En el estado de Puebla, al menos 300 personas con VIH o Sida se quedarían sin ser atendidas por el recorte presupuestal dado a conocer por el gobierno federal a las organizaciones de la sociedad civil, además de que se incrementarían los casos.
En rueda de prensa, Juan Corona Román y Onán Vázquez Chávez, de “No Dejarse es Incluirse–Vida Plena Puebla”, comentaron que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador podría generar un retroceso en la vigilancia de esta enfermedad.
Y es que, agregaron, el recurso que se ha entregado desde 2006 hasta 2018 para las convocatorias públicas de VIH apenas ha sido de 777 millones de pesos, lo cual es “mínimo” comparado con el gasto que se hace para partidos políticos y para publicidad de los gobiernos y en el caso del estado solo recibieron 80 mil pesos para las asociaciones.
Esto porque comentaron que tan sólo durante el año pasado, en Puebla, encontraron 48 nuevos enfermos con VIH y 26 con sífilis, aunado a que continúa la falta de medicamentos para este sector en las instituciones de salud y siguen los actos de discriminación.
“Es grave que en un país democrático se debilite a este sector, pero sobre todo en el tema de VIH porque quien inicia la respuesta con este problema fue la sociedad civil, además de que el trabajo que se hace con el financiamiento público no tiene fines asistencialistas”, pronunciaron.
Lo anterior, porque afirmaron que los recursos que reciben son a través de proyectos que se meten a validación, los cuales tiene un soporte técnico y que son revisados en una primea instancia por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida).
Además de que tienen tres aspectos de ejecución, revisión y control del presupuesto; el primero al someterse a validación a través de una convocatoria pública; la segunda cuando el órgano interno de control del gobierno federal hace revisión de cada una de las facuras que se emiten y, la tercera, es a través de la Auditoria Superior de la Federación (ASE).
Se daría un retroceso de 20 años
Por ello, dijeron “peso a peso” es auditado, por lo que incluso afirmaron que sin el apoyo de la sociedad civil muchas organizaciones y personas que se dedican a prevención, atención y detección no lo podrán seguir haciendo, lo cual calificaron como grave.
Reiteraron que son ocho asociaciones las que se tiene en el estado y el recorte generaría que se siga propagando el virus y se retrocedería hasta 20 años, principalmente en Puebla que es donde más se ha avanzado en combatir la enfermedad.
Además de que México tiene que cubrir los objetivos trazados a 2030 en materia de VIH y sin el apoyo de la sociedad civil no los podrá cumplir, sin embargo, con las acciones que ha emprendido se podría generar que no llegue a la meta.
“La postura que se está haciendo es solicitar al gobierno federal que recapacite, porque con este sector se pueden lograr muchas cosas, el hecho de que en México la epidemia esté concentrada y no se haya desbordado como en otros países es gracias al apoyo de la sociedad civil”, manifestaron.
Finalmente, reprocharon al gobierno estatal que no exista un presupuesto destinado para atender la problemáticas, sumado a la discriminación por parte de la sociedad, ya que tan solo en el 2018 se conocieron cinco casos con el mismo número de personas.
