Durante 2018, el estado de Puebla acumuló cuatro recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos, tres de ellas consideradas graves, mientras que en 2017 recibió sólo dos, pero ninguna de ellas fue catalogada de gravedad.
De acuerdo con su “Informe de Actividades 2018”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó una violación no grave en la entidad: el hecho ocurrió por una inadecuada atención médica a una menor de edad en el Hospital General de Cuetzalan, luego de que la mujer indígena náhuatl embarazada de 16 años permaneció más de 84 horas con su bebé muerto en el vientre por la falta de un ginecólogo.
En tanto, en 2017, se emitieron dos recomendaciones; la primera por la omisión de la actuación oportuna de las autoridades locales en relación con el linchamiento en 2015, de dos hermanos quienes realizaban una encuesta en Ajalpan, Puebla, los cuales fueron confundidos con delincuentes y asesinados por una turba.
La segunda fue por la trasgresión al derecho a vivir en un medio ambiente sano, en contra de autoridades federales, estatales y municipales, por omisiones en perjuicio de los habitantes de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla, por la contaminación de los Ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, por descargas de aguas residuales no controladas.
A nivel local, la autoridad más señalada por violaciones graves a derechos humanos, en un periodo de seis años, fue el gobierno del estado, que se posicionó entre las diez autoridades con más recomendaciones de este tipo, pues entre 2012 y 2018 acumuló tres, una en 2014 por el caso Chalchihuapan y dos más durante el año pasado.
Violaciones graves durante 2018
En el caso de 2018, el organismo documentó la recomendación 12VG, la cual versa sobre la investigación por la ejecución arbitraria de un presunto huachicolero, además del trato cruel cometido en agravio de diez personas, incluidos dos menores de edad, la retención ilegal de nueve adultos y cuatro infantes, la indebida procuración de justicia por la irregular integración de diversas indagatorias y la no preservación del lugar de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, Puebla.
La otra es la 13VG, donde la comisión nacional acreditó que se transgredió el derecho a la libertad personal de 23 personas en siete entidades federativas (Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Ciudad de México y Puebla).
Se constató que 14 de esas 23 personas fueron detenidas y retenidas ilegalmente con motivo de supuesta flagrancia y de una orden de localización y presentación, pues ninguna contó con una orden de aprehensión. Estos hechos violatorios a derechos humanos fueron atribuibles a elementos de la Policía Federal y en siete casos a la Municipal de Tepeaca.
Por último, la recomendación 14VG se refiere al hecho ocurrido el 15 de julio de 2014,cuando la Procuraduría General de la República (PGR) ingresó a un albergue localizado en Zamora, Michoacán, con la finalidad de localizar a varias personas menores de edad, presuntamente víctimas de privación ilegal de la libertad.
Tras el operativo se localizó a 536 personas en calidad de internas quienes vivían en condiciones insalubres, de hacinamiento y abusos. Por lo anterior, el organismo dirigió diversos puntos recomendatorios a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos de las entidades federativas de Puebla, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Sinaloa.
Cabe mencionar que en el informe de la CNDH también se evidenció a Puebla como un estado donde prevalecen los linchamientos, pues 80 por ciento de estos casos ocurre en la entidad así como se dio testimonio de 30 feminicidios en 11 meses, resaltando su preocupación por la omisión de autoridades para ejercer presión en este problema y así se active la Alerta de Género.