Human Rights Watch (HRW) advirtió que el actual gobierno federal “heredó una catástrofe de derechos humanos” y criticó la violencia ejercida no sólo por el crimen organizado, sino también por el Ejército.
En su reporte mundial de 2019, la organización indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una crisis de derechos humanos basada en la violencia extrema ejercida por el crimen organizado así como un abuso generalizado a manos de la policía y el Ejército.
En el documento se señaló que las leyes aprobadas en 2017 respecto a desapariciones y tortura pudieron haber ayudado a enfrentarlas, pero la implementación ha fallado. En tanto, se refiere al Sistema de Justicia con fallas para las víctimas de crímenes violentos así como de violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con HRW, la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado a manos de las fuerzas castrenses ha generalizado las violaciones a derechos humanos y alerta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 4 mil 600 quejas por supuestos abusos de la milicia.
Entre 2012-2016, se registraron 505 investigaciones ante posibles violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, de las cuales, sólo 16 recibieron condenas.
Además, la publicación criticó a la Ley de Seguridad Interior, mientras que de la tortura dijo que esta práctica es común en el país para obtener confesiones o información y denunció que tan sólo en 2016, el 64 por ciento de las personas en prisión sufrió algún tipo de arresto; de este grupo, el 19 por ciento padeció de choques eléctricos, al 36 por ciento se les mantuvo la cabeza dentro del agua o se les sofocó, el 59 por ciento recibió golpes y al 28 por ciento se le amenazó con que le harían daño a su familia.
9 mil carpetas por tortura
HRW informó que entre 2012 y 2018, se abrieron más de 9 mil carpetas de investigación por tortura.
Aseveró que desde el 2006, las desapariciones forzadas se han generalizado y en agosto del año pasado se abrieron mil 255 investigaciones, sin embargo, no existe reporte de ninguna condena.
Otro tema abordado es el de las ejecuciones extrajudiciales, de las que no existen cifras y la mayoría de estos crímenes no son enjuiciados.
Luego está la sección de los ataques contra periodistas, en la que se explicó que, por las condiciones de inseguridad, las personas que ejercen esta profesión se autocensuran en muchas ocasiones.
Al respecto, entre enero del 2000 a agosto del año pasado, a 110 periodistas se les arrebató la vida y 15 desaparecieron, además de que el mecanismo de protección para este grupo de profesionales, se dijo que ha sido lento e insuficiente.
Para agosto de 2018, de los 152 casos de ataques contra periodistas sólo resultaron ser siete los de condena.
Por otro lado, se advirtió que las “leyes mexicanas no protegen adecuadamente” los derechos de mujeres y niñas especialmente contra las violencias doméstica y sexual.
Se reportó que en los crímenes contra personas migrantes hay responsabilidad de las autoridades; HRW se concentró especialmente en la detención de menores provenientes del triángulo norte de Centroamérica.
Al final del apartado sobre el país, dio a conocer las brechas que existen en torno a los derechos de las personas con discapacidad, incluso dijo que “México no progresó implementando el derecho a la capacidad legal para personas con discapacidad”.