Por Carlos Ramírez (*)
El viernes 1 de febrero circuló oficialmente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un documento de 81 páginas. Como lectura de resumen se puede decir que nada nuevo proponen, pero algunas novedades sólo revelan la dimensión hercúlea de la tarea de seguridad.
El punto central está en el título: el gobierno actual regresa a centralizar la seguridad en la pública, aunque dándole espacios concretos e importantes a la seguridad nacional y con mayor intensidad a la seguridad interior, este rubro por cierto desdeñado por legisladores y críticos pero convertido en eje de la crisis de seguridad y en argumento para movilizar a las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública contra bandas criminales con armamento, organización y fuerza superior a las policías federales y estatales.
La nueva Estrategia estuvo en consonancia con la afirmación del presidente de la república un par de días antes en el sentido de que ya no se perseguirían capos y que la seguridad estaría enfatizada en la sociedad. Una revisión de doce años de estrategia de guerra contra el crimen organizado arroja un saldo aún no resaltado: el 90% de los grandes jefes de cárteles y mafias está muerto o encarcelado.
De los dieciséis cárteles reconocidos, sólo tres capos siguen vivos y en la lista de los más buscados: Nemesio Oseguera Cervantes (Cártel Jalisco Nueva Generación), Ismael El Mayo Zambada (Cártel del Pacífico o de Sinaloa), Iván Archibaldo Guzmán Salazar ((hijo de El Capo y jefe del Cártel de Sinaloa). El mecanismo escalafonario en los principales cárteles ha sido muy rápido y la improvisación ha tenido dos efectos: disminuir la actividad de los cárteles y ascender a nuevos jefes a quienes no estaban preparados para ello.
La desarticulación de cárteles y las dificultades para reorganizar actividades ha llevado a la atomización del crimen en bandas dedicadas a otros menesteres y con mayor incidencia como seguridad pública. Salvo por los tres peces gordos que quedan, los demás ya son delincuentes comunes. En todo caso, la organización fuerte como cárteles se trasladó a los Estados Unidos, donde derivaciones de los cárteles mexicanos controla el cruce y venta al menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses.
Evitar errores del pasado
Aunque la nueva Estrategia incluye el tema de la seguridad interior y de la seguridad nacional en el capítulo 8 de los objetivos, las nueve estrategias específicas tienen que ver con la seguridad pública. Y en estos temas, la Estrategia se basa en dos pivotes: la reorganización de la seguridad-justicia-prisiones y la lucha contra las principales bandas del crimen tradicional.
La nueva Estrategia depende de la precisión de los objetivos, pero de la voluntad de niveles de gobierno e instituciones. Por ejemplo, otorga especial interés a los centros de reclusión de presos como verdaderos nidos de especialización de delincuentes, pero se queda sólo en señalamientos de que se va a poner en orden.
Asimismo, de nueva cuenta se centraliza la estrategia en un “nuevo modelo policial”, pero no revisa de manera crítica en qué han fallado anteriores intentos en capacitación y controles de confianza. Sin una nueva policía, en efecto, no habrá garantías de una nueva política de seguridad pública. Y desde la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999 se ha hecho alusión a la necesidad de profesionalizar el trabajo policiaco e inclusive se han creado escuelas para tal efecto, pero al final los resultados derivan en los mismos policías extorsionadores de siempre.
En todo el país hay un número aproximado de 350 mil policías y su profesionalización tendría que darse en un tiempo de capacitación de 8 años y un ajuste salarial al alza de quizá hasta de 75 por ciento. ¿Hay presupuesto suficiente? Todo indica que no. Por tanto, no todo se agota en mecanismos de capacitación y de control.
La nueva Estrategia era necesaria y logró un gran avance: disminuir la prioridad en el enfoque de seguridad interior (cárteles como amenazas contra el Estado) y enfocar el tema en la inseguridad de los ciudadanos. Por lo demás, la Estrategia afirma que se mantendrá por lo menos durante el sexenio la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad como una garantía de hegemonía del Estado sobre la criminalidad.
Barandilla
La clave de la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal de nueva cuenta descarga buena parte de la responsabilidad en los gobernadores, pero sin que ahí haya voluntad de entrarle a la modernización de los cuerpos de seguridad y justicia. La Conferencia Nacional de Gobernadores debiera tomar cartas en el asunto y obligar a los mandatarios estatales a asumir su responsabilidad. En la estrategia nada hay que obligue o ajuste cuentas con gobernadores comodinos o, de plano, incompetentes en seguridad.
El otro sector que debe entrarle de lleno a la seguridad pública es el sector privado; un poco porque no lo dejan y otro poco porque tampoco se esfuerza mucho en participar, el caso es que por intereses propios los empresarios como sector debieran de involucrarse en las tareas de diseño y evaluación de temas de seguridad. El ejemplo lo han dado organizaciones de la sociedad civil, con mayor o menor éxito, pero actuando como contrapunto del voluntarismo gubernamental.
Poco éxito se tendrá en seguridad si los gobiernos en turno deslindan su responsabilidad en las indagatorias recientes. El juicio al capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, Nueva York, ha dejado sueltos muchos hilos del sistema político y penal de proyección a los cárteles, algo que no es nuevo, que viene desde Arturo El Negro Durazo Moreno como jefe de policía del DF 1977-1982 y que se potenció en 1985 cuando se probó que la Federal de Seguridad protegía a narcos.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
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