La Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla planea tipificar como delito la violencia política de género en el mes de febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones y se haya nombrado el gobierno interino, anunció la presidenta Vianey García Romero.
Las penas que se contemplan aplicar van de 3 a 6 años de cárcel para quien incurra en esta práctica, así como otras sanciones para partidos políticos, candidatos o instituciones que obstaculicen la participación de las mujeres.
En entrevista, la diputada de Morena señaló que el análisis de la iniciativa se retrasó debido a que el proceso electoral concluyó cuando se declaró la validez de la elección de la gubernatura apenas el pasado 8 de diciembre, siete días antes de terminar el periodo ordinario de sesiones.
Por tratarse de reformas en materia electoral, no se podían aplicar mientras no concluyera el proceso electoral, por lo que se comprometió a retomar el análisis del proyecto de ley a partir del 15 de enero, que reanudará el trabajo legislativo tras el receso por el periodo vacacional.
Calculó que el análisis de las reformas tomaría unas dos semanas, de modo que para febrero se estaría aprobando la iniciativa promovida por la priista Rocío García Olmedo.
Garantiza aprobación
Adelantó que la comisión que encabeza está a favor de la propuesta, al igual que prometió el voto de sus compañeras de la coalición Juntos Haremos Historia, así que dio por hecho que la violencia política será tipificada como delito.
Esto mediante una serie de reformas la Constitución del estado, el Código Penal, la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se establecen los criterios para los castigos.
Además de cárcel, la iniciativa contempla quitar el registro a los candidatos que agredan a sus contrincantes por su condición de mujer, así como multar a los partidos políticos que bloqueen o frenen la participación femenina.
Lo anterior es importante dado que Puebla es uno de los 11 estados del país donde la violencia política no está reconocida como delito, a pesar de que fue el estado que registró más agresiones en el pasado proceso electoral, con 15 casos en total.