Me canso ganso
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que en su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal. En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro. El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.
La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares. Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.
Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco. Por ejemplo, Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016 y 2017 dos ofertas por un total de seis millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y JPMorgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés. Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.
Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco. La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica. De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas. El gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93 por ciento de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.
Ese 7 por ciento de los tenedores de los bonos demandó al gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York, donde, en octubre de 2012, el juez determinó que Argentina debía pagar el 100 por ciento de la deuda. El gobierno de Cristina Fernández apeló, no pagó y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero. Los tenedores de bonos recibieron casi cinco mil millones de dólares, y en al menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500 por ciento sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el gobierno Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el gobierno de López Obrador y evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.
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Maldito maniqueísmo
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que una cosa ya ganó en este proceso electoral: El maniqueísmo. Comenzó con el discurso maniqueo de López Obrador: O se estaba con él o se estaba en contra de él. O se era parte del “noble pueblo” o de la “mafia del poder”. Lo bueno en contra de lo malo. El yin y yang de la política. Un mundo en blanco y negro. Nada de grises. Prohibidos los matices. Nada de sofisticaciones. Paradójicamente, sus adversarios le siguieron el juego. Ellos se autoconvirtieron en los antiLópez Obrador. La elección, luego entonces, se volvió una entre AMLO y no-AMLO.
Lo he vivido en carne propia.
Ideológicamente, estoy en contra de López Obrador. No me gusta ni su diagnóstico simplista de la realidad ni sus recetas para componerla. Lo considero como el candidato menos liberal que aparecerá en la boleta. Es el más estatista en todos los temas. En lo económico, ni se diga. Pero también en los temas de derechos, como el de las mujeres a interrumpir un embarazo, de las parejas homosexuales a casarse y adoptar hijos y el de las personas a consumir las drogas que les plazca. AMLO no cree ni en los beneficios del libre mercado ni en los derechos de los individuos a decidir con toda libertad qué hacer con sus cuerpos y espíritus. Por el contrario, tiene una fe ciega, inquebrantable, en el Estado como instrumento para intervenir activamente en las vidas privadas de los individuos, para decirnos qué sí podemos hacer y qué no.
Está en su derecho, como yo estoy en el mío de diferir ideológicamente de esta perspectiva. El problema es que, para sus seguidores, yo soy, entonces, parte del mundo antiAMLO, es decir, de la “mafia del poder”, del mal planetario que tiene postrado a este país. Su fanaticada, por tanto, me considera como un vendido, chayotero y hasta traidor. Así me lo hacen saber cotidianamente.
Del otro lado no cantan mal las rancheras. Últimamente, he sido objeto de críticas contrarias, es decir, que ya soy parte del mundo AMLO. ¿Por qué? Pues por andar diciendo que es el candidato que tiene más posibilidades de ganar la Presidencia.
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Arranca lucha por “la otra presidencia”
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que una vez que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen nuevos presidentes, ahora toca el turno del Poder Judicial. Hoy mismo arranca la carrera por la otra presidencia: la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los aspirantes cuentan con cinco días para presentar sus propuestas de trabajo y formalizar sus candidaturas de cara a la votación que se realizará en enero de 2019. Hasta ahora se sabe que cuatro ministros han manifestado de manera informal su intención de competir por la presidencia de la Corte, ellos son Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El nuevo Presidente de la Corte tendrá una gestión en la que deberá defender la independencia judicial y enfrentar el escenario en el que jueces y magistrados buscan no ver afectadas sus condiciones laborales por las políticas de austeridad. Habrá que estar pendientes para ver si el alto tribunal opta por una sucesión consensada o por una lucha en la que venza el que sume más votos y tenga menos vetos.
Gobernadores hacen vacío a superdelegados
Nos dicen que algunos gobernadores de los estados se negaron a reunirse con los delegados federales designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema de la seguridad. Nos comentan que ayer se instalaron algunas de las coordinaciones estatales de seguridad en entidades como Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Estado de México, y no hubo problemas para hacerlo, pero en otras se mostró resistencia de los mandatarios estatales para tratar con los llamados “superdelegados” el tema de la seguridad.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que en su primera gira como Presidente constitucional, el equipo de ayudantía de Andrés Manuel López Obrador decidió poner horario para las selfies del recuerdo con el tabasqueño.
Ayer por la noche las mujeres de este equipo de seguridad impidieron a varios simpatizantes fotografiarse con el mandatario, mientras él violaba las normas de su propio equipo con un “¡tú vente, ándale, toma la foto!”. Y esto apenas comienza.
QUE hablando del Presidente, entre sus prioridades está la de solicitar a la Cámara de Diputados la ratificación de su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, así como de otros trece mandos superiores de esa dependencia, sobre todo porque, a partir de hoy, quedan solo doce días de plazo para la presentación del paquete económico para 2019.
QUE pese a la austeridad, en el proyecto de gastos del Senado para el próximo año hay varios rubros raros.
Los legisladores de la cuarta transformación de Morena dijeron que no habrá pago de seguros, pero aparece una proyección de 53 millones para ello, además de 918 millones de pesos para “gastos legislativos”, que se entiende serán para asesores, y otros 400 millones de pesos para “honorarios legislativos”. Con razón el perredista Juan Zepeda y la petista Nancy de la Sierra, entre otros, pidieron explicaciones.