La Idhie pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga los asesinatos de dos defensores de derechos humanos en Amatán, Chiapas, el pasado 17 de enero, y a la Segob que reconozca al Consejo Indígena y Popular de dicho municipio.
Las mesas de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la de Género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), recordaron que el pasado 25 de septiembre, el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común (Mpjbc) reinstaló un campamento en Amatán en rechazo al edil Manuel de Jesús Carpio Mayorga, por su asociación con grupos paramilitares.
Posteriormente, el 30 de noviembre, realizó la elección de un Consejo de Gobierno Indígena y Popular; pero, la madrugada del pasado 17 de enero, el plantón ubicado frente a la presidencia municipal y en las entradas a la cabecera fue atacado con armas por paramilitares.
Al iniciar el ataque, los gobiernos federal y estatal fueron notificados por el abogado del Mpjbc, ante lo cual Jorge Cruz Pineda, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Chiapas dijo que en dos horas llegaría un operativo policiaco, pero fue hasta las 20:00 horas cuando llegó una parte.
Policías limpiaron evidencia, afirman
Noé Jiménez Pablo recibió disparos en el abdomen y pecho, y los grupos armados se lo llevaron con rumbo desconocido. A los dos días, fue encontrado su cuerpo, con heridas de bala y huellas de tortura, y el de José Santiago Gómez Álvarez en un basurero cercano a la cabecera municipal de Amatán.
Los integrantes del Mpjbc aseguraron que los elementos estatales y municipales lavaron la sangre donde Jiménez Pablo cayó herido y no implementaron un operativo inmediato de búsqueda de las 48 personas desaparecidas, entre ellas un integrante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, quienes después fueron hallados con vida.
Derivado de lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas declaró que no hubo detenidos, heridos, fallecidos, ni desaparecidos, aunado a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó en la recomendación 26/2002 que el entonces agente del Ministerio Público y ahora fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca fue quien levantó y secuestró a Jiménez Pablo.
Debido a este conflicto de interés, el Idhie afirmó que la FGE no es la adecuada para investigar los asesinatos de ambas víctimas, y le solicitó a la FGE respetar los derechos de las víctimas, garantizando a familiares y asesores jurídicos la representación debida en el proceso penal.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación (Segob) debe adoptar medidas para la desarticulación y sanción del grupo paramilitar, evitando la militarización del municipio, generar puentes de diálogo que solucionen el conflicto social y garantizar la vida de los miembros del Mpjbc, así como de las 30 personas integradas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y miembros de la asociación.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
