Detrás del ‘huachicol’
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en su campaña presidencial que habría amnistía a quienes hubieran participado en el narcotráfico, hubo quien vio una ventana de oportunidad. Fue Miguel Ángel Treviño, El Z-40, el jefe de Los Zetas, preso desde julio de 2013, quien a través de sus abogados envió un mensaje a la campaña del candidato presidencial. Se comprometía a reducir en un 50 por ciento la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la presidencia, que no lo extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada, porque el 19 de julio del año pasado salió de México hacia una cárcel en ese país.
Los Zetas siguieron administrando su empresa criminal, a la que entraron hace casi 15 años, cuando por falta de droga se diversificaron hacia el robo de combustible. Fue el primer cártel que entró en ese negocio. Los Zetas lo convirtieron en una operación transnacional, y vendieron cuando menos 46 millones de dólares en petróleo a refinerías en Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios y varios de sus directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es la que más ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, uno de los más grandes fenómenos criminales de este siglo.
De acuerdo con un documento del Centro de Energía Global del Consejo de Atlántico, una organización privada estadounidense que nació en 1961, publicado en 2017 (Downstream Oil Theft: Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio criminal deja utilidades anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al PIB de Kuwait, una de las naciones petroleras. El informe cita 10 casos de estudio, incluido México, en donde dice que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos, representa a un cártel ganancias de 90 mil millones de dólares. Un ingeniero de Pemex fue detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma clandestina que dejaba sin reportar.
El informe menciona que la delincuencia organizada es la que más está involucrada en el robo de hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o empleados gubernamentales, comunidades ‘desesperadas’ porque no tienen otra forma de obtener recursos, políticos y terroristas. En el caso mexicano, de acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la Comisión Reguladora de Energía, además de cárteles participaban del llamado huachicoleo grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, empleados y exempleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios. Paradójicamente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni éste se lo planteó como una prioridad.
No fue prioridad del Estado mexicano hasta el 27 de diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La crisis del abasto de combustible, resultado de la incompetencia de las autoridades energéticas en la planeación adecuada de la distribución para acompañar ese combate, ha sido capitalizada por López Obrador para socializar didácticamente el problema e ir construyendo un consenso nacional que no tuvieron anteriores gobiernos, para ir a golpear al corazón del huachicoleo, que se encuentra en quienes son los principales responsables, por cuanto a beneficios obtienen, del robo de hidrocarburos, y quienes pudieran ser figuras emblemáticas involucradas en el delito que manden un mensaje a quien quiera seguir delinquiendo: quien quiera seguir delinquiendo que sepa que la pasividad y la tolerancia se acabaron, y si los atrapan, pagarán las consecuencias.
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Dos preguntas dos al Presidente
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que no distinguen entre el dibujo y el garabato. Florestán
En la crisis derivada de la decisión presidencial de combatir de frente el robo de combustible, que en los últimos 18 años superó cualquier capacidad de comprensión, Andrés Manuel López Obrador ha tomado la determinación de asumir el costo político, el desgaste social y la responsabilidad, que saludo y le reconozco, de ser la única fuente de información, tal y como ha instruido a los suyos.
Enuna interpretación equivocada de mi parte, ayer afirmé que su equipo lo había dejado solo en esta cruzada, pero hoy veo, y me documentan, que no es falta de solidaridad, sino su voluntad de encarar personalmente responsabilidad y comunicación, lo que lleva a un deterioro inevitable producto de la toma de decisiones y el disgusto social que se superará con resultados.
Esto ha llevado a dejar vacíos en la información porque ni es un especialista, que no tiene por qué serlo, ni tiene toda la información al detalle.
Por eso han quedado sin respuesta dos temas de los que ayer se hablaron, incluso documentaron: primero, que el gobierno de México había dejado de comprar gasolinas a Estados Unidos desde noviembre pasado, tras una reunión, en octubre, de Rocío Nahle, hoy secretaria de Energía, y Octavio Romero, hoy director de Pemex, con el entonces titular, Carlos Alberto Treviño Mora, en la que le instruyeron suspender la importación de gasolinas que en aquel octubre había sido de 19 millones 236 mil barriles, el máximo desde que hay registro, enero de 1993; y, segundo, que 12 tanqueros permanecen fondeados desde el 31 de diciembre frente a los puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan, con 4 millones de barriles de combustible que no han sido pagados y cuyo costo de flete va de 600 mil a un millón 200 mil dólares diarios.
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Caso Maduro pone a prueba a México
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que vaya tarea y desafío que le espera a la diplomacia mexicana entre los gobiernos de América Latina y El Caribe, después de que la Organización de Estados Americanos votó por el desconocimiento del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos recuerdan que México ha jugado un papel protagónico en la OEA, principalmente para conseguir votos a favor de distintos proyectos. Luego de no tomar partido en este caso, de votar en abstención, los embajadores de México en la región ahora tendrán que hablar con cada uno de los ministros de Relaciones Exteriores que consideran ilegítima la nueva presidencia de Maduro, amén de explicar convincentemente la posición mexicana, con tal de no perder apoyos en el continente americano. Titánica labor diplomática, nos comentan.
Las ventajas de no tener marido
Un intercambio jocoso se dio el jueves entre legisladoras. La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, dio la receta para que nadie más se vuelva a sentir mal por no tener en la vida una unión matrimonial. El descubrimiento salió a la luz en medio de las audiencias de la Guardia Nacional en el Congreso, cuando la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo que ella tiene “la ventaja de que a mí no me da línea mi marido, menos un gobernador”. Para suertuda, suertuda y media, intercambiaron las legisladoras. “Yo tengo una ventaja mejor que la tuya, yo no recibo ninguna línea de mi marido porque no tengo marido”, reviró doña Lorena a la panista. Pues eso, en épocas de la Cuarta Transformación, no tener marido será más ventajoso que tenerlo. ¿Ese será el mensaje de tan singulares intervenciones?
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la emoción le ganó ayer a Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante el tercer día de las audiencias sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados.
Encontraste con la formalidad del acto, estalló en aplausos para Alejandro Madrazo y hasta le dio un par de palmadas en la espalda, luego de que el académico cuestionó con severidad la iniciativa y demandó a la mayoría de Morena diseñar instituciones “para un país, no para un hombre”.
QUE por cierto, la diputada Tatiana Clouthier confía en que su bancada de Morena corrija el dictamen para la creación de la Guardia Nacional y quede a cargo de un mando civil y no de un militar, como exigieron ayer organismos internacionales, académicos, investigadores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. A ver qué tanto pesa su opinión.
QUE legisladores de oposición insistirán en que la sociedad civil pueda estar invitada para designar a los 10 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República e incluso Samuel García, senador de MC, ha señalado que no quitará el dedo del reglón para que haya comparecencias y entrevistas de los aspirantes.
Todo indica, empero, que el próximo lunes la Junta de Coordinación Política del Senado aprobará a los candidatos a palomear en el periodo extraordinario de sesiones, que se realizará el miércoles, para que se envíen al Ejecutivo.