La disputa del presidente López Obrador y sus bancadas legislativas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ley de salarios es otra de las batallas que no tiene como fondo un cambio de régimen porque el actual es y seguirá siendo presidencialista, sino revela un reacomodo de poderes a favor de la nueva élite lopezobradorista mayoritaria.

En la realidad, ninguna de las decisiones polémicas del nuevo presidente de la república modifica el régimen priísta republicano, federal, representativo, democrático y presidencialista. Y en el fondo, tampoco las decisiones de López Obrador crean nuevas formas de ejercer el poder, sino que se agotan en la toma del control y del poder por los nuevos funcionarios.

La confrontación con la Corte es por salarios, con los gobernadores por seguridad publica, con los medios porque muchos representan a la élite del anterior régimen, con los empresarios porque construyeron un poder fáctico, con los militares porque son la fuerza del régimen y con los que vengan por el desplazamiento de priístas-panistas-perredistas que se apropiaron del régimen priísta.

En los hechos, el régimen seguirá siendo priísta con López Obrador, solo que con dos variantes: Morena tiene hasta el 2021 la mayoría absoluta en la Cámara y la primera minoría en el Senado hasta el 2024 y López Obrador viene con una clase morenista propia formada en su mayoría por ex priístas, ex panistas, experredistas y exfuncionarios del viejo régimen y con la lealtad a López Obrador y a Morena.

El régimen seguirá siendo republicano, federal, representativo, democrático y presidencialista y la nueva élite con el sello AMLO-Morena carece de una propuesta alternativa y ha mostrado las mismas prácticas y vicios porque salieron del anterior régimen priísta.

En materia de presidencialismo, López Obrador no ha inventado nada: quiere el liderazgo de Obregón, la astucia de Calles, el carisma de Cárdenas, el pragmatismo de Alemán, el estatismo social de Echeverría, el petróleo de López Portillo y la capacidad de Salinas parea renovar a la clase política.

En este contexto, López Obrador es en realidad copia del modelo Salinas: la renovación de la élite dirigente por una funcional a los nuevos lineamientos del poder.

Salinas modifico el PRI, le puso nuevos cuadros salidos del pensamiento económico neoliberal, los hizo legisladores, gobernadores y funcionarios y llevó su proyecto a la sucesión presidencial de 1994 con Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, para asegurar la continuidad del proyecto económico modernizador neoliberal.

El modelo político de López Obrador es una extraña mezcla entre populismo y neoliberalismo, el primero para aumentar gasto y distribuir el ingreso y lo segundo con el cumplimiento de la condicionalidad estabilizadora de control de la inflación como ancla principal.

La estrategia populista se percibe en la reconstrucción de la capacidad del Estado para usar los recursos fiscales en la consolidación de un nuevo aparato paraestatal que Salinas privatizó en su sexenio. El congelamiento de las concesiones petroleras va a facilitar que el Estado regrese a la economía productiva con inversiones en petróleo (al estilo López Portillo) y con ello volver a reactivar los ingresos de las paraestatales como vía de financiamiento del gasto público social.

La privatización del petróleo también privatizó el producto de la venta de crudo y le dejó al Estado sólo el área fiscal. López Portillo utilizó la deuda y los primeros ingresos extraordinarios de petróleo para construir una plataforma petrolera estatal y dejarle al Estado todos los beneficios. Sólo que el riesgo del modelo de López Obrador radica en que la exploración es la más profunda y por tanto la que más requiere de recursos.

En este sentido hay que contextualizar los conflictos de López Obrador: la reorganización de las instituciones del régimen priísta para que le sirvan a su propio proyecto, sin suponer ningún nuevo régimen. De todos, el más innecesario ha sido el de la Corte por los salarios, porque el poder judicial era fácil de reorientar en sus funciones y convertirlo en aliado en la redefinición de las nuevas reglas del juego.

La baja de salarios públicos era necesaria por el desorden y desbocamiento en los últimos años, pero esa operación política careció de sensibilidad social y jurídica. Sus operadores legislativos atropellaron derechos y provocaron el alineamiento de todos los afectados. Si la Corte resiste las presiones mediáticas y se ajusta a los criterios legales, la batalla puede ser ganada. Pero si decide politizar sus designaciones, el resultado será adverso.

Todo el desorden tiene, en síntesis, la intención de fijar los parámetros del poder presidencial con el mismo régimen político priista, aunque con nuevos jugadores.

Política para dummies: La política es un juego de tensión dinámica entre dos fuerzas en sentido contrario, una tratando de sacar a la otra y ocupar su lugar.

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Periodista desde 1972, Mtro. en Ciencias Políticas (BUAP), autor de la columna “Indicador Político” desde 1990. Director de la Revista Indicador Político. Ha sido profesor universitario y coordinador...