La historia universal contemporánea ofrecería una interminable lista de países en el mundo en los que, bajo el estandarte de la defensa de la libertad y la democracia, Estados Unidos ha intervenido directa o indirectamente con sus fuerzas militares para avasallar a los pueblos y derribar gobiernos legítimos que optaron por la construcción de un camino social propio y soberano. La invasión a Irak, comprobadamente fincada en mentiras difundidas por el gobierno estadounidense sobre la supuesta posesión de armas químicas en ese país, terminó con la vida del presidente Sadam Hussein, la imposición de un presidente a modo y el traslado de la propiedad de las riquezas petroleras a empresas transnacionales de capital americano.
La cercana Honduras, que hoy expulsa a buena parte de su población como caminantes hacia el norte del continente, asienta su historia reciente en el golpe de Estado de que fue objeto el presidente elegido en urnas Manuel Zelaya, con patrocinio del gobierno americano a cuyas puertas, hoy, van a tocar los inmigrantes hondureños que huyen de las atrocidades de miseria y muerte -“No solo buscamos trabajo, sino vivir en un país sin amenazas de muerte”- creadas por la implantación de un régimen semicolonial basado en la entronización de una facción transnacional de la élite rica hondureña siguiendo las reglas de la democracia estilo americano y donde las principales riquezas naturales del país son propiedad de empresas extranjeras y sus socios internos.
Los gobiernos de los países que ahora conforman el “Grupo de Lima” parecen olvidar su propia historia de intervenciones y golpes de Estado auspiciados por Estados Unidos, que tuvieron como efecto político que muchos de ellos se vieran obligados a padecer terribles dictaduras militares que diezmaron a sus pueblos y permitieron el saqueo de sus riquezas naturales. Como si nada de ello hubiera ocurrido, se amafian con Donald Trump abrigando la bajeza política de ser tan golpistas como él, para intentar perpetrar un golpe de Estado en Venezuela. La facción transnacional de la élite rica venezolana pretende entronizarse en la persona de Juan Guaidó que se ha autoproclamado “Presidente interino” fuera de la institucionalidad establecida por la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, en la que esa figura política o denominación de cargo ni siquiera existe, intentando un gobierno paralelo de facto.
El problema político fundamental de Guaidó y sus apoyadores estriba en intentar derrocar a un gobierno legítimo y constitucionalmente establecido, por vía de la fuerza y con apoyo extranjero cuando la exigencia mínima de la democracia es el respeto de las instituciones y la legalidad. El artículo 233 de la Constitución venezolana establece: <<Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: … la revocación popular de su mandato>>; es decir, el mecanismo para determinar el sentido de la voluntad política del pueblo está establecido en dicho ordenamiento. Si el programa o proyecto político que enarbole Guaidó ha alcanzado respaldo popular mayoritario o el gobierno que encabeza el Presidente Maduro es ampliamente rechazado por el pueblo venezolano, son circunstancias demostrables, únicamente, a través de las urnas en elecciones libres y transparentes. Bajo cualquiera de estas premisas, los opositores al régimen cuentan con dos posibilidades pacíficas para acceder al cargo de presidente: la revocación del mandato y la elección democrática directa. Optar por la vía del golpismo los exhibe como partidarios y generadores de la violencia contra el pueblo y muestra su distanciamiento de éste. No confían en el pueblo, confían en el apoyo de los extranjeros.
Si no reparan en que su apoyo político proviene de uno de los peores gobernantes de Estados Unidos y del mundo, o del confeso apologista de la tortura de Brasil, o de países como Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, Guatemala -por citar algunos- cuya historia nacional se asienta en el militarismo más terrible y el golpe de Estado como forma privilegiada de acceso y mantenimiento del poder público, que refleja el enorme desprecio hacia sus pueblos; entonces parece claro que Guaidó aspira a impulsar ese modelo político en Venezuela para abrirle las puertas al capital extranjero sobre el botín buscado, el petróleo, y su saqueo como forma de enriquecimiento de la élite transnacional venezolana. Tienen ya en contra la presunción bastante fuerte de haber sido incitadores para asesinar al Presidente Maduro, así como provocadores de la pequeña rebelión militar ocurrida recientemente; ambos intentos frustrados. En el mejor de los casos, la ambición de poder está impidiendo ver a Guaidó que sus acciones pueden desembocar en una guerra civil entre venezolanos, que a nadie conviene por sus costos humanos y humanitarios; en el peor, que lo tenga previsto y no le importe en absoluto, lo que lo pintaría tal como es.
La democracia como poder del pueblo, la conquista, diseña y defiende nada más el pueblo. Si Guaidó se considera un demócrata, debe abandonar el intento de la vía golpista. Si él y quienes le siguen y apoyan, dicen tener un mejor proyecto de país para Venezuela, deben demostrarlo; darlo a conocer al pueblo, recorrer su territorio convenciendo a la gente de la certeza y bondad del mismo, mostrar su respeto por la ciudadanía y, oportunamente, acudir al proceso electoral. Si como pregonan, cuentan con el aval y apoyo mayoritario de la población, entonces ya no tendrían problema y nada costaría esperar los tiempos electorales como hace todo mundo.
Con objetividad y honradez intelectual la oposición venezolana tiene que analizar quién o quiénes son los causantes de las penurias que se padecen en el país. Si son los que ocultan y trafican alimentos, aumentan el alquiler de casas, precios del transporte, encarecen la educación u otros satisfactores básicos para la población y son los mismos que antes se apropiaron de los bienes de la nación aprovechando sus nexos con gobiernos del pasado, deben actuar en consecuencia. México muestra su respeto negándose, incluso, a opinar sobre los asuntos internos de Venezuela cumpliendo con los principios constitucionales sobre autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias. Debe rechazarse la visión maniquea de que un presidente que defiende los recursos naturales de su país es un dictador y el que acepta ponerlos en manos extranjeras es un demócrata. El destino de Venezuela deben definirlo solo los venezolanos. ¡No al golpismo en Venezuela! Nunca más un golpe de Estado en el mundo.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 25 de enero de 2019.
José Samuel Porras Rugerio
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7
