Como el Inegi recibió 12 mil millones de pesos y no 17 mil de presupuesto para este año, el instituto hará ajustes que incluyen cancelar 13 encuestas y un censo, así como afectaciones en prestaciones y salarios, por lo que no descarta inconformarse ante la SCJN.
Julio Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), explicó que la Cámara de Diputados le asignó 5 mil millones de pesos menos a lo que proyectaron para 2019.
Del presupuesto aprobado por 12 mil 129 millones de pesos del Inegi para este año, su Junta de Gobierno asignó 5 mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (2 mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (2 mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento de otros estudios como el Agropecuario.
Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron 6 mil 682 millones de pesos, lo que obligó a suspender más de una decena de programas.
Si bien el monto total asignado en este 2019 para el Inegi es superior a lo que recibieron el año pasado —7 mil 778 millones–, el organismo público autónomo tiene este año a su cargo los censos, por lo que su solicitud de presupuesto fue de 17 mil millones de pesos para cumplir con esas funciones que implican más recursos.
Reducen salario a 68
En conferencia de prensa, Santaella Castell no descartó la posibilidad de que el organismo presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por este este ajuste presupuestal; “nos reservamos el derecho a hacerlo”.
Informó que como parte de las medidas de austeridad de la nueva administración y la promulgación de la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, a 68 altos funcionarios del Inegi se les redujo el salario, más de 8 mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores.
Para lograr un verdadero servicio civil de carrera, dijo, los servidores públicos tienen que ser evaluados a lo largo de 15 o 20 años, de lo contrario habrá una alta rotación y solo quedarán funcionarios sin las mejores competencias, “el servicio público puede tener problemas de incompetencia y la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción”.
Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados con el recorte presupuestal son las encuestas nacionales de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred), de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (Endutih), sobre Uso del Tiempo, de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Enaid) y la de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige).
La Agropecuaria (ENA), de Gasto en los Hogares (Engasto), de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (Ecosup), de los Hogares (ENH, de Micronegocios (Enaim), de Población Privada de la Libertad (Enpol), de Trabajo Infantil, sobre Confianza del Consumidor (ENCO), así como el Censo Agropecuario.
Fuente: Animal Político
