La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que hubo irregularidades en la investigación del homicidio del periodista Pedro Tamayo Rosas en Tierra Blanca, Veracruz, y que la SSP no brindó protección al agraviado y sus familiares.
Por lo anterior, dirigió la Recomendación 89/2018 al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al fiscal de la entidad, Jorge Winckler Ortiz, en la que recordó que el 20 de julio de 2016, el comunicador recibió disparos de arma de fuego al exterior de su domicilio, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde falleció.
Había sido amenazado, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero el equipo de policías encargado no acudió aquel día al domicilio porque habían sido convocados a una reunión.
Además, el organismo confirmó que hubo dilación de los efectivos para brindar auxilio a la víctima y sus familiares; además, tres uniformados omitieron perseguir a los probables responsables señalados por los testigos, ni brindaron protección a su esposa.
FGE no integró bien la investigación
Aunado a ello, los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz omitieron integrar adecuadamente la investigación, la Fiscalía Especializada tardó en atraer el caso y no se inició pronto la indagación sobre la presunta participación de un funcionario municipal como probable responsable, a quien los testigos señalaron como uno de los agresores.
Por estos hechos, la CNDH recomendó a García Jiménez inscribir a los familiares de Tamayo rosas en el Registro Estatal de Víctimas; instruir al titular de la SSP para que el personal cumpla las medidas de protección que les soliciten; impartir cursos sobre el derecho a la libertad de expresión y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, y revisar si los policías cumplen con los exámenes de control de confianza.
En tanto, Winckler Ortiz debe instruir al personal ministerial para agotar las líneas de investigación que permitan identificar a los probables responsables; impartir cursos a los agentes del Ministerio Público de Tierra Blanca y de la Fiscalía Especializada sobre el Protocolo Especializado y derecho a la libertad de expresión, respeto, protección y garantía de los derechos a las víctimas.
Finalmente, ambos deberán colaborar con la CNDH en la presentación de las quejas ante la Visitaduría General de la Fiscalía General y la Contraloría Interna de la SSP, para deslindar responsabilidades de los servidores públicos y asignar a un funcionario como enlace para cumplir con la recomendación.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales