La CNDH urgió a los gobiernos federal y de Guerrero que respondan las demandas para regresar a su lugar de origen a cerca de 300 víctimas de desplazamiento forzado interno de tres comunidades en dicho estado, que protestan frente al Palacio Nacional.
Señaló que su personal ha acompañado a los afectados, entre ellos 84 niños, además mujeres y personas mayores, que desde el 17 de febrero demandan condiciones de seguridad para que puedan volver a las localidades de Corredor Filo de Caballos y Casa Verde, en el municipio de Leonardo Bravo, y de Náhuatl de Tlamtempanaca, en Zitlala.
Denunció que estas personas están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad que pueden afectar gravemente su salud y alimentación, además de que han interrumpido sus actividades cotidianas y pueden enfrentar mayores riesgos de no atenderles de manera inmediata.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que sus visitadores adjuntos entrevistaron a las víctimas, quienes expresaron su necesidad de pronta respuesta de las autoridades federales para solucionar su problema, a fin de que puedan retomar su vida cotidiana en sus lugares de origen, y que la ampliación de la queja la harían por escrito para remitirla al organismo.
Recordó que desde noviembre de 2018 inició una investigación de oficio por el caso y solicitó medidas cautelares al entonces comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y a la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Guerrero para que garantizaran la seguridad de los afectados y las condiciones de certidumbre ante cualquier eventualidad que pudiera generarse con la incursión de la policía comunitaria en esos lugares.
Comentó que las medidas cautelares fueron aceptadas por las autoridades, quienes informaron sobre la implementación de acciones para la protección de los habitantes de las citadas localidades mediante la intervención de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
