De 2013 a la fecha, interpusieron 201 denuncias contra la Sedena y la Semar por violar los derechos humanos, de las que 24 están en proceso, hay siete sentencias condenatorias y siete absolutorias, lo cual evidencia que prevalece la impunidad.
Así lo dio a conocer Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la audiencia pública relativa a la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, convocada por la Cámara de Diputados, donde señaló que lo anterior es parte de la problemática que implica aprobarla.
Detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con 137 denuncias: 20 en proceso, seis sentencias condenatorias y cinco absolutorias; respecto a las responsabilidades administrativas, hubo dos inhabilitaciones de un año, tres destituciones de 10 a 15 años y cuatro amonestaciones públicas.
De la Secretaría de Marina (Semar) hay 64 denuncias: cuatro en proceso, una sentencia condenatoria y dos absolutorias; aunado a esto, dos han sido suspendidos por 30 días y cuatro han recibido una amonestación privada.
Dictamen de Guardia cuenta con fallas
En su intervención, destacó que el dictamen que se plantea para crear la Guardia Nacional adolece de fallas y la principal es que pone en riesgo las probabilidades de que se violenten los derechos humanos, además de que se propone fortalecer la institucionalidad civil como modelo para una mejor seguridad pública.
No obstante, indicó que es insensato retirar en estos momentos a las fuerzas armadas, pero también lo sería apostar para que sean “el eje de resolución de un problema de seguridad pública de manera permanente”.
Agregó que se tiene que analizar la parte del uso de la fuerza pública, ya que México cuenta con tratados que establecen que el Estado está suscrito a obligaciones internacionales para reformar su ordenamiento interno, restringiendo lo más posible el uso de las fuerzas armadas.
En entrevista posterior, declaró que espera que se fortalezca la institucionalidad civil, sin retirar a los militares, por el momento, de donde sea necesaria su intervención, respetando sus derechos desde una perspectiva de institucionalidad civil, con los contrapesos correspondientes, el de la supervisión interna y externa, y tomando en cuenta los estándares internacionales.
Confió en que los legisladores escucharan a la sociedad civil y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para que se reconstruya el dictamen en conjunto, con el fin de que “esté apegado a lo que debe ser un modelo de seguridad ciudadana de un Estado Democrático de Derecho”.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
