Para eliminar “lagunas” legales de la Constitución de Puebla, en el Congreso local se propuso que un gobierno interino deba ser designado con el voto de por lo menos dos terceras partes de los diputados, mientras que la BUAP pidió avalar un crédito de 208 millones de pesos.
En sesión ordinaria del pleno, la primera de este año y del periodo ordinario de sesiones, se planteó reformar dos fracciones del artículo 57 constitucional, a fin de establecer criterios claros sobre el nombramiento.
La propuesta contempla agregar a los numerales 4 y 19 una línea que diga que el poder Legislativo podrá designar un gobierno interino sólo con el aval de al menos 28 de los 41 diputados que hay en total.
La iniciativa de ley fue presentada este martes por Rocío García Olmedo, coordinadora de la bancada del PRI, al señalar que la Constitución no refiere nada sobre la elección de un interinato, de forma que hay un vacío legal.
Reconoció que esta “laguna” fue descubierta hasta ahora que el Congreso del estado debe nombrar un gobierno interino tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, por lo que urgió a fijar un lineamiento sobre cómo debe ser la votación.
Se suman PT, MC y NA
Su planteamiento fue apoyado por los grupos parlamentarios del PT, MC y Nueva Alianza (NA), para luego enviarse a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde será discutida, analizada y eventualmente aprobada.
De avalarse en comisión, se turnará al pleno, donde requerirá del voto de dos terceras partes del Legislativo para aprobarse, por tratarse de una reforma constitucional.
Al ser sujeta de análisis es muy probable que la reforma no se aplique para la votación del gobierno interino que se debe nombrar antes del 25 de enero, pues sólo faltan diez días para que venza el plazo y ahora los diputados analizan más de 38 perfiles y la persona electa también saldrá de Gobernación, de modo que se dará prioridad a la selección de quién encabezará el gobierno estatal por los próximos cinco meses.
Durante la sesión, en asuntos generales, el Congreso recibió un oficio de la BUAP, en el cual solicitó a los diputados que avalen una línea de crédito por 208 millones de pesos.
No se leyó el documento en su totalidad, pero se especificó que el dinero se pretende invertir en “inversión pública”.