Cartas a Gracia
La carta que te envié el lunes 31 de diciembre fue la última del año Gracia y la de hoy -siete de enero- sería la primera del 2019, ciclo en el que espero continúe el intercambio de impresiones vinculadas a temas educativos vigentes. Para configurar la agenda que nos ocuparía pondría a tu consideración, lo mismo que al de las maestras y maestros, amigas y amigos con quienes tienes contacto, algunos temas que considero relevantes y esperaría que ustedes, como resultado de sus conversatorios, incorporaran otros producto de sus experiencias de trabajo. Enlistaría algunos que ocuparán nuestro espacio epistolar; por ejemplo, los que se referirán al seguimiento que le daremos a la iniciativa de reforma a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales enviada por el titular del ejecutivo federal al Congreso de la Unión y por supuesto, las reacciones que provoca la propuesta que deroga la fracción III y modifica la fracción IX del artículo 3º de la Constitución y sus consecuencias -entre las que se encontrarían la derogación de la Leyes del Servicio Profesional Docente y la del INEE-; mientras acuso recibo del libro La Educación y los Retos de 2018 (editado por la UNAM y compilado por Hugo Casanova Cardiel) que me enviaras el sábado de reyes y del que de inmediato inicié lectura.
Sin embargo Gracia, nadie podría asegurar -todavía- que la suerte de la iniciativa de reforma al 3º está echada y que sería aprobada tal cual la remitiera en diciembre pasado AMLO. Para lograrlo se requerirá, de acuerdo a lo que establece el artículo 135 del Título Octavo de la Constitución (De las Reformas a la Constitución), que “las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones” en ambas cámaras; lo mismo que en la mayoría de “las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”. No obstante y por el momento, ninguna fracción parlamentaria o coalición, alcanzaría por sí misma los votos requeridos para tal efecto ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores y mucho menos en la mayoría de Congresos locales, cuestión que permite vislumbrar discusiones azarosas y cabildeos amplios que permitan tomar acuerdos en la materia.
No sucedería lo mismo Gracia si la nueva administración federal, en uso de sus facultades y atribuciones, considerara eliminar de tajo la currícula propuesta por el “Nuevo Modelo Educativo” y sustituirla por otra acorde a sus valores, dado que tanto el artículo 3º vigente como la redacción propuesta para el nuevo, reservan la determinación de los planes y programas de estudio de educación básica y normal, al ejecutivo federal.
Por otra parte, te podría asegurar que dedicaremos algunos comentarios a la “nueva” relación que se establezca entre madres y padres de familia y maestras y maestros por un lado; y por otro, la que se derive de la relación entre las y los mencionados y las autoridades educativas locales y federales. Vale la pena considerar que madres y padres de familia desean contar con un personal docente que no falte a clases y que cumpla con su trabajo -calificado, serio y responsable- que contribuya al desarrollo integral, humanista, basado en valores, científico, equitativo e inclusivo, solidario, nacionalista, como establecen los fines y principios de la educación plasmados en el artículo 3º; al tiempo que maestras y maestros desean ser reconocidos moral y económicamente (fundamentalmente los que laboran bajo contratos menores a 20 horas semana-mes), por la calidad del trabajo que desarrollan con las y los menores que le son confiados.
Las aportaciones voluntarias -que en realidad son cuotas obligatorias- destinadas por madres y padres de familia para asegurar un lugar en la escuela a la que desean asistan hijas e hijos, constituirá también un motivo de plática; de ellas depende –en muchas instituciones- la contratación de personal de apoyo y asistencia a la educación ante la carencia de recursos humanos que debieran destinar las autoridades educativas (al margen de la normatividad que lo prohíbe), lo mismo que de personal docente especializado -incluso empresas- como lo estable el Acuerdo Número 11/05/18 relacionado con la Autonomía Curricular; el pago de luz, agua, teléfono e internet; la compra de enseres de limpieza; el mantenimiento correctivo y reparaciones de las instalaciones escolares; la compra de equipo de cómputo; la edificación de instalaciones para talleres y laboratorios y el enrejado para su protección; la cuota “ilegal” para cubrir las necesidades de las supervisiones escolares y las jefaturas de sector; las coperachas para los gastos de transporte de los comités de padres de familia y del personal directivo cuando deben realizar gestiones ante instancias gubernamentales, etc.
También sería motivo de conversación Gracia, el papel de gendarmes de las autoridades locales o de los órganos sindicales que desempeñan -en la mayoría de las ocasiones-, las y los supervisores escolares y sus superiores a cargo de las de las jefaturas de sector. En más de una oportunidad y con mucha recurrencia, medios masivos de comunicación dan cuenta de conflictos originados por estos personeros, primer autoridad de contacto para quienes en las escuelas, se desempeñan frente a grupo o como personal directivo y de quienes como tutoras y tutores de niñas y niños, plantean cuestiones que les afectan. Actúan a su completo arbitrio y a menudo, con el pretexto de no tener presupuesto oficial, recurren a la solicitud de dádivas que les otorguen madres, padres de familia y directivos de escuelas particulares (en ocasiones bajo el formato de cuotas oficiosas o de pago de inscripciones a algún evento oficial so pretexto del pago de arbitrajes). Total Gracia que hay mucha tela de donde cortar para cumplir con los propósitos de año nuevo que concertemos.
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