Un evento político, no considerado hasta hoy, se ha hecho presente en el escenario judicial de la resolución del conflicto electoral en Puebla; se trata, de la postura que ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a ciertos actos emanados de la administración que encabeza López Obrador, en especial la pretensión de éste de reducir los salarios de los altos funcionarios del Estado mexicano que, al abarcar a ministros, magistrados y jueces, ha encontrado una fuerte oposición en ese poder federal.
Esta oposición de la Corte, como ingrediente a considerar en el sentido de anular o validar que pueda darse a la resolución que el Tribunal Electoral federal debe emitir en el caso Puebla, se hizo presente el siete de diciembre, día en que el alto tribunal decidió otorgar una suspensión contra la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en lo que se anticipa ya como un choque político entre poderes de la Federación cuyas consecuencias, por ahora, son imprevisibles, pero indicadoras de que la democracia en México es demasiado frágil y que los poderes no elegidos, no están dispuestos a aceptar la voluntad de cambio del pueblo mexicano, ni a renunciar a sus privilegios.
¿De qué hecho pudo haberse enterado la señora Martha Erika Alonso, o que le dijeron los magistrados del tribunal electoral federal como para que después de su entrevista con ellos, haya cambiado repentinamente de postura frente al posible resultado de la resolución? Habiendo iniciado con la idea básica de defender su triunfo en tribunales, una vez conocido el proyecto de resolución hecho público por el Magistrado José Luis Vargas que propone anular la elección, subió el tono de sus increpaciones hasta llegar a sostener que se pretende ejecutar un “fraude institucional” en su contra desde el Tribunal federal; que existen presiones del gobierno federal hacia los magistrados y que debe dejarse que éstos resuelvan libremente. A un conflicto jurídico, agregó ingredientes políticos para descalificar un proyecto de resolución aún pendiente de votación.
Que ahora la señora Alonso, después de una entrevista tenida con cinco de siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal federal, salga a decir que respetará el fallo del tribunal si éste no le favorece, parece un cambio radical de postura política que no encontraría explicación suficiente con estimarla una simple modificación de opinión. Constitucionalmente, el tribunal electoral es el órgano especializado del Poder Judicial Federal en materia electoral y parte integrante de ese poder. Es claro que si los ministros de la Corte, una vez iniciada esta confrontación jurídica con los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación por el problema de los sueldos, decidieran intervenir de facto en la resolución del conflicto electoral poblano con ese mismo ánimo, sería posible que el proyecto de Vargas Valdez fuese tirado al cesto de basura y que otro magistrado elaborase uno nuevo favoreciendo al morenovallismo. Eso sí podría explicar el cambio de talante de la aún gobernadora electa.
Las reacciones suscitadas con motivo de la divulgación del proyecto de sentencia que propone anular la elección de gobernador en Puebla, han dejado al descubierto las causas fundamentales del atraso político que tenemos como sociedad y la enorme dificultad que tienen algunos actores políticos para reconocer errores propios. De nueva cuenta los dimes y diretes interesados, parciales y sesgados llenan los espacios mediáticos, sin que pueda encontrarse uno en el que la discusión serena, mesurada, equilibrada y razonada busque evitar que la polarización política tenga cabida. Si así se ha reaccionado frente al mero proyecto de sentencia, es difícil imaginar que ocurrirá cuando se dicte la sentencia definitiva.
El panismo, sin haber entrado en periodo de reflexión intelectual sobre las causas de su estruendosa derrota electoral ni, por consiguiente, haber reformulado su plan de acción frente al nuevo gobierno federal, ha optado por agarrarse de un clavo ardiente para intentar ganar posiciones de poder asumiendo como suyo, formal y materialmente, el conflicto electoral generado en Puebla, quizá, sin conocer íntegramente o, en el peor de los casos, a sabiendas de ello, las historias políticas, económicas y sociales tejidas por el morenovallismo durante ocho años en su paso por el gobierno del estado.
Los argumentos que se están esgrimiendo mediáticamente para defender el presunto triunfo, se fundan solo en exaltar el resultado numérico de la votación, al tiempo que cuestionan si la elección se anularía solo porque la ganadora es una mujer; ni qué decir de aquellos que aluden a que los votos los contaron los mismos ciudadanos que contaron los de la elección presidencial; a que la bodega es la misma que se utiliza desde 1998; a que Luis Miguel Barbosa fue un mal candidato; hasta concluir con el humor involuntario de Fernando Chevalier que asegura que el fallo de su tribunal en favor de Alonso “es irrevocable”. Son argumentos sesgados por evadir la cuestión toral ¿existió fraude, o no?
Ningún discurso de legalidad, estado de derecho, divulgación de valores éticos, o de búsqueda del bien común es sincero ni sirve absolutamente para nada, si en los hechos se anteponen los intereses personales, de grupo y las ansias de poder político y económico por encima de los sufrimientos cotidianos de la colectividad. Socialmente estamos colocados frente a una fiera disputa del poder y no ante una sana discusión, crítica y autocrítica, sobre hacia dónde debemos caminar como sociedad. Los deseos de cambio por los que el pueblo mexicano se inclinó y votó el primero de julio otorgando el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, están encontrando un muro de contención, paradójicamente, en los integrantes del poder estatal cuya encomienda es la impartición de justicia; pero que, para alcanzarla, no están dispuestos a reducir sus ingresos para, socialmente, acrecentar los de quienes reciben pocos.
Si la resolución del Tribunal Electoral federal, como resultado de esta postura belicosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desecha el proyecto del Magistrado Vargas y, en su lugar, determina validar el triunfo electoral de la señora Alonso; Puebla y el país, habrán retrocedido todo lo que avanzaron por hacer efectiva la democracia electoral. Cosas peores vendrán después.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 de diciembre de 2018
José Samuel Porras Rugerio
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7