El agente ministerial Alejandro Rocha Laureano, elemento en activo de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido este lunes en Puebla, por orden de un juez de Quintana Roo, como presunto responsable de la tortura a la periodista Lydia Cacho Ribeiro en 2005.
Así lo dio a conocer este martes la Procuraduría General de la República (PGR), a través de un comunicado de prensa, donde refirió que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplieron en la ciudad de Puebla la orden de aprensión en contra del sospechoso, identificado como Alejandro “R”, por su probable participación en el delito de tortura.
Preció que el sujeto era requerido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo y resaltó que fue asegurado “en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos, sin daños a terceros,
De acuerdo con versiones extraoficiales, el agente fue detenido dentro de las instalaciones de la FGE, aunque este organismo aún no se ha pronunciado al respecto.
¿Qué sucedió?
En 16 de diciembre 2005, Cacho Ribeiro fue detenida por elementos de la entonces Policía Judicial de Puebla en Cancún, Quintana Roo, baja cargos de difamación y calumnia contra el empresario textilero Kamel Nacif, presuntamente por orden del gobernador Mario Marín Torres.
En su libro “Los demonios del Edén”, la periodista exhibió los nexos de Nacif con una red de prostitución infantil, por lo que éste pidió a Marín Torres que le diera un escarmiento, lo cual quedó grabado en una llamada filtrada a medios de comunicación.
Según el relato de Cacho Ribeiro, acreditado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 8 de agosto, tras ser aprehendida, fue subida a una camioneta y llevada hasta Puebla.
Durante el viaje de 20 horas, fue torturada por los ministeriales, quienes también la amenazaron con violarla. Al llegar a Puebla, tuvo que pagar una fianza de 106 mil pesos para quedar en libertad y siguió su proceso en libertad, hasta que fue absuelta por un juez federal en 2008.
Por este caso, sólo ha sido sentenciado, a cinco años de prisión, José Montaño Quiroz, excomandante de la Policía Ministerial, por el delito de tortura en agravio a la periodista.
