El ayuntamiento de Puebla establecerá como límite entre el 3.8 y 4 por ciento del incremento salarial para los sindicatos Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, monto basado a la inflación para este año y “no se tienen la posibilidad de que sea mayor”.
Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Administración (Secad), Leonardo Rodríguez Juárez, quien indicó que ya se recibió el aplazamiento por parte del secretario General del sindicato Benito Juárez, Gonzalo Juárez Méndez, por lo que esta semana iniciarán las negociaciones.
El funcionario municipal indicó que la Comuna tiene una postura “muy razonable” basándose en lo que presupuestalmente les permita atender respecto a la demanda de los trabajadores, por lo que confió en que se llegue a un buen acuerdo, pero reconoció que la propuesta presentada por los basificados es mayor a dicha cifra.
Refirió para esta ocasión sólo se revisará el incremento al salario base, ya que el año pasado fue a las prestaciones tal y como está establecido en las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), aunque dijo que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco está considerando una mejora en estas últimas.
Manifestó que la fecha fatal para el aplazamiento a huelga es el 16 de marzo, sin embargo, afirmó que no se tiene riesgo de ello, ya que se tiene diálogo abierto con los sindicatos, además de que tomarán como referencia negociaciones de otras instituciones como la BUAP quien firmó un aumento salarial con sus trabajadores de 3.35 por ciento.
Licitarán compra de 42 vehículos
En otro tema, Rodríguez Juárez anunció que esta semana se dará el fallo para el servicio de internet inalámbrico en 500 espacios públicos del municipio por lo que resta del trienio, principalmente en juntas auxiliares para dotar de conectividad a los habitantes, algunos hasta con 100 megas de velocidad.
Además del fallo para el arrendamiento de 700 equipos de cómputo, impresión y multifuncionales para el ayuntamiento, así como de los servicios de Internet, de telefonía digital y analógica para dependencias.
De igual forma, dio a conocer que este martes se lanzó la licitación para la compra de 42 vehículos tipo Sedan se baja gama, los cuales sólo serán para uso operativo y servicios públicos, esto porque la anterior administración arrendaba las unidades y el contrato ya se terminó.
Sin embargo, explicó que igual base debe porque se analiza dar de baja 122 vehículos de los mil 200 que tiene el ayuntamiento debido a han dejado de ser funcionales, pues su mantenimiento o reparación oscila entre 38 y 40 mil pesos, lo que genera una erogación de hasta 42 millones de pesos anuales, recursos que se generaron de economías que se hicieron.
Respecto a las ventanas ciudadanas, el titular de la Secad mencionó que desde la semana pasada se encuentran conectados debido a que se hizo una adjudicación directa para que se dotara de internet a los dispositivos durante los próximos dos meses, aunque no precisó qué empresa es la que está a cargo.
Lo anterior, porque aclaró que se va hacer una nueva licitación para que se dé el servicio, pero están a la espera de que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de los requerimientos que se necesitan para dar el servicio.
Piden a Banorte explicar clonación de tarjetas
Por otra parte, junto con el coordinador de la Unidad de Transparencia, Rodrigo Santiesteban Maza que igual estuvo en la rueda de prensa, informó que Banorte ya repuso los 652 mil pesos que fueron sustraídos de las cuentas bancarias de funcionarios municipales, entre ellos regidores y Rivera Vivanco.
Rodríguez Juárez reveló que observaron un patrón de robo, pues en algunos casos se hicieron cargos en negocios de otros estados por hasta 50 mil pesos, además de dos retiros de cajeros automáticos por un monto de 8 mil y mil pesos.
Ante esto, asumió que hay un problema de control interno del banco y deslindó al ayuntamiento de Puebla, por lo que afirmó que no tuvo falla en la seguridad y en el resguardo de datos personales de los trabajadores.
Por ello, indicó que se pidió a Banorte una explicación de la clonación de las 13 tarjetas, ya que por el momento no tienen pensado cambiar de institución financiera, pero dejó en claro que dependerá de la explicación que les den.
En tanto, sobre el mismo tema, Santisteban Maza consideró que los afectados podrían interponer quejas contra la institución bancaria ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por la falta de control interno.
