‘Huachicoles’ somos todos
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que el parte de la guerra contra el huachicoleo señala: mil 700 carpetas de investigación iniciadas en dos semanas, tres altos funcionarios de Pemex cuyos casos por daños a la nación se judicializaron y 4.5 millones de barriles de combustible asegurado. La contraparte en esta guerra son actos de sabotaje –que es una acción propia del terrorismo– y una rebelión de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, contra de un contingente de militares que perseguían a ladrones de combustible. La comunidad los enfrentó, tras acusarlos de disparar contra la población, y privó a tres de su libertad durante horas.
Esa zona es conocida por su actividad huachicolera, y no es la primera comunidad que se rebela ante los militares. El año pasado en Puebla, huachicoleros protegidos por los pobladores de municipios de la zona se enfrentaron con militares en varias ocasiones. También hubo enfrentamientos todo 2018 en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, lo que habla de la magnitud territorial del problema. López Obrador hizo un llamado a los pobladores de Santa Ana para que “no se mancharan” de sangre atacando militares, y pidió en general que no se comprara gasolina robada. Difícil empatar la ética frente a la sobrevivencia.
Un caso que puede ilustrar este dilema es el de San Salvador Huixcolotla, que tiene un mercado nutrido en hortalizas, frutas y ropa. Huixcolotla fue contaminado por la influencia de los municipios vecinos que se encuentran dentro de la zona del Triángulo Rojo, donde las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto, primero auspiciadas por Los Zetas y más adelante por el Cártel Jalisco Nueva Generación, es de dos millones de pesos diarios. Los huachicoleros aprovecharon la coyuntura en ese municipio y en el país, abierta por la liberalización del precio de los combustibles en enero de 2017.
Una externalidad del gasolinazo fue la proliferación del huachicoleo por razones económicas. En diciembre de 2016, el precio del litro de gasolina estaba en 14.81 pesos; el retiro de todos los subsidios en enero lo elevó a 17.05 pesos. Los huachicoleros expandieron sus mercados y llegaron a Huixcolotla, que se convirtió en un centro de distribución de combustible robado, gracias a la estrategia de los ladrones de combustible. Al elevarse el precio del diésel, llegaron a las comunidades más alejadas con la oferta de mitad de precio y colocado junto a sus cultivos. Para muchos, si no todos, la oferta era irresistible en el contexto de su subsistencia, y el huachicol penetró fácilmente el tejido social.
El huachicol mermó a Pemex. En 2016, las pérdidas reconocidas eran de 30 mil millones de pesos. Para 2018, dice López Obrador, ascienden a 60 mil millones, razón por la cual lo combate. Dentro de esta lucha, matizó este lunes la acusación directa sobre gobiernos anteriores de ser parte del crimen, e incorporó “o por su complacencia”. Esto se ajusta más a la realidad. En mayo de 2017 se publicó en este espacio que el presidente Enrique Peña Nieto intentaba salir de la pasividad en la que se encontraba ante el fenómeno criminal, después de una desesperante inacción, pero como reacción, no prevención. En ese momento se apuntó:
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Para ser estatistas, qué mal administran al Estado
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que el nuevo grupo gobernante, a diferencia de sus antecesores, cree en la capacidad del Estado para resolver muchos problemas sociales. Es parte de su ideología. Están, desde luego, en su derecho. Pero, para ser estatistas, destaca lo mal que están administrando al Estado. Doy tres ejemplos.
El primero tiene que ver con Pemex. La empresa propiedad del Estado es un desastre. Los lopezobradoristas piensan que esto se debe a que los gobiernos neoliberales hicieron todo lo posible para que fracasara y no quedara otra que privatizarla. Algo tienen de razón al decir que administraciones pasadas la ordeñaron tanto que la dejaron como una vaca demacrada. No creo que lo hayan hecho con el objetivo de quebrarla y luego transferirla al sector privado. Más bien la utilizaron con un fin político: extraer sus enormes utilidades para no tener que cobrarle más impuestos a la ciudadanía. En este sentido, hubo una administración más política que económica de la empresa.
Pero también es cierto que, como todo monopolio, Pemex estuvo pésimamente manejada. Como no tenía que competir, contrataba personal que no necesitaba, aceptaba generosas condiciones laborales para sus trabajadores, compraba a precios por arriba del mercado y toleraba múltiples actos de corrupción.
Resulta muy loable que el gobierno de López Obrador quiera revertir esta situación. El propio Presidente es un convencido de que puede rescatar a Pemex, aunque siga siendo un monopolio público. Los neoliberales, en cambio, pensamos que la empresa sólo podrá salir adelante cuando tenga que competir en serio con otras empresas. Pero eso es harina de otro costal. Lo importante es que un estatista como AMLO tiene que demostrar, desde el día uno, credibilidad de que efectivamente el Estado puede ser un buen administrador.
La semana pasada, fracasaron. No pasaron una de sus primeras pruebas. De pena ajena la presentación del director de finanzas de Pemex a los inversionistas en Nueva York. El problema no fue que Alberto Velázquez no hablara inglés o que sus láminas de Power Point tuvieran errores lingüísticos. El problema es que ni utilizó un traductor ni le solicitó a un editor profesional que corrigiera su presentación. Pero, según los presentes, lo peor fue el desconocimiento de este funcionario de las tripas financieras de la empresa. La realidad es que enviaron a un improvisado a convencer a los señores del dinero que tuvieran confianza en Pemex. Un ajolote frente a los tiburones de Wall Street. Las consecuencias no se hicieron esperar. La recomendación de los banqueros fue vender los bonos de Pemex con el inmediato incremento en el rendimiento que tendrá que pagar la empresa.
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La orfandad del PAN a la muerte de Moreno Valle
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que los insultos son producto de mentes perezosas. Florestán
Ayer se cumplieron 20 días de la dramática muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso; de su esposo, el coordinador panista en el Senado, Rafael Moreno Valle, y de tres personas más, sin que al momento se conozcan las razones del accidente del cual descarto la versión del atentado, como perversamente se manejó en las benditas redes con la perversión de señalar autores.
Entiendo, por los años que tengo de cubrir accidentes aéreos y por un tema que siempre me ha interesado, que una investigación de este tipo puede llevar mucho tiempo,algunas años, aunque hoy en día, con la modernización de la aviación y la tecnología, se acorte. No obstante, es un asunto de meses.
Dicho lo anterior, quiero entrar en el impacto político de estas muertes.
En el primer caso, Martha Erika dejó un vacío en Puebla de gobierno y de partido que lo está llenando Morena para las elecciones extraordinarias.
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Gol de Nieto contra el huachicol
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que como una primera anotación, utilizando el argot futbolero, se vio en el actual gobierno federal el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, que detectó lavado de miles y miles de millones de pesos, producto de la actividad ilícita del huachicol, de la extracción de combustibles en Petróleos Mexicanos. Nos explican que la cifra inicial del blanqueo de dinero arroja 10 mil millones de pesos de 2017 a 2018. Sin embargo, nos dicen, esa cantidad es apenas el primer reporte de las instituciones financieras. En pocas palabras, el lavado de dinero en el que participaron funcionarios, ex empleados de Pemex, políticos, gasolineros y empresarios puede ser mucho mayor, con una cifra aproximada de 45 mil millones de pesos, como se publica hoy en la primera plana de la edición impresa de EL UNIVERSAL. ¿Antes nadie se dio cuenta de los movimientos, los flujos de dinero procedentes del robo de combustibles?
Indignación tardía
Funcionariosde la antigua administración continúan muy activos en Twitter y otras redessociales, protestando por la situación de desabasto de gasolina que se vive enel país. El último fue el ex secretario de Educación, Otto Granados Roldán,quien a través de su cuenta de Twitter ha compartido mensajes de autores quecomparan la situación actual que se ha vivido en las últimas dos semanas con laépoca de racionamiento en la Polonia comunista y las largas filas que teníanque hacer los polacos para conseguir alimento. Lo que ni don Otto ni algunosotros ex funcionarios indignados comentan es que esta situación de desabastoes, en gran parte, derivada del combate a un delito que no tuvo freno e,incluso, floreció durante el pasado gobierno. ¿Qué opinaba hace unos meses elex secretario del robo de combustible y del daño que esta actividad criminalcausa a la sociedad? En su cuenta de Twitter no aparece ninguna crítica alrespecto en años pasados, es decir, su indignación llegó con algo de retraso.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que por cuestiones de agenda, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, descartó su asistencia a la reunión de hoy con diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar el desabasto de combustibles, por lo que enviará en su representación a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para exponer la versión oficial, al lado de la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero, y el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield.
La mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión, encabezada por Mario Delgado, consiguió además ponerle un límite de dos horas a la presentación de los funcionarios, con la posibilidad de considerar una tercera ronda de preguntas de los legisladores.
QUE en Morena hay preocupación porque a unas horas del periodo extraordinario no hay acuerdos para elegir fiscal general, pues aunque el coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, ha hecho su trabajo por acercarse a las diferentes bancadas, el tema de la Guardia Nacional en San Lázaro complicó la negociación.
La comparecencia ayer de 15 aspirantes mostró que la Cámara no tiene mucho de dónde elegir, pues el comentario general fue que los aspirantes están “muy verdes” para ese cargo.
QUE un juez federal desechó un amparo solicitado por el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien busca protegerse de la denuncia de juicio político que presentó en su contra Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales, recurso que revisa la comisión instructora del Congreso estatal.
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