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Amarga Navidad para los empleados de confianza

Desde luego que muchos miembros de las altas burocracias de México han abusado de su poder y de sus cargos. Ni duda cabe que hacía falta una revisión y un ajuste serio y responsable de lo que sucedía en los más altos niveles politicos con respecto a sueldos y prebendas. El encargado de revisar y corregir estos abusos mediante la revisión y aprobación de la ley de retribución a servidores públicos y el presupuesto que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados federal, son los diputados, nada menos que la mayoría morenista, quienes sin haber cumplido ni 4 meses en el cargo se autorizaron más de 209 mil pesos de aguinaldo y apoyos por asistencia legislativa. Chulada de ejemplo de austeridad. Y mientras eso hicieron , se ha desatado una cacería de brujas verbal y laboral contra quienes llevan la carga más pesada en el gobierno federal: los funcionarios del servicio civil de carrera y los empleados de confianza.

Entiendo perfectamente que las cabezas de secretarias y delegaciones deban ser removidos para permitir que el nuevo gobierno coloque a personas que son parte clave de la implementación de su proyecto de país, pero quienes concursaron su plaza hace 15 o 20 años y reunieron los requisitos técnicos para acceder a un cargo que requiere especialización, no tienen porqué recibir el trato que se les está dando, no tendrían porqué irse, ni mucho menos ser obligados a ello modificando su contrato laboral de manera arbitraria. Estamos hablando de 300 mil personas con perfiles muy distintos: técnicos en informática, técnicos forestales, psicólogos infantiles, abogados especializados en litigios agrarios, minería o defensa del agua, ingenieros hidráulicos, biólogos o administradores con habilidades muy concretas para dar seguimiento a trámites que no van a desaparecer. Todos ellos fueron contratados bajo el amparo de una Ley Federal del Trabajo vigente, misma que hoy modifican quienes más estarían obligados a respetarla. Se ha anunciado ya un recorte de 198 mil personas.

Cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia en diciembre de 1994 y quiso disponer de plazas para las gente que llegaba con él, se llevó la desagradable sorpresa de que los fondos y pensiones de las personas a las que pretendía despedir, habían sido consumidos, quemados, gastados o robados y que el fondo de pensiones del seguro social estaba desfalcado. En esa terrible quiebra del estado mexicano de 1994/95, el gobierno carecía del dinero para pagar lo que debía a quienes quería despedir. El dinero que se les retuvo cada mes a los empleados se había esfumado. Hablo de los trabajadores de confianza y del servicio civil de carrera, no de los sindicalizados, quienes son, y han sido, intocables. Muchas de las conquistas laborales de los sindicalizados son absurdas, pero otras, como el aumento del salario de acuerdo a la inflación, son justas. No ha sido así con los empleados de confianza o con el 9% de quienes forman parte del servicio civil de carrera. Sus sueldos están congelados desde la administración de Fox. Los recortes presupuestales los han afectado a ellos más que a nadie y su carga de trabajo ha aumentado cada año. Si algo los compensaba era la certeza de su intocable fondo de ahorro y seguro de separación en caso de despido, medida diseñada por Zedillo para evitar en el futuro un desfalco como el que él recibió. El otro estímulo eran los seguros médicos de MetLife, otra medida que se diseñó para compensar el colapso de los servicios médicos públicos, también quebrados en 1995. Unas por otras. Con la nueva ley de remuneraciones, personas con alta capacitación ganarán menos que un sindicalizado ,que quizás heredó la plaza y que solo estudió primaria. El solo hecho de tener que trabajar los sábados es ya un recorte al salario, una violación al contrato laboral y un gasto adicional de desplazamiento y comidas fuera de casa. Pretenden además despedir al 70 por ciento de trabajadores de confianza. ¿Qué esperan de esta anorexia gubernamental? Este encogimiento de la parte más eficaz del estado mexicano me parece la más neoliberal de las reformas laborales que he visto en el gobierno.

Quienes fueron contratados bajo el esquema de concurso de plazas y con las prestaciones que menciono, son en general buenas personas, no malas, ni ladrones, ni abusivos. La mayoría son profesionistas y técnicos especializados. Si el nuevo gobierno desea modificar esas condiciones por motivos bien fundamentados, que lo haga. Lo que no puede ni debe hacer por motivos éticos y legales, es tratar a esos miles de empleados del servicio civil como si fueran la dañina mafia del poder a la que tanto han cuestionado, y por cierto, ya han perdonado. Ellos no son ninguna mafia. Quitando a los altos mandos, los demás son empleados que fueron contratados bajo un esquema legal vigente y que ganan un promedio de 15 mil pesos mensuales. A todos ellos los ha recibido la 4 T este diciembre con la novedad de que trabajarán los sábados de 9 a 6, mientras los sindicalizados trabajarán solo hasta el viernes. Les han notificado que de momento se suspenden las vacaciones de diciembre y se les ha notificado que desaparece el fondo de ahorro y el seguro médico, sin avisarles con qué sustituirán dichas prestaciones. ¿Se pueden cambiar las condiciones laborales de manera unilateral? ¿Puede el nuevo gobierno y la mayoría en el congreso de Morena pasarse por las armas contratos laborales vigentes sin mas justificación que sus deseos de transformar el país? ¿Si es tan fuerte su deseo de austeridad, porqué la bancada de Morena votó a favor de un aguinaldo y un apoyo legislativo de 209 mil pesos por solo tres meses de trabajo el 26 de Septiembre de 2018, además de autorizarse el pago del ISR del aguinaldo? Para 2019 recibirán un millón 264 mil pesos anuales dejando intacta la gratificación de 140 mil pesos de fin de año , un apoyo de 58 mil pesos para el informe de sus actividades legislativas y otros apoyo por conceptos inexplicables.

Son más de 300 mil trabajadores de confianza y del servicio civil los que están en condiciones de incertidumbre .Ninguno sabe quién será despedido. Si de cada uno dependen 4 personas, multipliquelo y tendrá cerca de un millón y medio de personas viviendo una muy amarga navidad. Un millón y medio de personas , de momento silenciosas, que no deben albergar una grata impresión de una 4T por la cual seguramente votaron.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

Sobre Verónica Mastretta

Verónica Mastretta
Licenciada en Relaciones Internacionales (UDLAP), ha sido Consejera Nacional de la Comisión para el Desarrollo Sustentable, Regidora presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, integrante de la Unión de Grupos Ambientalistas así como de la asociación Participación Ciudadana.
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