La Policía Federal y Pemex mantienen en la mira a Puebla por ser la segunda entidad en huachicol, sólo detrás de Hidalgo, pues concentra el 13 por ciento del combustible robado; el Movimiento Antorchista negó que tres de sus líderes estén implicados.
Este porcentaje fue señalado en el último número del semanario Proceso, con base en un documento que circulaba al interior de ambas dependencias, donde se detalla que la entidad poblana y otras tres acumulan el 60 por ciento de este ilícito a nivel nacional: Hidalgo (23 por ciento), Guanajuato (12.5 por ciento) y el Estado de México (11.5 por ciento).
De acuerdo con el reportaje “El mapa del huachicoleo”, el robo de combustible en estos estados está controlado por los carteles de Jalisco Nueva Generación (Cjng) y de Sinaloa, a través de las células delictivas como las de Los Téllez y El Bukanas, quienes operan en el Triángulo Rojo de Puebla.
Asimismo, están involucrados los grupos criminales de El Rapid-Inn, Los Talachas, La Parka, Los Bárcenas y/o Los Pelones, Santa Rosa de Lima y Melchor Ocampo.
En coordinación, estos huachicoleros roban 59 mil 500 barriles diarios de hidrocarburos (es decir, 9 millones 460 mil 500 litros), con una pérdida para Pemex de 29 mil 600 millones de pesos anuales, lo que equivale a 47 mil 400 millones de pesos en precios al público.
Es campaña de desprestigio: Antorcha
Debido a que los antorchistas Jesús Kamez Manzano (sic), Soraya Córdova Morán y Aristóteles Campos Flores son mencionados como supuestos implicados en el robo de hidrocarburo, el Movimiento acusó una campaña de desprestigio en su contra.
“Esta acusación gratuita, violatoria de la ley, sin fundamento y absurda forma parte de la campaña de desprestigio iniciada contra nuestra organización para manchar nuestra imagen, cuestionar nuestra actividad financiera, que es pública y legal, y asestar un golpe”, señaló Aquiles Montaño Brito, vocero de la organización
Reclamó que Proceso les formule “imputaciones” sin mostrar pruebas y reiteró que, detrás del reportaje, existe la intención de “sembrar en la opinión pública que Antorcha se financia con recursos ilegales” y desprestigiar su lucha con fines “en una guerra mediática con tintes de liquidación”.
Editado por Luis Alberto Palacios