La trampa de la Guardia Nacional (I)
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que la Guardia Nacional es una trampa para el Ejército y no se ha dado cuenta de ello. Los gobiernos, los políticos y los ciudadanos reconocen que en el tema de la lucha contra la delincuencia son necesarios para enfrentar a los criminales y alcanzar la seguridad en el país, aunque no se han puesto de acuerdo si la Guardia Nacional será comandada por un militar, por un civil o por una combinación ecléctica de ambos. Los generales quieren todo y han escuchado el canto de la sirena del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está invirtiendo un gran capital político para que así suceda, sin darse cuenta del camino por el cual los inducen y conducen.
La Guardia Nacional es el símbolo de la estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno, que así la ha presentado al país. Si no hay Guardia Nacional, ha dicho el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, los militares regresarán a los cuarteles. Es retórica política, porque en realidad no responde a una estrategia de seguridad en términos reales. Ese nuevo cuerpo no tiene presupuesto asignado. Tampoco le van a dar mayores facultades para poder operar de una forma integral y extensiva. El discurso de que o son los militares a cargo de tareas policiales o es la nada, no se sostiene con ese tipo de apoyos que supondría un modelo que se defiende con tanto ahínco.
De hecho, poco ha cambiado en el último cuarto de siglo, cuando comenzó el involucramiento de los militares de manera regular en la seguridad pública. El presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal apoyada con el Tercer Batallón de Infantería, que nunca dejó de ser militar y que para sus operaciones se requería permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el de Vicente Fox, el procurador general Rafael Macedo de la Concha era un general en activo, cuyo jefe inmediato era el secretario de la Defensa, el general Clemente Vega. En el de Felipe Calderón, el despliegue militar en el país se amplió a 47 mil efectivos, que continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cambio que ahora pretende el presidente López Obrador y que se consumará, es que eleva la militarización de la seguridad pública a rango constitucional.
La oposición política y los organismos de derechos humanos han rechazado este proceso de militarización, pero los militares han visto en ello el blindaje legal por el que cabildearon los secretarios de la Defensa Clemente Vega, Guillermo Galván, Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval, para evitar las lagunas legales que los tienen en la frontera con la ilegalidad. El Ejército ve hoy una oportunidad adicional para ampliar sus recursos y extenderse a empresas colaterales, como las que le ha asignado López Obrador en materia de bienes raíces y construcción, reclutamiento y capacitación de personal civil, hasta este momento.
En gobiernos anteriores tenían inyección de recursos, como recibieron de Calderón presupuesto para las Bases de Operaciones Mixtas, y durante el de Peña Nieto los gobernadores les pagaban servicios como si fueran Policía Bancaria e Industrial. También les financiaban cuarteles y bases con tal de que permanecieran en sus estados enfrentando criminales. En la administración de López Obrador los negocios serán asignados directamente, pero mantendrán la misma arquitectura de los sexenios previos en sus posibilidades para atacar la inseguridad. Es decir, más allá de cómo resulte el mando, no habrá diferencia con el pasado en las facultades de combate a los delincuentes, ni en cuanto a aspectos operativos. El gran cambio con el nuevo gobierno, es el político.
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Sobrerrepresentación fraudulenta
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que con la novedad que el presidente López Obrador ya tiene mayoría calificada para reformar la Constitución en la Cámara de Diputados, algo que no ocurría en este país desde 1988. Recuerdo que, para tal propósito, se requieren dos terceras partes del órgano legislativo. Pero el primero de julio pasado nunca votó tal cantidad de mexicanos para darle dicho apoyo al Presidente. Estamos frente a un escandaloso caso de sobrerrepresentación política nada digno de una democracia liberal.
¿Cómo consiguió AMLO la mayoría calificada en la Cámara de Diputados?
Veamos los números. En la votación válida de la elección de diputados en los comicios federales pasados, el 38.8% votó a favor de los candidatos de Morena. A eso hay que sumar lo obtenido por los otros dos partidos que apoyaron la candidatura de AMLO —un 4.1% del Partido del Trabajo (PT) y un 2.5% de Encuentro Social (PES)— para un total de 45.4%. Sin embargo, por el sistema mixto que tenemos, donde elegimos a 300 diputados por mayoría en ese mismo número de distritos y 200 por representación proporcional, la alianza Morena-PT-PES recibió un total de 309 diputados: el 61.8% de una cámara conformada por 500 legisladores. Aquí ya estamos hablando de una sobrerrepresentación del 16.4% puntos porcentuales a lo obtenido en la votación válida.
Luego vino la vergonzosa cesión que le hizo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cinco de sus 16 diputados a Morena. Nunca supimos a cambio de qué, pero cualquier negociación con los oportunistas del PVEM significa una vergüenza. Estamos hablando del peor partido que ha producido la democracia mexicana en su historia, y eso que hay mucha tela de dónde cortar. El hecho es que la alianza lopezobradorista se incrementó a 314 diputados, equivalentes al 62.8%, lo cual ya significaba una sobrerrepresentación de 17.4 puntos porcentuales a lo obtenido en las urnas.
Pero, por supuesto, la vergonzosa negociación con el PVEM no quedó ahí. Desde el principio de la legislatura, los once diputados que le quedaron al Verde han votado consistentemente con Morena-PT-PES. Cosa rara porque, supuestamente, los que sufragaron por el PVEM en julio estaban bajo la idea de que apoyaban al PRI y a su candidato presidencial, José Antonio Meade. La realidad es que, como siempre ocurre con este partido, se venden al mejor postor, en este caso a López Obrador y Morena. Así que, la negociación con el PVEM le significó a la alianza lopezobradorista alcanzar 325 de los 500 diputados: el 65%, equivalente a una sobrerrepresentación de 19.6 puntos porcentuales a lo que consiguieron en la votación válida.
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López Obrador ya tiene el control de la Cámara de Diputados
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que cambian ingenuidad por ambigüedad. Florestán
El martes se registró un hecho que da un peso y fuerza al presidente Andrés Manuel López Obrador que no tenía el 1 de diciembre y que pasó desapercibido entre la atiborrada agenda, en este momento dominada por la aprobación de la Guardia Nacional en sus términos, lo que veremos hoy en el Senado donde Morena carece de la mayoría calificada para sacarla y solo los votos del PRI se la pueden dar.
Me refiero a eso, a la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales de la cuarta transformación que el partido en el gobierno no tenía hasta que Mario Delgado desfondó la escuálida bancada del PRD al hacer que la mayoría de sus integrantes, 10, se autodeclararan independientes y entregaran a los brazos de Morena que tiene 258 diputados, más los 29 del PES, los 28 del PT y los 11 del Verde, que suman 326 votos, 8 por debajo de los 334 de la mayoría calificada.
En estas condiciones, con los 10 del PRD ya supera el mínimo de los 334 y le sobran, como se vio en la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa aprobada por 377 votos, Morena, PES, PT, Verde, los 10 que salieron del PRD, más 35 votos a favor del PAN, 13 de MC y 7 del PRI.
Esta nueva realidad en la Cámara de Diputados abre al Presidente la puerta legislativa para las reformas constitucionales que quiera, entre ellas, la consulta popular, anual y con menos requisitos, con la que, entre otras cosas, propondrá si se somete o no a juicio a sus cinco antecesores, como dijo ayer.
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Napito, el senador fifí de la 4T
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que en eso de la austeridad de la Cuarta Transformación, hay de interpretaciones a interpretaciones. Nos comentan que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó de la Ciudad de México a Saltillo en un avión comercial para asistir al homenaje por el Día del Ejército, el senador de Morena y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia voló de la capital del país a Piedras Negras, en un jet privado, cuya renta se estima en 120 mil pesos la hora, para asistir a una conmemoración. AMLO pagó unos 3 mil 500 por su boleto en clase turista y al llegar al Aeropuerto “Plan de Guadalupe”, de Ramos Arizpe, abordó un auto sencillo en el que fue trasladado a las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicado al sur de Saltillo. Don Napo, por su parte, aplicó una austeridad un poco más fifí y gastó algo más para viajar, como él lo merece, en un jet ejecutivo y al bajar de la nave lo esperaban en el Aeropuerto de Piedras Negras en una Suburban blindada, placas RWV 085-1 y una camioneta Durango, con matrícula K 41AZT, para su escolta. El legislador fue trasladado hasta la Mina 8 “Unidad Pasta de Conchos”, localizada el municipio de San Juan de Sabinas, para asistir al acto en memoria de los 65 mineros que fallecieron el 19 de febrero de 2003, por una explosión de gas. Imagine usted cómo viajaba antes de que el senador entrara a la austeridad republicana.
¿Y Carlos Urzúa se queda en el gabinete?
Nos dicen que la Secretaría de Hacienda también le dio la puntilla a la reforma a la Ley de Pemex que buscaban aprobar diputados de Morena. Nos cuentan que el pasado 18 de febrero, la dependencia que encabeza Carlos Urzúa, envió su opinión a la Comisión de Energía de San Lázaro sobre este proyecto y cuestionó el control que se pretende dar al Director de Pemex y les pidió evitar “una concentración excesiva que pudiera resultar inconveniente para mantener los contrapesos y equilibrios internos necesarios en la conducción de la empresa”. Además, la subsecretaría de Hacienda también manifestó su postura en contra y advirtió que uno de los propósitos fundamentales de este dictamen radicaba en limitar las facultades del Consejo de Administración de Pemex. Algunos dicen que ahora don Carlos debe andar con pies de plomo, pues no le vayan a caer a palos por contravenir los designios de la 4T; a ver si no le inician una investigación por andar de crítico o pierde su chamba en el gabinete y lo mandan a dirigir un organismo autónomo.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que el perredista Antonio Ortega abordó en San Lázaro al auditor superior, David Colmenares, y le entregó una petición para fiscalizar el programa de estancias infantiles, con el fin de despejar dudas, sancionar probables irregularidades y solicitar al gobierno federal restituirles el recorte de 2 mil millones de pesos para este año.
El servidor pidió al diputado escuchar su mensaje con motivo de la Cuenta Pública 2017, en el que enumeró incumplimientos de las guarderías y le anticipó que también serán parte de la fiscalización del ejercicio 2018.
QUE al estilo internacional, la justicia mexicana salió en defensa de los presuntos culpables tras la resolución con la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encabeza Felipe Fuentes Barrera, ordenó al INE diseñar una etapa piloto destinada a que antes de 2024 haya un esquema de votación para las personas encarceladas de forma preventiva, pero que no han sido sentenciadas.
En Estados Unidos, Maine, Massachusetts, Utah y Vermont permiten a presos condenados ejercer el derecho al sufragio, como sucede también en Albania, Alemania, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, República Checa, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Sudáfrica y Nueva Zelanda.
QUE por un momento parecía que se iba a salir de control el foro de la senadora Nestora Salgado con familiares de “presos políticos”, porque comenzaron a arrebatarse el micrófono para dar sus testimonios de propia voz.