Las autoridades federales han omitido adoptar acciones normativas para regular adecuadamente el manejo de los plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente, lo cual fue denunciado por 43 personas entre julio y agosto de 2017.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 82/2018 a los titulares de la Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
El organismo comprobó que el marco legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite el uso de sustancias que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente.
Destacó que, de los 35 plaguicidas restringidos por el Convenio de Rótterdam, por ejemplo, México prohibió la importación de sólo 20 de ellos, permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones para diez y del resto no se ha pronunciado; mientras, de los 17 pesticidas incluidos en el de Estocolmo, sólo se ha adherido a las condiciones de dicho tratado para ocho de ellos.
Leyes deben modificarse
Con ello, el organismo acreditó que se violan los derechos humanos en agravio de la población en general, de manera que exhortará al Congreso de la Unión modificar las leyes en materia de plaguicidas, y a Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), impulsar la firma del Convenio 184 sobre seguridad y salud en la agricultura de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aseveró que la Cofepris no investiga permanente los riesgos a la salud que origina la contaminación del ambiente por plaguicidas, la Semarnat no ha prevenido la contaminación ambiental por el uso no controlado de estas sustancias tóxicas, además de que la Sader y Senasica no han armonizado las medidas fitosanitarias en materia de plaguicidas con los estándares internacionales.
La CNDH recomendó a las cuatro dependencias cumplir los convenios de Estocolmo, Rótterdam y el Protocolo de Montreal, así como armonizar las disposiciones administrativas secundarias, manuales de organización y procedimientos internos, tomando en cuenta lo estipulado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Red de Acción en Plaguicidas.
Instó a las autoridades federales a que propongan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la inclusión de objetivos para reducir al mínimo los riesgos a la salud y el medio ambiente dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y que inicien el procedimiento administrativo para revisar y actualizar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de plaguicidas.
Servidores públicos necesitan capacitación
Asimismo, deben crear un Comité Especializado en la Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de Plaguicidas Altamente Peligrosos, integrado por servidores públicos capacitados, investigadores y organizaciones civiles; implementar programas de capacitación dirigida a los servidores públicos sobre derechos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, y colaborar con la CNDH en los procedimientos que se les instruyan.
En particular, la Cofepris debe proponer al Ejecutivo incorporar medidas restrictivas para todas las sustancias contenidas en los tratados mencionados e implementar atención médica en zonas agrícolas a posibles personas intoxicadas; en tanto, la Semarnat deberá elaborar un diagnóstico del estado actual de contaminación de suelos y agua superficial y subterránea por plaguicidas en las zonas agrícolas.
En el caso de la Sader, habrá de analizar los riesgos asociados al uso y manejo de los plaguicidas y formular el Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales que observe los parámetros necesarios para evitar daños, mientras que a la Senasica le pidió determinar los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y publicar un manual en el que se establezca un procedimiento único para su monitoreo.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales