Violación sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte y a casa habitación, así como infracciones relacionadas con robo de combustible son delitos que también merecerán prisión preventiva oficiosa.
Así lo aprobó el Senado en lo general y en lo particular, en el dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución, para agregar delitos al catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen fue avalado en lo general con 91 votos a favor y 18 en contra, mientras que en lo particular la votación fue de 88 votos a favor y 16 en contra, así que ahora pasará a la cámara de diputados.
La reforma aprobada también agrega los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y hechos de corrupción.
Durante la discusión en lo particular se agregaron más: el robo a casa habitación, a propuesta del senador panista y el feminicidio, a proposición de la senadora de Morena, Martha Lucía Micher.
La Constitución ya preveía la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, es decir automática, en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
Retroceso en materia de DH: Álvarez
Además, la Constitución contemplaba la posibilidad de que el agente del ministerio público solicitara la prisión preventiva al juez en cualquier delito, siempre y cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.
El coordinador de los senadores panistas, Damián Zepeda Vidales, propuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplique para los delitos mencionados en caso de flagrancia, pero su propuesta no fue admitida para ser discutida.
El también panista Erandi Bermúdez Méndez admitió saber que fortalecer la prisión preventiva oficiosa no resuelve el problema de la inseguridad, “pero hoy la sociedad nos demanda esto”.
El dictamen aprobado indica en la sección de antecedentes que “hay contextos especiales en los que es necesario aplicar un derecho penal más restrictivo” y retoma la teoría del Derecho Penal del Enemigo de Günter Jakobs, jurista alemán.
En su voto particular en contra del dictamen, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza expuso que esta reforma constitucional es una pieza sustantiva de la estrategia del combate a la inseguridad del actual gobierno, pero como está planteada implica un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que exhortó a las bancadas a no repetir los errores cometidos en los últimos dos sexenios.
Fuentes: Aristegui/AnimalPolítico
