En casi 100 días de su gobierno, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ha incumplido en revertir la privatización del agua, frenar los asaltos con violencia en transporte público, bajarse el salario al 50 por ciento y regular el comercio informal en el Centro Histórico.
Así lo indicaron Marco Antonio Mazatle Rojas e Irene Herrera Delgado del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano (OCLP) quienes en rueda de prensa aseveraron que Puebla capital se ubica dentro de los 11 municipios del estado con los índices delictivos más altos, con presencia de la llamada Guardia Nacional.
Ese es uno de los mayores retos de la edil pues la inseguridad creció durante 8 años de gobiernos panistas, así como afirmaron que, en los últimos cinco años, el exgobernador Rafael Moreno Valle se sirvió con “la cuchara grande” al privatizar por 30 años, y con la posibilidad de ampliarse hasta medio siglo, la administración del servicio del agua a la empresa Concesiones Integrales, en la que también tendría recursos invertidos la familia Hank González.
Reclamaron que la presidenta municipal, regidores y funcionarios de primer nivel se bajen el salario al 50 por ciento, como sí lo han hecho otras administraciones de la coalición Juntos Haremos Historia, pues está el ejemplo del gobierno municipal de Coronango, donde el alcalde Antonio Teutli Cuautle lo redujo, sin “tener que pretextar” que su sueldo es mucho menor que el del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
“La postura de Claudia Rivera sólo ha sido mediática, pues mientras asegura que cuentan con voluntad para buscar alternativas de solución a la reubicación de los vendedores del Centro Histórica, la realidad es que no ha tenido interés en dar solución al tema para que miles de familias trabajen amparadas en la ley”, lanzaron.
Criticaron que hay falta de voluntad política por parte de la administración municipal y que, probablemente haya presuntos acuerdos políticos con el grupo de Moreno Valle, lo cual –recalcaron– no sólo pone en riesgo la gobernabilidad en la capital de Puebla, sino que genera un desencanto que se verá reflejado en las elecciones del próximo 27 de enero en las juntas auxiliares.
Critican convocatoria de juntas auxiliares
Al respecto, se pronunciaron en contra de la convocatoria de la elección en juntas auxiliares por violentar los usos y costumbres de las comunidades originarias de San Miguel Canoa y La Resurrección, por lo que le exigieron no poner obstáculos a los candidatos.
Y es que explicaron que el documento “impone” tres documentos que expiden instituciones públicas, como es la constancia de vecindad, antecedentes no penales y de no habilitación, sin embargo, los aspirantes debieron obtenerlos en menos de tres días, incluyendo este sábado y domingo, cuando las dependencias estatales y municipales no laboran.
“Pareciera que le hace el trabajo sucio al Partido Acción Nacional (PAN), al permitir que la derecha continúe teniendo el control de las 17 comunidades de la capital”, fustigaron.
Por ello hicieron un llamado a la munícipe emanada de Morena para que asuma su responsabilidad y gobierne Puebla. “No queremos más novatos ni gente que no cuenta con capacidad para sacar adelante a la ciudad”.
Finalmente, se solidarizaron con los 27 trabajadores sindicalizados rescindidos por el ayuntamiento de Puebla, en la administración de Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato, así como anunciaron que harán una consulta ciudadana en el zocalo de la ciudad de Puebla y una marcha la primera quincena de enero.