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Va para largo el “pleito” entre los poderes del Estado mexicano

La rebelión de las togas

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que el choque entre poderes del Estado mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un desafío directo a su presidencia por parte del sector conservador dentro del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar. La cabeza de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro Alberto Pérez Dayán.

El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127 constitucionales. La respuesta de López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocó que el desafío de los jueces contra el presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios afectaba la autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán mismo, violó la ley que dice defender. El artículo 64 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24 (que habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.

Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto. “No importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está expresamente prohibida por los artículos 64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”. Su acción incorrecta no alcanza para fincarle un juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de los expertos, es una sanción por responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de Justicia, lo que significaría una medida histórica.

Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios. Para comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José Ramón Cossío. Abogados que conocen los manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cossío con el propósito de que la votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento, sin darle la oportunidad a López Obrador que colocara su primer ministro y eventualmente modificar el resultado de la elección.

El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado ‘Conservadores contra Liberales’, se publicó en este espacio: “Si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar, Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cossío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.

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Qué mal debate

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que no me gustó el segundo debate presidencial. Supuestamente se trataría sobre las relaciones de México con el mundo, un tema importantísimo para el contexto actual. Pues nada de eso. En su lugar, la gran mayoría del tiempo se la pasaron hablando del problema de los inmigrantes indocumentados. No es que yo esté en contra de este tema. Por el contrario, se trata de un asunto al que había que entrarle, pero no como para dedicarle casi el debate completo.

El encuentro entre los candidatos presidenciales tuvo ese sesgo con un tema en particular. Quedaron fuera otros asuntos de mayor importancia en la agenda bilateral con Estados Unidos. Poco, casi nada, se habló de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso es lo que tiene en vilo a la economía nacional, generando una gran incertidumbre. ¿Qué hacer frente a la visión proteccionista del presidente Trump? Silencio.

Lo mismo con la estúpida guerra en contra de las drogas, una guerra impuesta por nuestro vecino del norte y que nos ha costado miles de vidas de este lado de la frontera. ¿Seguir cooperando en un esquema en el que ellos demandan drogas y nosotros ponemos los muertos? ¿A quién le conviene la política de interdicción? ¿Debe seguir operando la DEA en México con toda libertad? Pues nada.

¿Y sobre cómo tratar al presidente Trump? Puros lugares comunes. Chafa, muy chafa el tratamiento de la relación internacional más importante de México con el mundo.

¿Y el resto de los países?

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La Corte, el último contrapeso

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que el intestino sabe mejor, hay que aprender a escuchar las entrañas. Florestán

Todos hemos escuchados que en política, para evitar el avasallamiento de un Poder, el Ejecutivo en este caso, es fundamental la existencia de pesos y contrapesos, lo que yo reduzco a la última expresión, los contrapesos que en física conforman el equilibrio y en el ejercicio de gobierno, la contención.

Ya no estamos en aquellos tiempos del priato en los que el presidente de la República designaba a los coordinadores del PRI en el Congreso y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque en el primer caso hayamos regresado con otro partido y en el segundo se libre una lucha.

Con base en los resultados del proceso electoral del 1 de julio Andrés Manuel López Obrador ganó con el mayor número de votos de la historia del México democrático, más de 30 millones, 53 por ciento, y su mayoría en el Congreso que no tiene antecedente desde 1994, que lo deja a unos cuantos legisladores de la calificada, que reunirá con la cargada de otras fracciones, lo que hace que el Legislativo deje de ser un contrapeso y se convierta en un peso legitimador a su favor.

Así, la única contención que quedaría es la Suprema Corte, contra la que se ha enderezado desde hace tiempo una ofensiva, -¿recuerda los ministros maiceados?- para desacreditarla con el tema de los salarios: repiten que un ministro gana 600 mil pesos al mes cuando su ingreso es de 269 mil, que puede parecer, y es, mucho, pero no se lo fijaron ellos.

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Regalo guadalupano a AMLO

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que los diputados federales de Morena tienen listo un regalo guadalupano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos explican que en la reunión de la Comisión de Gobernación de San Lázaro van a declarar hoy, día de la Guadalupana, el 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. Pero el presente tiene su pilón: los morenistas preparan una iniciativa para que la Casa de Moneda de México acuñe una moneda en honor al centenario de la muerte de Zapata. Todo esto, nos recuerdan, lo anunció López Obrador en su calidad de presidente electo durante una su gira de agradecimiento en octubre pasado. Y ahora sus diputados pondrán de nuevo en bandeja de plata uno de sus compromisos.

El pleito y la sucesión en la Corte

La confrontación entre el Poder Ejecutivo y parte del Legislativo con el Judicial, nos dicen, tendrá su impacto en el proceso de sucesión de la Suprema Corte de Justicia. Nos hacen ver que esta situación servirá para ver quién de los cuatro ministros que están compitiendo por suceder al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, tiene el perfil y estilo necesario para velar mejor por los intereses del Poder Judicial. Al menos dos de los cuatro ministros presidenciables, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, han acaparado la atención de los medios en estos días del diferendo. Don Alberto, fue, nada más, quien ordenó la suspensión solicitada por senadores de oposición que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley que impide que algún funcionario público gane más que el Presidente de la República. Y ayer, otro de los presidenciables, el ministro Pardo, aprovechó que por turno le tocó hacer uso de la palabra durante un acto de toma de protesta de magistrados de circuito. Don Jorge Mario, un ministro de carrera y una voz de peso en el Poder Judicial, pidió prudencia y no caer en la provocación derivada de la agresión y la crítica aunque esta sea injustificada. Los otros dos presidenciables, los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en privado, y ante el resto de los 11 miembros del pleno, que al final del día serán quienes les den su voto o su veto, tendrán oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre el conflicto y la manera en la que hay que manejarlo.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya advirtió que no cancelará su participación en el informe anual del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, mañana, pese al conflicto que ha subido de tono con los ministros y jueces por el plan de reducirles el salario.

La que queda en medio del conflicto es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, quien ha dicho que ofrecerá una rueda de prensa en la que dará su postura sobre el tema y, de paso, anunciará que donará su sueldo como servidora pública.

QUE por cierto, hoy estarán las miradas en la conferencia mañanera del Presidente, pues anunciará el nuevo plan que sustituye la reforma educativa y los organismos que pretende desaparecer o fusionar, así como la manera en que serán evaluados los maestros y si los que fueron despedidos serán reinstalados y bajo qué condiciones.

Se perfilan cambios al artículo 3 constitucional con dos ejes: los niños al centro y la capacitación a maestros, proyecto a ser conducido por el nuevo secretario del ramo, Esteban Moctezuma.

QUE los coordinadores en la Cámara de Diputados delinearon la ruta inicial del paquete económico para 2019, al confirmar que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entregará el próximo sábado por la tarde las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

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