La CNDH solicitó al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, identificar al personal del DIF que no atendió correctamente a los menores que recibieron de los 536 que fueron rescatados en 2014 del albergue “La Gran Familia” en Zamora, Michoacán.
Lo anterior, en la Recomendación 14VG/2018, que también está dirigida al DIF nacional y a los gobiernos de Baja California, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Querétaro, por no verificar que las familias contarán con los elementos que facilitaran la integración de los menores.
Esto luego de que el 15 de julio del 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Rosa del Carmen Verduzco, “Mamá Rosa”, y a seis colaboradores de dicho albergue por secuestro, trata de personas y delincuencia organizada y rescató a los niños y adolescentes que estaban en condiciones precarias de higiene y salud, algunos de los cuales se cortaron la piel como resultado de los abusos.
Tras su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que las autoridades facultadas para ingresar a la Casa Hogar cuando funcionaba no la supervisaron y que las instancias que debieron encargarse del cuidado de las víctimas cuando egresaron de esta dejaron de atenderlas según su condición vulnerable.
Albergues de Michoacán deben ser supervisados
Por ello, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le pidió revisar los lineamientos de la entrega de recursos en los programas de Coinversión Social en Michoacán, para proponer modificaciones y evitar este tipo de casos, así como establecer los procesos de verificación para cumplir los objetivos de cada proyecto y las sanciones correspondientes si falsifican u ocultan información sobre el uso de recursos públicos.
A la Secretaría de Educación Pública (SEP) le solicitó investigar los procedimientos de asignación directa de convenios de prestación de servicios profesionales y, de advertir irregularidades en los mismos, avise a las instancias competentes, además de instaurar mecanismos de verificación a esos procedimientos.
En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, debe localizar a las 536 víctimas para restituirles los derechos humanos que les fueron vulnerados, elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de los albergues y casas hogar de esa entidad e implementar programas de prevención de trata de personas.
Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le demandó investigar a su personal en Michoacán que prestó servicios médicos a las personas albergadas de la Casa Hogar en los últimos 10 años y expedir sus resúmenes clínicos, así como que se instruya a todas sus delegaciones que en todos los casos en que atiendan a menores no acompañados se les debe brindar protección integral.
CEAV informará situación actual de víctimas
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe presentar un informe sobre la situación actual de cada una de las víctimas y sus procesos pendientes de trámite para restablecer sus derechos, identificar a los servidores públicos que no las atendieron oportunamente, informar de los avances del programa para la atención de este caso, así como colaborar con el DIF nacional y estatales para que los agraviados a presenten las denuncias correspondientes.
Al titular del DIF nacional, Jesús Naime Libién, le exigió presentar una campaña en todo el país, en coordinación con sus homólogos estatales, para identificar a menores de edad en situaciones de extrema vulnerabilidad y evitar separarlos de sus padres o tutores, y elaborar un Protocolo de Atención Integral para Personas Menores de Edad, Víctimas del Delito y en Condiciones de Extrema Vulnerabilidad.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales