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La trampa del discurso

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que en ningún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su discurso: el robo de combustible es consecuencia de la corrupción que ha generado pobreza. López Obrador establece una línea clara, que legalmente es inexistente, entre las comunidades que compran o roban combustible, que parafraseándolo serían la sociedad buena, víctima por la marginación en la que han vivido, frente a gobiernos corruptos del pasado que crearon sistemas de saqueo de hidrocarburos, donde mete en una misma bolsa a empresarios y miembros de la delincuencia organizada, que sería la sociedad mala.

La dicotomía del discurso permea en su voz, sin que se le vean las contradicciones. Pero su propia palabra está construyendo una trampa: si casi un centenar de muertos y sabotajes sostenidos del crimen organizado tienen su origen en la corrupción de gobiernos anteriores, ¿por qué quiere dejar el pasado en el olvido y no como prólogo del cambio de régimen? El deseo político de López Obrador se está agotando en lo prolífico de su retórica y propaganda.

Enfrenta, como quedó de manifiesto en su conferencia matutina del martes, un desafío pocas veces visto. Los criminales, en reacción a su cruzada contra el huachicoleo, están saboteando sistemáticamente los ductos de Pemex. La osadía criminal tendrá condiciones abiertas para confrontar al Estado –porque eso está haciendo–, únicamente si encuentra espacios de mezquindad entre los mexicanos y regateo al llamado presidencial de enfrentarlos sin ceder. Si en el pasado, quienes hoy se resisten a ser sometidos por los criminales tomaron partido por los criminales, porque se acomodaba a su lucha política, sería una irresponsabilidad imperdonable seguir la misma estrategia. Nunca será momento para cobrar ese tipo de facturas, porque los criminales son eso, delincuentes.

Pero hay otros grupos, blanco preferido de López Obrador para explicar sus acciones, que son anteriores gobiernos que, sin matices y mucha generalización, asegura reiteradamente, actuaron y convivieron con la delincuencia organizada, creando un ecosistema negro que ha dañado a la nación. El discurso sin acción concreta se le va a agotar rápido a López Obrador. Utilizar la corrupción de sus predecesores en el poder como la fuente de todos los males, tiene un límite retórico. Si quiere salvar a la sociedad buena de que rinda cuentas ante la ley por cometer delitos, tiene que empezar a actuar contra la sociedad mala.

La semana pasada, anunció el gobierno el inicio de investigaciones contra políticos y exfuncionarios presuntamente vinculados con las redes criminales del huachicol. Pero en el discurso, López Obrador ha ido más alto. Ha señalado directamente a directivos de Pemex en diferentes administraciones, y funcionarios en los gabinetes de Hacienda y Seguridad. No ha dado nombres, pero los objetivos de sus acusaciones han ido directamente contra ellos. Tres expresidentes han sido implicados en sus palabras, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. El presidente debe dejarse de simulaciones y, si tiene evidencia, como uno supone que la tiene quien hace imputaciones tan serias, debe actuar en su contra, y que aporte elementos para que la Fiscalía General abra carpetas de investigaciones. En ese paquete debe incluir a los exdirectores y subdirectores de Pemex, a quienes también ha señalado como cómplices del delito federal.

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Más jueces, no choferes de pipas

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que con el fin de solucionar el robo y la venta ilegal de combustibles, el presidente López Obrador ordenó la compra inmediata de 571 pipas y la contratación de sus respectivos choferes. No importa que esto cueste 14 veces más que distribuir las gasolinas por ductos. Lo importante es parar la creciente hemorragia de combustibles hurtados. Quizá esto tenga éxito en el corto plazo, pero no será la solución de fondo. Como he venido argumentando estos días en este espacio, aquí estamos frente a un problema de la debilidad del Estado de derecho. Como tal, más que reclutar choferes, lo que requiere el gobierno es contratar a más jueces que puedan procesar y sentenciar a los que se roban los hidrocarburos.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, publicado por la Universidad de las Américas Pueblas y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, México ocupa el cuarto lugar en impunidad de un total de 69 países donde pudieron recabarse las variables para calcular este índice. Sólo Filipinas, India y Camerún están peor que nosotros. La triste realidad mexicana es que los que la hacen, no la pagan. Pueden delinquir con toda comodidad, ya que las probabilidades de que las autoridades los investiguen, procesen y encarcelen son mínimas.

Lo de México es una vergüenza. Somos el país con la mayor impunidad de todo América Latina (Venezuela es considerado como un caso atípico por lo que los autores decidieron dejar fuera a este país del universo examinado). ¿A qué se debe esto?

Tiene que ver, como he dicho en este espacio, a la debilidad de toda la cadena de instituciones dedicadas a prevenir y combatir los delitos: policías, fiscales, jueces y cárceles.

En cuanto a las policías, como muestra el estudio del IGI, hemos invertido muchos recursos para aumentar el número de elementos policiacos. Hoy contamos con “359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de la proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes”. Pero son policías muy chafas.

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Morena: la mayoría que no tiene en el Congreso

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que quieren llenar sus vacíos con sus olvidos. Florestán

La noche del miércoles 16, en una sesión extraordinaria los diputados aprobaron la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional con un mando más militar, operativo, que civil, administrativo.

Mario Delgado, coordinador de la bancada Morena, operó en dos pistas, con los gobernadores priistas, que están por esa corporación, y con sus diputados, porque ni con sus aliados del PT, PES y Verde alcanzaba la mayoría calificada que la construyó con los 42 votos de los 42 diputados tricolores presentes, más siete perredistas, que le dieron 362 contra 119 de PAN, MC y PRD.

A la mañana siguiente, jueves 17, el presidente López Obrador se declaró insatisfecho por los términos en que se aprobó su iniciativa que eliminó un cuarto transitorio, para él central, y pidió que el Senado lo corrigiera.

A esto respondió Ricardo Monreal, coordinador de su bancada, que lo verían y me dijo que nunca declaró que lo aprobarían.

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¿Habrá PRI-Mor en el Senado?

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que senadores priistas comentan que, a diferencia de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena en el Senado, se encontró con un no rotundo de sus pares del PRI, para acompañarlos con las modificaciones al dictamen sobre la Guardia Nacional. Nos aseguran que en contraste con lo sucedido con el líder parlamentario de los priistas en San Lázaro, René Juárez Cisneros, su correligionario, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, no está de acuerdo en que deban mejorarles la plana a los diputados de Morena, nada más porque así lo pide el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aún hay quienes señalan que la posibilidad de un apoyo del PRI a Morena —conocido como el PRI-Mor— está totalmente cancelado o al final del día dirán que hubo un gran “diálogo, negociaciones y acuerdos” y que la bancada priista, o algunos de sus miembros, se convencieron de apoyar a los morenistas. Así que haga sus apuestas ¿habrá PRI-Mor en el Senado?

AMLO y Del Mazo, civilidad

Durante su gira por el Estado de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un alto para visitar el municipio de Atlacomulco, la cuna del priísmo mexiquense, donde estuvo siempre acompañado por el gobernador mexiquense del PRI, Alfredo del Mazo Maza. En el traslado de Acambay a Ixtlahuaca, ambos políticos hicieron un alto para comer en el restaurante “El Corte”, donde platicaron de manera amena y de cómo trabajar coordinadamente en temas relevantes, como el combate al huachicol. Nos hacen ver que entre el presidente López Obrador y el gobernador Del Mazo se ha afianzado una relación de confianza y civilidad política.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el rey de España, Felipe VI, hizo ante el cuerpo diplomático de su país el uno dos con la línea del presidente, el socialista Pedro Sánchez, en el sentido de estrechar lazos con el México de Andrés Manuel López Obrador y el Brasil de Jair Bolsonaro.

El monarca manifestó su respaldo a la actividad internacional del gobernante, que ha incluido notablemente a América Latina, adonde volverá el 30 de enero para reunirse con el mandatario mexicano, en lo que marca una distancia evidente con la agenda de su antecesor, Mariano Rajoy.

QUE el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, no para de conferencia en conferencia y mañana le toca asistir a la comida en el Club de Industriales con el tema “Retos y oportunidades”, en Polanco.

Convocan la American Chamber, el Consejo Coordinador Empresarial, los industriales, el IMEF, los banqueros, las aseguradoras, el Comce y el Grupo de Estrategia Política.

QUE este lunes el CEN del PRD inició un proceso contra cuatro diputados federales, entre ellos el vocero de la fracción en la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes, y Mauricio Toledo, a quienes busca sancionar por votar a favor de la Guardia Nacional cuando el acuerdo como grupo parlamentario, y desde la dirigencia nacional, fue ir en contra.

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