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martes, septiembre 22, 2020
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Mártires de Barranca del Muerto

Cartas a Gracia

Los Mártires de Barranca del Muerto se asientan en un lujoso edificio ubicado en el 341 de la calle a la que hacen honor en la colonia San José Insurgentes de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Se encuentra muy cerca de las edificaciones que albergan al hospital Darío Fernández del Issste y a las oficinas administrativas del Infonavit; lejos de la algarabía, las consignas y las molestias que podrían causar(les) marchas, manifestaciones y plantones que realizan maestras y maestros afiliados a la sección 22 CNTE-SNTE de Oaxaca que exigen la abrogación total e inmediata de la reforma educativa, el cese de las “evaluaciones punitivas” que se siguen aplicando y la reinstalación de los profesores cesados.

Venturosamente para ellos, “el borlote que la CNTE” ha causado afectaciones momentáneamente a quienes viven y laboran en la ampulosa zona de Polanco o, a las que realizan actividades a lo largo de la Avenida de la Reforma o en el centro de la ciudad. Y, aunque han corrido la milla y establecieron un campamento a las afueras del Congreso de la Unión, no han logrado la reinstalación de “sus compañeros cesados” ni la suspensión de las actividades del INEE. El apoyo logrado se dio tan solo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sitio tan lejano a la capital de la República como para tomar en serio “la alerta máxima” y la declaración de “rebeldía y desobediencia” en la que se declaran, hasta en tanto el gobierno cumpla con las promesas firmadas en campaña.

Los mártires de Barranca del Muerto expresan en voz de Tere Bracho que “ellos” -el INEE- son los encargado de aplicar las “pruebas de aprendizaje internacionales”, refiriéndose a la conocida coloquialmente como prueba PISA; algunas otras como ERCE y una relacionada a la formación Cívica y Ética, ignorando que el propio Instituto reconoce que la aplicación de PISA se remontaría al año 2 000 con Miguel Limón Rojas, realizada sin necesidad de contar con un organismo obeso y burocrático y que las demás, solo son un pretexto para señalar que tienen cosas de las que ocuparse y que tan solo sirven para recordar que más vale ser cabeza de ratón que cola de león al equipararnos únicamente, con las naciones latinoamericanas.

Aunque ignoren que alabanza en boca propia es vituperio, Tere Bracho establece que, tras gastar más de 5 000 millones de pesos, han “formulado importantes recomendaciones de política pública”, refritos de lineamientos educativos de la ONU y de la Unesco copiados casi literalmente de los Objetivos del Desarrollo del Milenio-Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en poco o en nada, han mejorado las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro país. Ignorando el texto constitucional al que aluden, señalan que han “impulsado una política de evaluación para armonizarla con los temas y prioridades nacionales y estatales de política educativa”.

En el imaginario ideal, Tere señala trabajar con diferentes “colegiados de la sociedad civil” y podría ser verdad, pero nada se encuentra más lejos de la realidad. Los trabajos de gabinete realizados por los exquisitos académicos que se sacrifican por el bienestar de niñas, niños y adolescentes, poco tienen que ver con el acontecer en las escuelas, aunque hagan referencia a ella en muchos de los boletines que emiten y en los informes que rinden a las Diputadas y Diputados anualmente. Las y los docentes “elaboran y validan” sus pruebas de aprendizaje como dios les da a entender. “El Instituto autónomo se erige como el poseedor del saber, en su junta directiva no hay cupo para la visión del docente de a pie, ni aun cuando haya invertido buena parte de su vida en su formación teórico-práctica”, señalaría en una conversación Francisco Martínez Rodríguez, quien también se desempeñara como Director General Adjunto del Instituto Nacional de Evaluación.

Sin embargo, Tere Bracho y asociados insisten en no ser responsables de “aplicar en conjunto con la SEP”, una política que está plasmada en la Constitución y de la que “ellos no son responsables” y, agregan, tratando de congraciarse con la política educativa que impulsa la actual administración, que han “desarrollado programas de formación para fortalecer las capacidades de evaluación de los educandos en los estados”, sin que ninguno de ellos tenga formación docente adquirida en alguna escuela normal y haya laborado en alguna escuela de educación pública.

Entre sus chambas, expondría Tere a diputadas y diputados, se encontraría la elaboración del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones; no obstante la validez de la herramienta, se encuentra orientado a los “actores del sistema nacional de evaluación educativa” integrado por las autoridades educativas federales, locales y el propio INEE, “en quien recae su coordinación”. Francisco señala que el INNE no considera a las y los maestros de educación básica como sus pares y por lo tanto, “poco importa hablar de los problemas reales a los que se enfrentan […], son, a lo más, objetos de estudio y su práctica carece de valor ante el prejuicio de que todos los problemas de la escuela son imputables a los maestros y su organización sindical”. Cuando expidieron “lineamientos sobre las actividades de evaluación realizadas por la instancias competentes”, al gusto de sus pares, olvidaron que las y los maestros son seres humanos a quienes, en aras de lograr la calidad educativa, trataron con la punta del zapato y hoy se les revierte mediante una iniciativa de reforma al 3º constitucional. ¿Será el karma por la que los miembros de la Junta Directiva del INEE estarán expiando sus culpas?

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

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