La Suprema Corte estadounidense se negó a atender el llamado de las apelaciones de Luisiana y Kansas que esperaban fueran revocados los fallos de otros tribunales y así pudieran evitar la financiación de Planned Parenthood (PP), una prestadora de servicios de salud.
Dichos estados esperaban que se verificara el caso y echara para atrás las resoluciones de otros tribunales que prohibieron a las entidades dejar de dar dinero a PP, sin embargo, el tema ni siquiera fue abordado por la Corte luego de la negativa de algunos jueces.
De acuerdo con su página electrónica, esta organización es “un proveedor confiable de servicios sanitarios, educador informado, defensor apasionado y un socio global que ayuda a organizaciones similares alrededor del mundo”, que ofrece servicios de salud y también educación sexual a las personas estadounidenses con bajos ingresos económicos.
PP recibe dinero del erario público a través del Medicaid, el cual es un centro que pertenece a la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), y de acuerdo con su página electrónica: “provee cobertura de salud las personas de bajos ingresos”, aunque la misma plataforma indica que es una de las instituciones que más paga por servicios sanitarios en el país.
De acuerdo con la prensa estadounidense, el Medicaid beneficia a 75 millones de personas en toda Estados Unidos, y sus recursos resultan de la combinación de montos federales y locales.
Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia del país y un dominio legislativo republicano (al menos en el primer término), creció la idea de otorgar mayor control a los estados y que éstos decidieran el destino de los recursos que recibiera dicho programa.
Lo anterior encendió los focos rojos puesto que eso podría significar un recorte al financiamiento de PP, además de un menor acceso a salud específicamente de los servicios de educación sexual y reproductiva.
En el marco de lo anterior, salieron a la luz algunos vídeos en los que se observan a integrantes de la organización comercializando tejido fetal, lo que generó que algunos estados frenaran su financiamiento.
Dicho escenario generó que la población de Kansas y Luisiana llevaran el caso a la justicia bajo el argumento que dicha entrega de dinero merma sus derechos y libertades, aunque también los grupos próvida aprovecharon para atraer la atención a su causa, ya que en la actualidad es fácil encontrar imágenes en las que se lee: Planned Parenthood mata 300 mil bebés cada año, recibe 500 mil dólares de impuestos al año.
Más allá de la polarización social, también se distingue que el bloque republicano apoya la idea de rediseñar el Medicaid con el fin de ahorrar dinero, lo que también, según especialistas, podría incluir cortes financieros progresivos poniendo en riesgo el acceso a la salud de millones de personas.