Cartas a Gracia
Coinciden Gracia por lo menos en las intenciones, aunque difieran en los mecanismos, las alianzas y por supuesto, en el método. Esteban como Aurelio sueñan en convertir las reformas educativas que impulsan(ron) sendas administraciones, en políticas públicas transexenales. Recuerdo que no hace mucho Otto Granados Roldán, ex encargado del despacho educativo, declaraba que la reforma educativa de Peña Nieto, Chuayffet, Nuño y de él mismo, debería por sus resultados, “convertirse en política de Estado” y hoy, Moctezuma la declara contraria al interés del magisterio nacional, antidemocrática, fallida, cupular (herencia del Pacto por México suscrito entre las dirigencias de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional) y delinea, que mediante la iniciativa de reforma que presentan, impulsarían un Acuerdo Nacional que reconozca de manera explícita que el “interés supremo” del acto educativo -responsabilidad del Estado- radica en niñas, niños y jóvenes, “asumiendo el magisterio su función de agente primordial de la transformación social” y externando el deseo por convertirla también, en una política educativa de Estado.
Los deseos de Esteban podrían de pronto verse amenazados; primero Gracia, por una correlación de fuerzas que requerirá, además de los votos de la coalición Juntos Haremos Historia, de los votos de algunos diputados y senadores miembros de las bancadas de otros partidos políticos representados en el Congreso de la Unión que le permitan lograr la mayoría calificada en ambas cámaras, indispensable para aprobar la iniciativa que reformaría los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, situación que tendría que repetirse en por lo menos 17 Congresos locales; segundo, Morena y sus aliados deberían no sólo ganar para su causa a quienes logren convencer y, adicionalmente conservar la cohesión interna que la disidencia de la CNTE y sus 40 diputadas y diputados podrían vulnerar ante una reforma a la que siguen calificando de neoliberal y contraria al interés de los sectores del magisterio que representa, de las comunidades originarias y de las madres y padres de familia y; tercero, por la postura que adopte y mantenga el bloque opositor integrado por las bancadas de los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, quienes el miércoles 6 de los corrientes “presentaron la iniciativa con el propósito fundamental de proponer un gran pacto por la educación”; cuarto, por el esfuerzo presupuestal que se requerirán Gracia, para efectivamente prestar los servicios educativos “acordes” a principios de inclusión, equidad y universalidad contemplados en la iniciativa de reforma. Baste recordar que en el país y de acuerdo a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el 48 por ciento de las escuelas del país son de organización incompleta, instituciones en las que las y los docentes imparten educación multigrado y se hacen cargo de la administración escolar con el carácter de director(a) interino(a) y laboran, la mayoría de ellas en condiciones de infraestructura deplorables y las comunitarias, en instalaciones improvisadas. La universalidad en educación superior costaría, de acuerdo a declaraciones de investigadores universitarios, la friolera de 13 000 millones de pesos anuales (Garduño, La Jornada 10 de febrero, pág. 8).
Pero de que la reforma educativa de la administración de Peña se va, se va; independientemente de que sean tomadas en cuenta las propuestas que formula el bloque opositor, o las que exige la CNTE. Un cuadro comparativo entre el texto vigente de los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales, entre el texto actual del 3º, la iniciativa de reforma presidencial y una propuesta alternativa mostrarían coincidencias y diferencias Gracia. Concuerdan al considerar palabras más, palabras menos, que la “la educación es un derecho de toda persona …/Toda persona tiene derecho a recibir educación”, recobrando la estructura de la redacción vigente e incorporando la obligación para el Estado, de impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, y media superior, lo mismo que la educación superior; la propuesta alternativa incorpora en un segundo párrafo una clara referencia a un “enfoque de derechos humanos y de igualdad”; en un tercer parágrafo, al definir las características del sistema educativo nacional, reincorpora el concepto de calidad y excluye el de excelencia; término cuestionado en el foro organizado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, a la escucha de las opiniones de las y los docentes y a los representantes sindicales sobre la iniciativa de reforma, e incorpora el concepto del fomento del autocuidado de la persona.
La propuesta alternativa en un siguiente párrafo, al tiempo que reconoce el derecho de las y los docentes al acceso a un “sistema permanente de actualización y formación continua”, les refiere lo mismo que la iniciativa del 12 de diciembre, el carácter de: “agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación“; insistiendo en la incorporación del término calidad, excluido de origen. De la misma manera, la iniciativa alterna en el párrafo subsecuente al referirse a la coordinación de un Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, incluye como responsables a las autoridades educativas federales “y locales” para “favorecer la calidad y equidad educativas”.
Aunque la iniciativa presidencial refiere que “el Estado dará atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente”, la alternativa plantea “libertad académica y autonomía de gestión”, al tiempo docente participante en el foro de referencia al externar su opinión pone el dedo en la llaga cuestionando la pertinencia de la planta docente integrada por profesionistas fracasados -de múltiples profesiones- a quienes sus cuates en la SEP o en las organizaciones gremiales, otorgaron una plaza de educación superior. Pero de que la reforma educativa de Peña se va, se va.
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