Por Carlos Ramírez (*)
El debate sobre la aprobación de la Guardia Nacional fue muy intenso y acaparó prácticamente todos los espacios noticiosos y analíticos. Sin embargo, ahora viene la parte más difícil: reconocer que el problema de la inseguridad es un asunto de fuero común (local) y sólo los cárteles son de fueron federal.
Es decir, que la Guardia no va a incidir en los delitos locales. Las cosas, por tanto, quedarán como están: la Policía Federal y la Gendarmería y el apoyo de las fuerzas armadas estaban orientadas a delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
La iniciativa de la Guardia Nacional se operó sin una reorganización de la estrategia federal. Los delitos estatales y municipales serán responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Y ahí es donde no se ha visto una intención del gobierno federal por ayudar a la integración federal de la seguridad. A lo más que se ha llegado es al mando único, pero sin incidir en el replanteamiento de policías, justicia y cárceles en los estados.
Un dato puede ilustrar la dimensión del problema: las cifras oficiales han contabilizado 362 mil 871 homicidios dolosos en el largo periodo de veintidós años, de 1997 al 2018, un promedio de 16 mil 494 por año. Estas cifras corresponden al nivel de delitos de fuero común, es decir, estatales y municipales. Por tanto, deberían contabilizarse como responsabilidad directa de gobernadores y alcaldes.
Sin embargo, resulta que esos delitos de fuero común forman parte en su gran mayoría de conflictos entre bandas criminales que se localizan en la esfera del fuero federal. Y la realidad es que las policías estatales y municipales carecen de capacidad, entrenamiento, armamento y experiencia para combatir a cárteles federales e inclusive transnacionales, pero las autoridades federales sólo intervendrán cuando se aclare el ámbito de competencia.
Y si a ello se agrega el hecho de que la Guardia Nacional nació con más restricciones que facultades operativas, entonces la crisis de inseguridad va a empeorar porque la Policía Federal, la Gendarmería y las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública no tenían tanto acotamiento por razones de derechos humanos.
A ciegas
Aquí hemos insistido que hasta ahora la estrategia de seguridad carece de un diagnóstico preciso de las características, número y violencia de los grupos criminales. Los medios hemos estrechado en análisis al acreditarlos a la categoría de cárteles, pero éstos son agrupaciones de productores para controlar cotizaciones de precios de mercado.
Las autoridades no tienen claro el número de bandas criminales, si hay o no interrelación o acuerdos entre ellos, sus formas de operación, sus estructuras de control, la libertad de miembros de las bandas generales para crear pequeñas pandillas para cometer delitos menores en sus tiempos libres y sobre todo la cuantificación del número de delincuentes organizados en bandas agresivas.
Y la parte más importante sigue sin conocerse: las bandas que operan en escenarios geográficos precisos –por ejemplo: el Golfo, el Pacífico, Juárez– no han sido estudiadas en sus operaciones locales, su influencia en territorios dentro de un estado y sus ramificaciones con pequeñas bandas de delincuentes ya existentes y ajenos al narcotráfico.
La Guardia Nacional se aprobó como un cuerpo operativo, pero no se ha delimitado su capacidad de investigación previa a sus acciones. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública adelanta un Sistema Nacional de Inteligencia para recopilar información criminal sobre las bandas, pero hasta ahora sólo funciona el Centro Nacional de Inteligencia sobre las cenizas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), al cual el candidato López Obrador acreditaba labores de espionaje de políticos.
Hasta ahora podrían detectarse cuando menos veinte organizaciones criminales fuertes –mal llamados cárteles– que inciden en temas de seguridad interior que involucra al Estado y unas veinticinco bandas de delincuentes localizados en los espacios de la seguridad pública policiaca. Ahí se pueden calcular varias decenas de miles de delincuentes. Y si se agregan a los ciudadanos que no son delincuentes directos –no cometen delitos– sino que ayudan a los criminales como espías y vigilantes, entonces el problema de la inseguridad rebasa la centralización del problema en los grandes capos ya fuera de circulación.
La Guardia Nacional será un cuerpo operativo y de vigilancia en las calles. Pero la mayoría de los delitos que afecta directamente a los ciudadanos se cometen en el Metro, en los autobuses, en las calles y en las zonas que no se vigilan. De ahí que a la Guardia Nacional le falta el acompañamiento de policías estatales y municipales, de ministerios públicos y jueces y de cárceles que no potencien el delito al menudeo que tanto irrita al ciudadano.
Barandilla
· En la contabilidad de la Presidencia de la República sobre homicidios dolosos, la tendencia va al alza: 79.7 homicidios diario promedio en diciembre, 75.0 en enero y 84 en febrero. La mayoría de ellos han sido entre bandas criminales y muy pocos de personas ajenas al crimen.
· En el gobierno de Ciudad de México existe la instrucción de señalar que las cifras de violencia criminal es culpa del gobierno anterior, aunque hayan ocurrido en el actual. Pero el problema no es de cifras sino de aumento de robos delincuenciales que se localizan en la seguridad pública.
· Y luego de varias presiones sociales, finalmente los gobiernos de Ciudad de México y Estado de México se han visto obligados a reconocer una ola de asesinatos de mujeres por su condición de mujer, es decir, ya la noción de feminicidios. Lo grave es el aumento de agresiones contra la mujer en la capital de la república donde la jefa de gobierno y sus principales colaboradoras son mujeres.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
[email protected]
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
