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‘Se va a acabar la luz’

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que desde hace muchos años, Manuel Bartlett tiene profundos diferendos con quien veía primero como sus enemigos y luego como traidores de la patria. Nunca asimiló que Carlos Salinas le arrebatara la candidatura presidencial, y vio a dos de sus cercanos, José Córdoba y Luis Téllez, como las primeras cabezas a cortar. “Se dedicaron a vender el país”, dijo hace mucho tiempo en una conversación abierta. Y en agosto de 2013, le dijo a Proceso: “Pasaron de ser cómplices en el gobierno para la apertura energética, a socios de las grandes empresas. Hoy pretenden traicionar a la patria abriendo en su totalidad todo el sector (energético) a la iniciativa privada, en especial a las grandes trasnacionales”. Un sexenio después, en el magnífico escenario de Palacio Nacional, cerró un primer ciclo.

Bartlett apareció el lunes junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer la denuncia contra quienes, alegaron, contribuyeron a la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad que hoy encabeza. El discurso de López Obrador era una calca de lo que siempre sostuvo Bartlett. Las acusaciones, igual. Las insinuaciones, idénticas. Las ideas de Bartlett están bien fijas en la cabeza del presidente. Se podría decir que años de manipulación le dieron resultados tangibles. O casi. Poco después del evento, Bartlett vio al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su despacho de Palacio Nacional. Le llevó todos los proyectos que presentó en la conferencia mañanera, pero recibió un “no hay dinero” como respuesta. Pues pida prestado, insistió. Imposible. Se va a acabar la luz, replicó. Es su problema, respondió Urzúa, porque el mío es que México no se endeude. Ahí comenzó el segundo ciclo, el de la realidad.

Bartlett debió haber visto los síntomas de lo que le sucede a la CFE, como una de las muchas dependencias que no tienen dinero para hacer todo lo que quiere y planea el presidente López Obrador, por lo menos bajo el esquema ideológico del director de la paraestatal. En algún lugar del siglo pasado se quedó anclado su pensamiento, pues durante la conferencia de prensa, en la explicación del porqué querían relanzar la CFE y meter controles a lo que se había hecho en el pasado, tocó muy bien la música pero, al no saber la partitura, probablemente no tenía idea de que estaba bien, pero por las razones contrarias.

En toda su exposición habló de conflictos de interés de funcionarios en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero por razones inexplicables dejó fuera de su retórica a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los contratos que dijo revisarían, que es parte toral de su exploración sobre los presuntos malos manejos del pasado, tendría que haberlos referido a los firmados en 2016, 2017 y 2018, después de acordar las dos grandes agencias de estándares contables en Estados Unidos y Europa, una definición común de cuáles debían ser ubicados solamente en el campo financiero y cuáles debían ser incorporados en los balances. Ese nuevo marco de contratos colocó a los conocidos como take or pay, donde el comprador queda obligado a pagar por el producto adquirido, ya sea que lo consuma o no por cualquier razón, como deuda pública.

Bartlett tendría que haber estado enterado de ello, así como también quienes firmaron los contratos de las licitaciones de un gasoducto y las tres primeras subastas eléctricas, que estaban fuera de los estándares internacionales. Tocó el tema de manera incorrecta cuando dijo que IEnova había dejado de entregar energía en 2017, mientras la CFE continuó pagando. La empresa respondió en un comunicado que la razón del corte de suministro fueron sabotajes al gasoducto, por lo cual presentó denuncias ante las autoridades judiciales. En el contexto internacional, la empresa no es responsable de lo que sucedió, sino el gobierno. Si se le inserta en los estándares contables acordados en 2016, ese tipo de contrato debió haber sido incorporado como deuda pública.

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El Chapo, el Estado y el crimen organizado

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que el jurado deliberó y encontró culpable a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. En unos cuantos días, el juez de la causa lo sentenciará a cadena perpetua. Pasará el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad. Esto ocurrió en Estados Unidos, a pesar que la gran mayoría de los delitos del otrora capo del Cártel de Sinaloa se cometieron en México. Lo que nuestro país nunca pudo hacer, Estados Unidos lo logró en un par de años: los fiscales presentaron toneladas de pruebas que convencieron a un jurado sobre la culpabilidad de Guzmán, en la presencia de un juez que aseguró el derecho al debido proceso del inculpado.

Policías, fiscales y jueces mexicanos simple y sencillamente nunca pudieron procesar judicialmente a El Chapo, quien —durante los largos, tediosos y opacos procesos que tuvo que enfrentar en nuestro país— se fugó de dos penales supuestamente de alta seguridad. Una muestra más de la debilidad de nuestro Estado.

En todos los países democráticos —incluso en aquellos donde hay Estados con gran autonomía y capacidades como Japón, Reino Unido, Alemania o Canadá— hay crimen organizado. Comprobado está que, cuando existe algún tipo de actividad prohibida por la ley, aparecen individuos dispuestos a ofrecer esos bienes o servicios prohibidos. La delincuencia organizada es, en este sentido, un desafío para todos los Estados. Y todos, de alguna manera u otra, administran este problema. Tácita o explícitamente existen arreglos. Se les tolera, por ejemplo, vender drogas en ciertas zonas a cambio de no meterse en el “negocio” del secuestro o la extorsión. Cuando algunos de estos delincuentes se pasan de la raya, el Estado tiene que demostrar que es más fuerte y que está por encima del crimen organizado. De lo contrario, los criminales se van apoderando de cada vez más territorio hasta convertirse en las autoridades de facto.

Estados Unidos ya condenó a cadena perpetua a El Chapo. Sin embargo, hoy, se sigue traficando la misma cantidad de drogas que el día anterior a que lo condenaran. Nada ha cambiado. El Cártel de Sinaloa, con nuevos líderes, continúa exportando sustancias prohibidas al vecino del norte. Entonces, ¿para qué tanto argüende?

Precisamente, para enviar el mensaje de que los mafiosos no están por arriba del Estado. Nuestro vecino se gastó nada menos que 55 millones de dólares en procesar a El Chapo. No lo mató, sino que lo capturó (fue la DEA la que realmente lo hizo, según trascendió en el juicio), lo enjuició (respetando sus derechos humanos) y ahora lo encarcelará de por vida. El narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, decía que prefería una tumba en Colombia que una celda estadunidense. Le cumplieron su deseo. El Chapo, en cambio, vivirá el resto de sus días seguramente en una de las prisiones más despiadadas del mundo, la ADX Florence, en Colorado, que está bajo la tierra.

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La ‘mañanera’, caso único hasta que dure

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que y algún día habrá que hacer escala en ese mundo aspiracional que es el estado de derecho. Florestán

Ayer le daba estadísticas levantadas por el doctor Luis Estrada sobre las conferencias de prensa mañaneras que se han convertido en la herramienta esencial de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un ejercicio único en el mundo que marca la agenda cotidiana.

De acuerdo con el estudio, al lunes 11 de febrero, 73 días de gobierno, había dado 52 mañaneras de lunes a viernes, excepto el 31 de diciembre y cuatro extraordinarias en sábado y domingo tras la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha dejado hasta ahora un saldo de 130 muertos

Ya ayer le contaba que había mencionado 79 veces la palabra neoliberal y en 68 admitido no tener información con las frases: no tengo el dato, no sé, no tengo conocimiento, no tengo todavía las cifras, lo que me parece muy bien porque el Presidente de la República no tiene por qué tener el detalle de toda la información miscelánea.

Dice Estrada que las intervenciones de su equipo en la mañanera han resultado poco estratégicas: el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tuvo la primera en la número 49, sobre los bonos del NAIM, pero luego se la mató él mismo con lo de que las abuelas se encargarán de cuidar a los nietos, tras el incumplimiento del compromiso presidencial al cancelar el presupuesto de las estancias infantiles, que para mí es un error.

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Apapacha AMLO a las Fuerzas Armadas

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un plan para fortalecer la moral de los elementos de las Fuerzas Armadas. ¿En qué consiste?, se preguntará usted. Nos explican que el nuevo gobierno decidió hace unos días que los uniformes de los militares porten un emblema que solamente estaba reservado para los oficiales que eran enviados al extranjero. Desde ahora, nos comentan, los uniformes lucen la bandera de México en el costado derecho de las camisolas, como un símbolo de orgullo y con la idea de que los ciudadanos también los sientan parte de la gran nación. El estímulo ha ido acompañado de los reconocimientos públicos del jefe del Ejecutivo, nos recuerdan, y de las tareas que ha designado a la cúpula castrense y a la tropa en general. Más adelante se verán los resultados de poner la bandera mexicana en manos de los oficiales, nos comentan.

Cero tolerancia a la corrupción en la Corte

La batalla anticorrupción empieza a dar sus primeros resultados en la gestión del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar. Nos explican que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó la destitución de dos de los tres magistrados del único Tribunal Colegiado de Circuito en el estado de Campeche por incurrir en presuntos actos de corrupción. Nos dicen que don Arturo busca enviar con esta determinación el mensaje de que hay cero tolerancia a posibles conductas que representen una afectación a la imagen y al prestigio del Poder Judicial. Sin embargo, nos hacen ver, el no dar a conocer los nombres de los magistrados pone en la lupa y bajo sospecha pública a los tres juzgadores. ¿Valdrá la pena retomar el ejemplo de las instituciones de procuración de justicia y citar sólo el nombre de pila para evitar estos detalles o sospechas?

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, que las mesas de seguridad estatales encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzarán en siete días y con ello las mañaneras saldrán de Palacio Nacional, pues el próximo jueves arrancará en Monterrey la primera reunión de seguridad a las 6 de la mañana y su tradicional conferencia matutina será también en Nuevo León, además de un evento al mediodía.

QUE con el Jesús en la boca anda el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien no solo pidió a Dios que ayude a la dirigente de su partido, Yeidckol Polevnsky, en la elección de Puebla, sino que ahora, apelando a su devoción por el Santo Niño de Atocha, ha solicitado el milagro de convencer a priistas, panistas y perredistas de aprobar la próxima semana la Guardia Nacional que le exige el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tiempos de la 4T, el zacatecano cabildea rosario en mano. ¿Quién lo hubiera imaginado?

QUE apelando a la antigua fórmula, camina como pato, grazna como pato y nada como pato…

Así luce la Confederación Internacional de Trabajadores que creó el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien se esmeró en su presentación en sociedad en subrayar que no es un brazo impulsado por Morena, pero sus padrinos fueron legisladores de ese partido, y aunque no tienen toma de nota o registro formal, acudieron representantes del gobierno federal. Más aún: los colores del emblema son los de la 4T.

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