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Corrupción y odio

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que la legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está en niveles que soportan, hasta ahora, cualquier cosa. El país presenta focos rojos de todo tipo, en seguridad, economía e insatisfacción social, pero él está sin mancha. Todos los días se para frente a la nación y recuerda, sin importar el tema, que el pasado estuvo infectado por la corrupción, y que todos los males que se arrastran se debe a los ladrones que saquearon las arcas nacionales para su beneficio y el perjuicio de las mayorías. Cada mañana, López Obrador machaca a la sociedad, a su manera, lo que fue la corrupción de anteriores gobiernos. Y la sociedad beligerante responde con virulencia, tomando al de Enrique Peña Nieto como referencia. La furia contra esa administración se corresponde con el respaldo al presidente, pero a ninguna parte, en el fondo, le falta razón.

La corrupción durante el sexenio del presidente Peña Nieto fue notoria. Están los casos de gobernadores sometidos a proceso por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento. Sobran los ejemplos de impunidad, conflictos de interés, saqueos y abusos cometidos en esa administración, que tocaron a la casa presidencial y a secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, a familiares y a sus amigos, en un capitalismo clientelar, ante la complacencia y debilidad de Peña Nieto, que solapó a cercanos o fue impotente ante la presión de sus queridos. De corrupción nunca quiso oír nada, la negaba, y aquellos en su entorno, menos infectados, tampoco pudieron vencer los obstáculos del cerco presidencial.

El desprestigio de ese gobierno contaminó todo lo que sucedió en el pasado. Es cierto que López Obrador se ha encargado de empaquetarlo para que sea la narrativa del cambio, pero el éxito de la estrategia se asienta invariablemente sobre el enjambre que se tejió durante la administración de Peña Nieto. La profundización de la percepción sobre la corrupción lo refleja el último índice de Transparencia Internacional, donde México perdió tres lugares en el ranking mundial, convirtiéndose en el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –el Club de los Ricos–, y empatado con Rusia en el sótano, del G-20, que agrupa a las economías más fuertes del mundo. El índice debiera provocar una vergüenza colectiva y una exigencia para que quienes incurrieron en actos de corrupción, paguen por sus delitos.

La corrupción no es un fenómeno con espacios acotados. El impacto que tiene la corrupción en las sociedades ya rebasó la putrefacción en las instituciones y ha avanzado a su debilitamiento y a la distorsión de los sistemas de organización social. “La corrupción aleja a la democracia y produce un ciclo vicioso, donde merma las instituciones democráticas y a su vez, las hace más débiles y menos capaces para controlarla”, dice Patricia Moreira, subdirectora de Transparencia Internacional. “Con tantas instituciones democráticas en peligro alrededor del mundo, frecuentemente por parte de líderes con tendencias populistas o autoritarias, necesitamos hacer más para fortalecer los pesos y contrapesos y proteger los derechos ciudadanos”.

Se viven momentos difíciles en todo el mundo y hay líderes, como López Obrador, que o no alcanza a medir el peso e impacto de sus palabras, o es una estrategia deliberada para seguir incendiando a las masas, de por sí ya enardecidas, y terminar de voltearlas para ir más allá de la consolidación de su poder. En su conferencia de prensa matutina el martes, dijo que las élites mexicanas son corruptas, pero el pueblo es bueno. ¿Cómo define élites? ¿Qué abarca ese grupo que estereotipa? Para sus seguidores, élites es igual a todo el que no está incondicionalmente con él. El presidente avanza en la polarización del discurso sin dar pasos concretos para solucionar el problema que dice querer desterrar. Habla mucho y acusa más, pero no pasa de la retórica. Cuando se le pregunta si va a hacer algo, dice que no, que borrón y cuenta nueva, porque no va a perder el tiempo en perseguir delincuentes, pues agotaría su sexenio en ello. Pero en su lógica de perdón sin olvido, sigue avivando el fuego en la pradera y generando odios. Eso tiene que cambiar, y lo puede hacer.

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Pemexproa

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que cuidado con Pemex. Es uno de los tantos eslabones débiles del gobierno. López Obrador recibió una bomba a punto de explotar. Si estalla, puede generar ondas expansivas que pondrían en peligro la calificación de la deuda soberana de México, con todo lo que eso implica para las finanzas públicas del país. Este es un problema muy serio que urge resolver.

Ayer, la agencia calificadora Fitch bajó la calificación de la deuda de Pemex. No sólo la disminuyeron dos escalones (de BBB+ a BBB-), sino que determinaron una perspectiva “negativa”. Esto significa que muy pronto la podrían bajar de nuevo. Sería un desastre porque, con la calificación actual, está a un escalón de perder el grado de inversión. De ocurrir esto, los bonos de Pemex se convertirían en chatarra obligando a todos los fondos de inversión con el mandato de mantener un portafolio con bonos de grado de inversión a vender de inmediato los papeles de la petrolera mexicana.

Los mercados ya estaban adelantando la grave situación de Pemex. El precio de sus bonos había caído, lo cual significaba un incremento en el rendimiento que pagan. La calificadora Fitch ahora está certificando la preocupación de los inversionistas sobre la viabilidad financiera de Pemex. Al bajar su calificación, la petrolera tendrá que pagar más intereses al colocar nueva deuda. Tan sólo este año, se calcula que Pemex tendrá que contratar cinco mil 400 millones de dólares de nuevo endeudamiento.

El desastre de Pemex no comenzó con el gobierno de López Obrador. El Presidente recibió una empresa que las administraciones anteriores exprimieron hasta el hartazgo. Pero eso, ni modo, es lo que recibieron. Ahora están obligados a limpiar el desastre heredado. De lo contrario, no sólo peligra Pemex, sino las finanzas públicas del país. Hay que recordar que la deuda de la petrolera se considera como semisoberana porque está respaldada por el Estado. Lo dice muy claro la nota de ayer de Fitch: si no se arregla el problema financiero de Pemex, se corre el riesgo de que el gobierno tenga problemas para colocar deuda soberana a tasas razonables que, hoy, de por sí, ya están altas.

Ante una noticia como la de ayer, cualquier empresa seria hubiera convocado a su consejo de administración. Los consejeros le solicitarían a los directivos un plan de emergencia para evitar caer en la calificación de “bonos chatarra”. Pero he ahí el problema. Tengo la impresión de que la nueva administración de Pemex no entiende la gravedad del problema. Muchos de sus nuevos ejecutivos, incluyendo a su director general,
Octavio Romero, no saben nada del mercado petrolero ni conocen las entrañas del monstruo que les dieron a gestionar.

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Diez problemas en 60 días de gobierno

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que entre los pares hay muchos impares. Florestán

Hoy cumple 60 días el gobierno del presidente López Obrador y parece que han sido una eternidad por su hiperactividad, donde no hay descanso y marca la agenda cotidiana.

Pero, como es natural, surgen conflictos, viejos y nuevos. Voy a hacer una relación de 10:

1. La violencia. Ahora debe caer en cuenta que aquello de que desde el 1 de diciembre esto iba a cambiar, es imposible. El mes pasado fue el más violento de que haya registro.

2. El bloqueo de 16 días al sistema ferroviario de Occidente que mantiene detenidas más de 2 millones de toneladas de mercancía de todo tipo, gasolina incluida.

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Buques piratas y huachicoleros

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que una historia muy extraña que refleja complicidades y presumiblemente actos de corrupción se devela con el decomiso en Puerto Dos Bocas de dos buques —identificados como IMILOA y HOS (Hornbeck Offshore Services) WINCHESTER— con 850 mil litros de combustible. Nos dicen que el gobierno federal indaga cómo es que dos embarcaciones de empresas constituidas en México y controladas por extranjeros llegaron a transportar combustible presuntamente robado en aguas nacionales con bandera mexicana. Las embarcaciones, nos mencionan, llevaban 10 días con la bandera tricolor para navegar y hoy surge la duda si hay simulación en la forma en que se autorizan a naves foráneas operar en aguas mexicanas. La Ley de Navegación, nos explican, es muy clara y establece que solo los buques de origen nacional pueden navegar entre puertos o puntos en zonas marinas y litorales mexicanos. ¿Cuáles autoridades van a explicar lo sucedido? ¿Es otro caso que debe sumar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a la estrategia contra la corrupción?

México sin consenso sobre diálogo en Venezuela

Muy activo anda el gobierno mexicano tratando de ser factor de conciliación para el caso Venezuela. Nos comentan que el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, se reunió con la embajadora de Noruega en México, país con el que junto con Uruguay buscan formar un grupo paralelo al Grupo de Lima. También dialogó con el embajador de China en México y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos. Lo que se busca es llevar el caso a la ONU pero hasta el momento, aseguran, no ha logrado consenso.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que uno de los puntos más cuestionados por la CNTE a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto era la obligación de la enseñanza del inglés, no solo por la evidente falta del idioma entre los maestros de esa división gremial, sino hasta por argumentos como que mejor se enseñara náhuatl, como si esa otra lengua sí la dominaran.

Con aquel cambio estructural echado para atrás con la llegada del gobierno en turno, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha dado a conocer la solución al entuerto, con una nueva técnica que, lanzada desde una plataforma digital, hace innecesario que el profesor conozca el inglés, pues bastará, dice el funcionario, con que sepa conducir el procedimiento, así sea monolingüe.

LOL con tono de WTF!

QUE aunque Andrés Manuel López Obrador insiste en que no reforzará su seguridad, al final las permanentes peticiones de sus colaboradores, amigos y familia lo han llevado a cambiar los protocolos, por lo que si primero aceptó dejar el Jetta para usar una camioneta del Estado Mayor Presidencial, ahora una unidad del Ejército y una ambulancia también militar lo siguen en caravana a cierta distancia y lo esperan en las inmediaciones de sus eventos.

Estas medidas ayudan a que el Presidente viaje con seguridad sin necesidad de caer en la espectacularidad o en el uso de alguna Suburban blindada de “línea fifí”.

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