Por Carlos Ramírez (*)
El Plan de Paz y Seguridad del gobierno de López Obrador nació sobre tres líneas de interpretación de la crisis y por tanto de cuatro propuestas no articuladas:
1.- El de seguridad nacional de los militares y la Guardia Nacional.
2.- El de operación del secretario Alfonso Durazo Montaño.
3.- El de derechos humanos de Gobernación con la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas.
4.- El de directriz presidencial todos los días del presidente López Obrador.
Lo malo de esta estrategia fragmentada radica en la ausencia de una coordinación estabilizadora y equilibradora.
Pero el éxito de la estrategia de seguridad no estará en un Plan (que no programa, ni estrategia formal, ni ley de seguridad), sino en la estabilización del mercado vía seis aspectos:
1.- Acuerdo de no persecución policiaca de cárteles para evitar los muertos.
2.- Delimitación de la relación cárteles-mercados para disminuir violencia por disputa de plazas.
3.- Legalización del consumo de drogas para bajar las motivaciones de la violencia.
4.- Formalización de los cárteles como organismos empresariales.
5.- Capacidad de decisión del Estado para castigar a las estructuras sociales, políticas, policiales, judiciales, religiosas y gubernamentales que han pactado con cárteles.
6.- Y redefinición del marco jurídico que regula los temas de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional y funciones del Estado.
Sólo así podrá lograrse la meta gubernamental de disminuir la violencia criminal en tres años. Y ante la necesidad de un nuevo arreglo total y totalizador de las relaciones políticas y sociales y el ámbito de la seguridad, el Plan apenas anuncia directrices generales, objetivos sin comprobación y normatividades inexistentes aún.
El punto central de la inseguridad en México radicó en la complicidad –no captura– del Estado con las bandas criminales cuando éstas formaban parte de los mecanismos políticos e ideológicos coercitivos del Estado. Y se fortaleció con la impunidad derivada ya de la complicidad de los organismos de seguridad y justicia con los criminales y leyes al servicio de los delincuentes.
El Plan presentado antes de la toma de posesión apenas dibuja intenciones, interpretaciones y suposiciones, porque se ha carecido hasta ahora de un verdadero y descarnado diagnóstico de la crisis de seguridad.
Tal como está, el Plan tardará mínimo un año en fijar sus acciones concretas; pero en el corto plazo, el registro cotidiano de violencia criminal seguirá alimentando las peores expectativas de la sociedad que padece la violencia cotidiana y ya no cree en las promesas oficiales.
Barandilla
· El Cártel Jalisco Nueva Generación se está erigiendo como el Estado paralelo al Estado constitucional… y nadie lo está colocando como prioridad 1.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
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