Dejémonos de tonterías
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que como decíamos ayer, parafraseando a Miguel de Unamuno, después del reposo, el encono sigue y la polarización avanza. Su última expresión, el ejecutómetro del periódico Reforma, publicado el miércoles pasado, que mencionaba, sugiriendo actos del crimen organizado, que el número de asesinatos durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido 65 por ciento superior al último mes de gobierno de Enrique Peña Nieto. Quienes antes validaron esa misma no-metodología de Reforma, la criticaron en defensa de la nueva administración, y quienes antes criticaban a los críticos por utilizarla para denostar a quienes ya se fueron, hoy los censuraron por su incongruencia. La realidad es que todos están y estaban mal, nunca quisieron aceptarlo, y soslayan los temas de fondo sobre el tema de la seguridad que son los que deberían de estar en la mesa de la discusión.
Los ejecutómetros han sido por más de una década el instrumento periodístico más engañoso que existe, porque no explicó absolutamente nada del fenómeno de la inseguridad y sí, en cambio, distorsionó la realidad y contribuyó a que México fuera equiparado en términos de violencia a los países asiáticos en guerra. Pero cualquier persona que haya estado en Siria, Irak o Afganistán, sabe que es falso. Puede haber más periodistas muertos en México que en esos países, pero no porque las condiciones de trabajo sean mejores en esas naciones rotas, sino porque la prensa no se mueve por donde quiera, como en este país. La libertad de movimiento [que hay] en México no existe en esos países en guerra, donde prácticamente ningún periodista que quiera salir vivo, se adentra en la zona de conflicto sin acompañantes de una de las fuerzas beligerantes. Esto, por supuesto, no reduce la gravedad de la violencia que se vive en México.
Los ejecutómetros los comenzó a hacer El Universal a mediados de la década pasada, y fue el primero en desecharlo como herramienta de trabajo. El primer error explícito, como señalaron los neocríticos de Reforma, es que legalmente no existe el delito de ejecución, por lo cual su interpretación es subjetiva. No importa cómo se le disfrace –v.g., que fuese resultado de un choque entre pandillas–, son llanamente asesinatos. ¿De dónde sale que todos los homicidios dolosos son perpetrados sólo por el crimen organizado? De la imaginación periodística que fuerza una información para hacerla verosímil.
Dedicarle la prensa tanto empeño a esta desinformación, llevó a que varios fenómenos importantes no fueran registrados en su plena dimensión para entender lo que estaba sucediendo. Niños empuñando armas fueron vistos como una degradación de la violencia, y no como uno de los ejemplos de cómo el Estado mexicano iba ganando la partida a las organizaciones criminales, que tenían que reclutar miembros cada vez más de chicos ante la pérdida de sus cuadros. Las fugas en las cárceles de miembros de cárteles se registraron unidimensionalmente, y no como una externalidad de que el reclutamiento de niños y jóvenes tampoco funcionaba y necesitaban a su gente experimentada. Los asesinatos en las cárceles tampoco fueron vistos como otro de los fenómenos de esa lucha, donde los cárteles empezaron a matar a sus rivales en las prisiones para evitar que replicaran otros la estrategia. Todo esto nos pasó de noche y seguimos envueltos en la misma discusión fallida.
El Séptimo Informe sobre Violencia Política de la consultora Etellek en septiembre pasado –aún no sale el octavo–, estableció que en el periodo entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto pasado, hubo en México al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados, de los cuales 63 ataques y 21 homicidios dolosos contra políticos se registraron después de las elecciones presidenciales. De ese gran total, precisó Etellekt, el 81 por ciento fueron contra opositores del PRI y de las coaliciones gobernantes en las 32 entidades. Estábamos muy mal y no estamos bien. Hace una semana, 90 minutos después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio fue asesinado.
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Se cae acusación contra ex procurador en el caso de El Chapo
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que como un yunque se cayeron las acusaciones de uno de los testigos en el caso de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien señaló al ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, de haber recibido sobornos del narcotráfico. Jorge Milton Cifuentes Villa, testigo protegido de la DEA, hace referencia a hechos delictivos en México en el año de 1995 y aseguró que en esa época sostuvo una “relación corrupta” con Morales Lechuga quien afirmó era el procurador general de la República. Sin embargo, el narcotraficante nunca se enteró de que don Ignacio fue titular de la PGR de mayo de 1991 a enero de 1993 y que en 1995 no solamente no era procurador, sino que estaba del otro lado del Océano Atlántico sirviendo como embajador de México en Francia, por cierto, el propio gobierno francés le otorgó en 2014 la “Condecoración de Oficial de la Legión de Honor”, por su contribución al estrechamiento de la amistad franco-mexicana, en parte por su trabajo como embajador. Así que los dichos del narcotraficante y testigo protegido se hunden como un yunque.
Funcionarios, aún sin declarar bienes
El reloj corre y aún quedan varios miembros del gabinete sin hacer públicas sus declaraciones de bienes y de conflicto de intereses como lo prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que al menos algún titular de secretaría abrirá esta misma semana el detalle de sus recursos y propiedades y los de su cónyuge para hacer frente al ultimátum presidencial de que el que no cumpla se tendrá que ir. Nos comentan que varios de los funcionarios recibieron claro el mensaje del mandatario de que “no hay por qué ocultar lo que se tiene”, y se preparan para hacer públicos sus bienes. ¿Hasta cuándo tendrán tolerancia presidencial para abrir la información? ¿Todos cumplirán? ¿Todos se quedarán en el gabinete?
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que con la decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador desde diciembre, de combatir el huachicoleo con el cierre de ductos, se volvió imposible suministrar a las terminales de almacenamiento vía pipas o ferrocarril.
Y es que aun teniendo el producto en las terminales, resulta muy complicado abastecer a todas las gasolineras con las pipas actuales.
En las costas hay mucho combustible porque llegan los barcos con producto importado, pero sin ductos no existe forma eficiente de llevar ese producto al centro del país, donde más pega el desabasto. A ver si es cierto que ya le abrieron a la llave.
QUE ante las protestas en los aeropuertos de Chihuahua y Baja California, los gobernadores Javier Corral y Francisco Vega, respectivamente, prefirieron no recibir al Presidente sino hasta el evento correspondiente.
Eso sí, su línea era muy precisa: dejar en claro que son de distintas ideologías, pero trabajarán juntos.
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