargo, Anaya comenzó a crecer y despegarse. Tenía una clara tendencia al alza. Fue, entonces, en febrero, que el gobierno de Peña y el PRI comenzaron a atacarlo por la presunta compra de un terreno que luego vendió como nave industrial logrando un importante rendimiento. Con toda la mala leche posible, se filtró la noticia de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo estaba investigando por un presunto delito de lavado de dinero.

Amenazado, Anaya contraatacó prometiendo que, de ganar, metería a la cárcel a los miembros del gobierno que hubieran cometido actos de corrupción, incluyendo al presidente Peña. El enfrentamiento escaló. Hubo voces en el gobierno peñista y la campaña del PRI que recomendaron el encarcelamiento de Anaya para sacarlo definitivamente de la contienda.

No lo hicieron porque, hoy sabemos, la PGR no tenía pruebas. Todo fue una movida política para desacreditar a Anaya. Ayer, Reforma informó que la PGR exoneró al excandidato presidencial. La denuncia de presunto delito de lavado de dinero la había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que hasta noviembre de 2017 había dirigido Meade. “Fechado el 28 de noviembre de 2018 —dos días antes de que concluyera la gestión de Peña—, el expediente del caso que golpeó las aspiraciones del político queretano consignó la definitiva absolución”. Nunca existieron “datos de prueba suficientes, aun de manera circunstancial, que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. En conclusión: “Los recursos operados tienen su origen y destino en actividades lícitas, pues es claro que éstos se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario”.

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La IATA: reservas de seguridad sobre Santa Lucía

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que ya prefiero tener tranquilidad a tener razón. Florestán

Ayer hablé con Peter Cerdá, el vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó tras dar a conocer sus reservas con su sistema aeroportuario Benito-Juárez-Santa Lucía: se toman en cuenta esas recomendaciones, pero a veces esas organizaciones no actúan con la seriedad suficiente, dijo.

Cerdá no quiso engancharse y sostuvo que la IATA es una organización seria que busca mejorar las condiciones de interconectividad de México de la mano con el gobierno, pero hizo una serie de precisiones a partir de una meta de 196 millones de pasajeros aéreos en México en 20 años, que con el actual proyecto apenas serán 100 millones.

Apuntó que desgraciadamente es una pena que el nuevo gobierno haya cancelado el NAIM de Texcoco, porque iba a posicionar a México como Hub frente a Miami, Panamá y Dallas, y agregó:

a. La IATA tiene dudas sobre la infraestructura que está ofreciendo México que puede impedir el crecimiento de pasaje.

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Se quedan en EU con las ganas de oír a hijo de AMLO

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que nos comentan que quien al final del día no viajara a Washington D.C. es don José Ramón López Beltrán, primogénito del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de haberse anunciado con bombo y platillo su asistencia al seminario de Estrategias en Campañas Electorales del 2019 “Diseñando en Tiempos Modernos”, que impulsa The George Washington University y que se realizará la próxima semana en la capital estadounidense, desde este lunes su nombre ya no aparece dentro del listado de conferencistas. Al preguntar a los organizadores las razones que motivaron la salida de López Beltrán de la lista nos dijeron que “el señor José Ramón López no puede venir”. Así que los asistentes que pagarán hasta mil 800 dólares para estar en el seminario no tendrán la oportunidad de escuchar a uno de los hombres que fue pieza fundamental de la campaña que llevó a su padre a la presidencia de la República y que sumó 30 millones de votos. En fin…

“El Marro” y el alcalde de Villagrán

En medio de los operativos coordinados entre elementos federales y estatales contra el cártel de Santa Rosa de Lima, funcionarios de los dos niveles se preguntan cuál es el papel del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, de Nueva Alianza. La pregunta no es ociosa pues nos dicen que durante los operativos contra el llamado cártel de Santa Rosa de Lima, iniciados este lunes en el municipio de Villagrán, donde se asienta el grupo criminal que lidera José Antonio Yépez, alias “El Marro”, el alcalde Lara Mendoza salió a declarar que hubo excesos de las fuerzas de seguridad al meterse a las casas sin órdenes de cateo y a robar. El señalamiento de don José Antonio le valió un desmentido y una inmediata respuesta del gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue, quien le pidió poner a trabajar a sus policías municipales a favor de la ciudadanía y no de la delincuencia.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que hoy el gobierno de Italia restituirá a México 594 pinturas exvoto, aquellas creadas como agradecimiento por benevolencias recibidas, que fueron robadas al patrimonio nacional y llevadas de forma ilegal a Europa.

En la ceremonia, a efectuarse en Roma, participan Alberto Bonisoli, ministro de Patrimonio y Actividades Culturales de Italia; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de México; Diego Prieto Hernández, director del INAH, y Fabrizio Parrulli, comandante de los Carabineros.

QUE a la voz de “¡hueelum!”, el nuevo director de Canal Once, José Antonio Álvarez Lima, propuso a los “empresarios exitosos”, en especial al presidente de Iusa, Alejo Peralta, la creación de un “patronato, fundación o asociación de amigos” de la señal del Politécnico a fin de llegar a zonas donde habitan los mexicanos sin recursos para televisión de paga.

“Las alianzas entre la iniciativa privada y el gobierno son importantes en la 4T y su ayuda sería bien vista por esa población”, declaró el tlaxcalteca en la presentación del billete de Lotería por los 60 años del IPN, que dirige Mario Alberto Rodríguez Casas.

QUE un grupo de figuras públicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, entes confrontados con AMLO desde hace semanas, lanzó un videomensaje en el que le piden no eliminar los refugios para mujeres víctimas de violencia, por ser un asunto de vida o muerte, y le plantean que está en sus manos darles un espacio seguro.

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