La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el “Proyecto del Tren Maya” debe orientarse a los estándares nacionales e internacionales en materia de garantías individuales de los pueblos y comunidades indígenas.
Por lo anterior, dicho organismo hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a promover su agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México, en especial por lo que se refiere en este caso a la consulta previa, libre, informada y de buena fe.
Para esta comisión, un proyecto de esa naturaleza debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte y advierte que, además, debe considerar aspectos de desarrollo sustentable, que permitan el uso y aprovechamiento de recursos naturales por las generaciones actuales y futuras, equilibrando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
La CNDH instó a quienes impulsan dicho proyecto, que se realizará este fin de semana, a dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas. “Una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales”.
El documento debe detallar de manera clara los pormenores del proyecto, así como señalar con precisión las implicaciones que se puedan derivar en materia de derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados.
Para esta comisión aacional, los derechos humanos son parte central de la vida social y política del país, permiten a la ciudadanía enfrentar las situaciones de desigualdad, marginación y exclusión, por lo que en el marco del citado proyecto es deseable la participación de todos los sectores sociales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de tomar decisiones informadas por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, no solo los referidos a la consulta previa, sino todos aquellos que apliquen a partir del principio pro persona, como parte de sus derechos individuales y colectivos.
Igualmente, considera que no hay que perder de vista que el respeto a los derechos humanos es parte sustantiva de toda democracia, por lo que es necesario incluir los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y su desarrollo sustentable.